Durante la Conferencia de la ONU sobre el clima, celebrada en Glasgow en 2021, se comprometieron 145 naciones a frenar y revertir la deforestación y la degradación de la tierra para el 2030. Transcurridos casi 3 años, el llamamiento a la acción transformacional suena hueco.
De acuerdo con la Evaluación de la Declaración Forestal de 2024, en 2023 se perdieron 6,37 millones de hectáreas de bosque en todo el planeta y no se cumplieron los objetivos de reducción de la deforestación en prácticamente ninguna de las regiones tropicales.
Incluso más bosques, 62,6 millones de hectáreas, se han degradado, es decir, han pasado a una categoría inferior de integridad ecológica, en 2022.
En términos generales, el mundo está un 45% por debajo de sus objetivos de deforestación y, en un giro frustrante, los niveles de pérdida de bosques han aumentado por encima de la línea de base de 2018-2020 desde el compromiso.
El impulsor principal de la deforestación es la producción de materias primas. En los últimos veinte años, el 57% de la pérdida permanente de bosques se ha atribuido a la producción de materias primas agrícolas como la carne de vacuno, la soja y el aceite de palma, y entre un 20% y un 25% de esa producción se dedica a la exportación.
Y la demanda de dichos productos no ha hecho más que incrementarse. La Unión Europea y China han sido responsables del 40% de toda la deforestación plasmada en el comercio directo de productos básicos agrícolas entre los años 2020 y 2022.
Por su parte, la minería y la producción de viscosa, un tejido hecho a base de celulosa, son amenazas cada vez mayores.
Si bien el aumento de determinadas materias primas obedece a intenciones sostenibles, como la viscosa, que se ha comercializado como respetuosa con el medio ambiente, y el apetito por los metales y los elementos de tierras raras, motivado en parte por la transición energética, nos recuerda que el consumo, ecológico o no, tendrá un impacto en los sumideros de carbono y los ecosistemas naturales.
Como ya escribí el año pasado, hasta el 40% de la viscosa procede de fuentes probablemente relacionadas con la deforestación. No obstante, como bien señala mi colega David Fickling, en Indonesia, donde se ha hecho mucho hincapié en la amenaza de la extracción de níquel, el aceite de palma continúa representando, con gran diferencia, el máximo peligro.
Los esfuerzos por eliminar la deforestación de las cadenas de suministro han sido en gran medida compromisos corporativos voluntarios. Si bien estas promesas han guiado la conversación y han ayudado al desarrollo de sistemas de trazabilidad, está claro que no son suficientes para ofrecer resultados a un ritmo adecuado.
Es por eso que tanto los expertos en políticas como los defensores de los bosques han estado presionando durante años a favor de una regulación de la demanda (esencialmente, una prohibición de la importación de bienes vinculados a la deforestación) en los países consumidores.
Aunque se han hecho grandes avances en este sentido, parece que ahora los países se están demorando. Si se tiene en cuenta este último informe, parece especialmente escandaloso.
Tomemos, por ejemplo, el Reglamento sobre Deforestación de la UE (EUDR, por sus siglas en inglés), que abarca siete productos básicos: ganado, cacao, café, aceite de palma, caucho, soja y madera y sus derivados (glicerol, soja, cuero, etc.).
Las nuevas normas, que entrarán en vigor el 30 de diciembre de 2024 para los operadores y comerciantes medianos y grandes, exigirán a las empresas que comercien con esos productos que se aseguren de que los bienes no sean resultado de una deforestación reciente (incluido el desmonte legal), degradación o infracciones de las leyes ambientales y sociales locales.
Sin embargo, en un giro inesperado a principios de octubre, la Comisión Europea adoptó una propuesta para retrasar la implementación del EUDR por otros 12 meses, una semana después de haber dicho que no tenía planes de hacerlo.
El aplazamiento debe ser aprobado por el Parlamento Europeo para hacerse oficial. Mientras tanto, los supermercados han comenzado a instar al Reino Unido a seguir adelante con su propia ley antideforestación, prometida desde hace mucho tiempo, afirmando que los retrasos están causando incertidumbre en el mercado y socavando los propios esfuerzos de los minoristas.
Existen preocupaciones razonables sobre los efectos de la reglamentación en los pequeños agricultores de los países forestales, que podrían quedar excluidos del mercado mundial si carecen de los recursos necesarios para cumplirla.
Cualquier demora debe utilizarse de manera productiva para ayudar a crear capacidad en estas áreas y apoyar los sistemas nacionales de trazabilidad, de modo que cuando se implementen las normas, los pequeños agricultores puedan cosechar los beneficios. Existe el riesgo de que la prórroga se utilice, en cambio, para diluir el EUDR o descartarlo por completo. Eso sería un error.
La regulación de las importaciones no resolverá todo.
Un estudio publicado en la revista Nature a principios de este año concluyó que el principal motor económico de la deforestación en la Amazonia brasileña es el mercado interno, que es responsable de casi el triple de la deforestación generada por la demanda internacional.
No obstante, influirá en la regulación y las prácticas de los países productores, lo que debería tener efectos positivos en cadena para las cadenas de suministro forestal en todo el mundo, que es casi el triple de la demanda internacional.
Una vez que el bosque primario desaparece, desaparece para siempre, llevándose consigo valiosas reservas de carbono y refugios de biodiversidad. No hay tiempo que perder para cumplir con lo que hasta ahora han sido palabras vacías.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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