¿Ha existido un contexto más sombrío para el esfuerzo más concertado del planeta por evitar el calentamiento global?
La conferencia anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) se está desarrollando este año en Bakú, Azerbaiyán, una de las cunas de la industria petrolífera moderna y, de acuerdo con el grupo de defensa de las libertades civiles Freedom House, una de las sociedades más opresivas del mundo.
Los líderes de China y EE.UU., que son responsables de cerca del 45% de la huella de carbono del planeta, no participarán, y el presidente Joe Biden es en todo caso el más débil de todos los asistentes tras la victoria de los republicanos en las elecciones de la semana pasada.
Prácticamente, todas las otras grandes economías de Asia y América se ausentarán, ya que se celebra esta semana en Perú una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, al tiempo que los dirigentes de Alemania, Francia y la Comisión Europea también permanecerán en casa.
Otras cumbres han sido complicadas.
La COP28 de Abu Dhabi presagiaba el evento de este año al parecerse a una feria comercial de la industria petrolífera. No obstante, se desarrolló en un contexto político mucho más favorable, previo a la reciente oleada anticlimática de las elecciones en Europa y Estados Unidos.
El evento de 2009 en Copenhague fue un desastre, pero hace 15 años el mundo tenía más margen de maniobra para evitar el desastre. Alrededor de una cuarta parte de todas las emisiones desde 1850 se produjeron desde Copenhague. Sólo nos quedan siete años de contaminación al ritmo actual para mantener una posibilidad equitativa de mantener el calentamiento por debajo de 1,5°C.
El vacilante compromiso global es particularmente preocupante porque los próximos 12 meses serán vitales para establecer la próxima década de políticas climáticas.
El último conjunto de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), planes de los países para mostrar cómo reducirán sus emisiones hasta 2035, debe entregarse a fines de febrero. Hasta ahora, solo un país ha presentado su último plan: los Emiratos Árabes Unidos.
Es habitual que tanto los negacionistas del cambio climático como los activistas presenten esos objetivos como palabrería sin sentido. Sin embargo, así como los políticos electos son sorprendentemente buenos a la hora de cumplir sus promesas, los gobiernos se toman muy en serio la consecución de sus objetivos en materia de gases de efecto invernadero.
El Protocolo de Kioto, el pacto de 1997 que se considera ampliamente un sinónimo de la falta de sentido de tales acuerdos, en realidad tuvo bastante éxito.
Los signatarios redujeron sus emisiones en un 22% entre 1990 y 2012, mucho mejor que el 5% que buscaban. El colapso económico en la esfera de influencia de la ex Unión Soviética fue un factor importante en ese desempeño superior, pero Europa Occidental y Oceanía, en general, alcanzaron o superaron sus objetivos.
La principal razón por la que Kioto no logró controlar las emisiones globales fue que no abarcó a los países emergentes, algo que se solucionó en el Acuerdo de París de 2015. Los planes nacionales que forman uno de los principales mecanismos de ese acuerdo también tienen un historial decente.
En 2017, las previsiones indicaban que sin políticas climáticas las emisiones globales alcanzarían los 65.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono en 2030. Ahora se espera que esa cifra sea de 57.000 millones de toneladas métricas.
Esta cifra sigue siendo demasiado elevada para evitar un calentamiento global catastrófico, pero sólo se queda unos 2.000 millones de toneladas métricas por debajo de los principales objetivos que se han fijado los gobiernos.
El problema es que esos objetivos dan lugar a emisiones unos 14.000 millones de toneladas métricas más de las que necesitamos para mantener al mundo en el buen camino para un calentamiento de incluso 2ºC.
La implementación de los planes climáticos no es el problema, sino su insuficiencia para abordar la escala de la crisis a la que nos enfrentamos. Es la política, no la logística ni la física, lo que nos impide abordar el cambio climático.
Eso es lo más preocupante de la apatía y la mezquindad que se manifiestan en la respuesta mundial a la COP29. La política siempre ha tenido un impacto decisivo en la trayectoria de las emisiones globales, y ahora mismo estamos apuntando 180° en la dirección equivocada.
¿Necesita algo más absurdo?
Estados Unidos tiene más restricciones a la importación de paneles solares malasios fabricados con materiales chinos que a la importación de diésel indio fabricado con petróleo crudo ruso.
Según la Agencia Internacional de la Energía, el año pasado los subsidios globales directos al uso de combustibles fósiles ascendieron a US$620.000 millones, aproximadamente nueve veces los US$70.000 millones que se gastaron para alentar a los consumidores a pasarse a la energía limpia.
Incluso en la Unión Europea, supuestamente el modelo de la política verde, los combustibles fósiles recibieron más apoyo directo que la energía renovable en 2022.
Si tenemos en cuenta que el carbón, el petróleo y el gas no tienen que pagar por el daño que causan a la salud humana y al clima, el apoyo que reciben de los gobiernos es diez veces mayor.
La energía limpia ha ganado los argumentos técnicos y financieros que hacían que pareciera imposible hace un par de décadas, pero el obstáculo que han levantado las políticas equivocadas está lejos de desaparecer. Si uno espera que Bakú proporcione una solución a estos problemas, está buscando en el lugar equivocado.
Esta nota no refleja necesariamente la opinión del consejo editorial de Bloomberg LP y sus propietarios.
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