Este mes, en México, las autoridades han incautado pastillas de fentanilo por un valor cercano a los US$400 millones, en el mayor decomiso de opioides sintéticos.
En Brasil, el principal grupo delictivo del país, conocido como PCC, es sospechoso de blanquear millones a través de plataformas digitales al tiempo que financiaba campañas políticas.
Y en Chile, una banda venezolana ha desencadenado una plaga de trata de seres humanos y extorsión sobre una sociedad en otro tiempo pacífica.
Por toda Latinoamérica, las bandas, cada vez más desarrolladas, se han consolidado en la que se ha convertido ya en la región más violenta del planeta, accediendo a la tecnología, los instrumentos financieros, los contactos a nivel político y, naturalmente, el capital.
El súbito recrudecimiento de la violencia en países que hasta hace poco se consideraban tranquilos, en particular Ecuador, pone de manifiesto el carácter crecientemente transnacional de estas modernas empresas criminales, que han traspasado fronteras y han llegado a parecer conglomerados ilegales.
Los distintos países y gobiernos locales no cuentan con los medios necesarios para enfrentarse a esta epidemia desestabilizadora, con consecuencias que han repercutido en las últimas elecciones en Estados Unidos. Hoy más que nunca se necesita un enfoque regional para luchar contra la delincuencia organizada.
Actualmente, somos testigos de algunos avances positivos en esa dirección, con la presentación esta semana de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo por parte del BID.
Esta coalición pretende que los gobiernos coordinen sus estrategias de seguridad, intercambiando conocimientos y recibiendo asesoramiento técnico para enfrentarse a los múltiples retos que representa la delincuencia organizada.
Los ministros de Seguridad y Justicia de la región, entre otros responsables, se darán cita el jueves en Barbados para suscribir una primera declaración de apoyo a dicha alianza.
Esta iniciativa es crucial por tres razones: en primer lugar, es un primer intento de desarrollar una perspectiva de colaboración entre los gobiernos de América Latina y el Caribe y otros actores clave; en segundo lugar, el BID ofrece un foro que puede neutralizar la polarización cada vez más profunda de la región (con presidentes que no se hablan entre sí debido a sus diferencias políticas) y centrarse en lo que se puede hacer colectivamente para lograr resultados concretos.
Por último, el liderazgo del principal banco de desarrollo de la región ayudará a asegurar el financiamiento futuro de algunas de estas políticas.
La alianza se concentrará en proteger a las comunidades vulnerables a las pandillas, particularmente a los jóvenes, fortalecer las instituciones responsables de la policía y la justicia, e interrumpir los flujos financieros ilegales, dijo el presidente del BID, Ilan Goldfajn.
“Si el crimen está organizado, la región también debería organizarse”, me dijo. “El BID tiene la ventaja competitiva de poder lograr que todos participen”.
Se trata de un asunto de máxima urgencia: según un estudio del BID del mes pasado, los costos directos de la delincuencia ascienden a un 3,4% del PIB de la región, o casi el 80% del gasto público en educación.Eso no incluye los costos indirectos de la violencia, como el aumento de los flujos migratorios y la disminución de la inversión y la productividad empresarial, que probablemente sean mayores.
Es evidente que la inseguridad es un elemento enorme en el costo de hacer negocios en la región y un obstáculo para el desarrollo. La interrelación entre delincuentes y gobiernos en estados rebeldes como Venezuela o Nicaragua complica aún más las cosas.
Sin embargo, hay razones para ser optimistas.
Según las estimaciones de Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarapé de Río de Janeiro , el número de asesinatos en América Latina y el Caribe va camino de caer entre un 4% y un 5% este año, continuando la ligera tendencia a la baja de 2023.
Aun así, Muggah advierte de que la disminución no es uniforme, ya que los puntos críticos como Ecuador, Jamaica y Honduras están mejorando “significativamente”, los grandes países como Brasil y Colombia continúan con sus reducciones constantes y Panamá, Perú, Haití y México sufren graves reveses. También hemos visto algunos casos exitosos recientes de cooperación bilateral que condujeron al arresto de poderosos líderes de pandillas perseguidos por Ecuador y Chile .
En estos tiempos oscuros, el problema de la inseguridad puede parecer casi irresoluble, pero con voluntad política, políticas inteligentes, recursos y cooperación transnacional, la brutalidad que ha afectado a sectores de América Latina puede reducirse drásticamente o incluso desaparecer.
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