Las disputas sobre la inmigración y la gestión del control fronterizo de Estados Unidos ya han protagonizado la batalla por la presidencia.
Ciertamente, hace falta una política mejor, que permita la entrada de muchos más trabajadores con cualificaciones que escasean, que restablezca un procedimiento ordenado para acoger a otros inmigrantes económicos y solicitantes de asilo, que desaliente la llegada a la frontera de personas que no reúnen los requisitos necesarios y que proporcione ayuda a los estados y ciudades para afrontar las consecuencias de no haber actuado adecuadamente.
Sin embargo, mientras continúan las discusiones, es conveniente tener en cuenta una cosa: la gran mayoría de los inmigrantes, incluyendo a los que llegan en el marco de las inadecuadas disposiciones vigentes, se convertirán en activos nacionales, no en pasivos.
En su conjunto, darán un impulso a la economía y contribuirán a sanear las maltrechas finanzas públicas del país. Si bien la política puede y debe mejorarse, el propósito no debe ser restringir la oferta de trabajadores foráneos.
En un reciente informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) se esclarece este asunto. En él se analiza lo que se denomina el reciente “incremento de la inmigración” de personas que entran en EE.UU., sin considerar a los que tienen estatuto legal de inmigrante o de trabajador temporal.
La cifra de entradas irregulares o de “otros extranjeros”, personas que ingresaron ilegalmente en EE.UU. o superaron su estancia temporal, “en libertad condicional” pendientes de juicio, aquellos a los que se concedió el estatus de protección temporal o “acción diferida”, y otros, registró un enorme crecimiento a partir de 2020, pasando de una media de 200.000 al año a aproximadamente 1,7 millones por año.
Para el año 2026, la CBO prevé un incremento total de 8,7 millones, en comparación con la tendencia previa a 2020.
Por supuesto, estas estimaciones están sujetas a suposiciones discutibles sobre el número de recién llegados que se integrarán en la población activa y cuándo lo harían; su edad, sexo y estructura familiar; su derecho a prestaciones como Medicaid (seguro público para personas de escasos recursos), la escolaridad y los programas de nutrición infantil; las repercusiones directas e indirectas en los ingresos públicos, etc.
Hay otros costes y beneficios que no se pueden calcular debido a que dependerán de los cambios en las políticas. Así pues, el análisis de la CBO no es necesariamente definitivo. Sin embargo, los resultados son interesantes.
Se estima que el aumento posterior a 2020 sumará US$1,2 billones a los ingresos federales durante la próxima década, casi lo mismo que aumentar todas las tasas impositivas sobre la renta personal en un punto porcentual.
Esto se debe principalmente a que, con el tiempo, los recién llegados trabajan y pagan impuestos, y a que una fuerza laboral más grande impulsa el crecimiento económico, lo que se suma a los ingresos y los impuestos de los demás. El PIB aumenta en US$9 billones, gracias a una población más grande, una mayor participación en la fuerza laboral entre los recién llegados y una mayor productividad.
Se estima que el gasto federal aumentará en unos US$300.000 millones, a medida que los recién llegados y sus hijos califiquen para recibir beneficios.
El efecto neto es una reducción de US$900.000 millones en el endeudamiento federal a 10 años. Los ingresos y los gastos de los estados y las ciudades también cambiarán, y es poco probable que el saldo sea tan benigno (el costo de la escolarización de los hijos de los recién llegados recae principalmente sobre los estados).
Aun así, sería razonable concluir que, en el peor de los casos, el aumento no impone costos netos a los contribuyentes estadounidenses. Y recuerden, este es el resultado para los “otros ciudadanos extranjeros”, es decir, los recién llegados que no fueron seleccionados por sus logros educativos o por las habilidades más necesarias.
No nos engañemos: la falta de control de la frontera y la presión sobre las comunidades locales, obligadas a hacer frente a una afluencia desordenada de personas, son lamentables y deben solucionarse. Pero la afirmación de que incluso una oleada de inmigrantes mal gestionada impone una carga financiera neta a la economía y a sus contribuyentes es falsa.
La principal lección es que los beneficios de una política pro inmigración mejor, más inteligente y bien gestionada serían, en efecto, enormes.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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