El presidente Donald Trump ha prometido expulsar de EE.UU. a millones de migrantes irregulares y frenar la entrada de nuevos inmigrantes en sus fronteras.
Aplicar las medidas punitivas de su primera presidencia no solo no resolverá los desafíos fronterizos actuales, sino que desestabilizará aún más a México y exacerbará las amenazas a ambos países.
Los republicanos del Congreso han seguido el ejemplo de los antiinmigrantes y han celebrado una audiencia anticipada con la intención de revivir las políticas fronterizas restrictivas.
Los Protocolos de Protección a los Migrantes, que se conocen de modo coloquial como “Permanecer en México”, forzaban a los solicitantes de asilo a esperar la audiencia de su caso en México. El Título 42 fue aún más ambicioso en su exclusión, utilizando la emergencia sanitaria de la pandemia de Covid-19 para expulsar a los migrantes detenidos en la frontera.
Y sí, la construcción del muro ha vuelto a estar de moda, aunque sin hablar de que México lo pague.
Dichas políticas no lograron frenar o detener la inmigración no autorizada y causaron perjuicios a México y EE.UU.
En el marco del programa “Permanecer en México”, decenas de miles de solicitantes de asilo aguardaban en la puerta de al lado mientras se procesaban sus solicitudes, y vivían en campamentos y refugios provisionales durante semanas, meses e incluso años a lo largo de la frontera.
El flujo desbordó las ciudades y comunidades fronterizas y atrajo a las organizaciones delictivas transnacionales, cuyos matones asaltaron, secuestraron y extorsionaron a los migrantes, forzando a algunos a introducir drogas de contrabando en Estados Unidos.
Y si bien el Título 42 impidió más de 2,5 millones de cruces fronterizos entre 2020 y 2023, no detuvo la llegada de migrantes.
En realidad, durante su primer año de aplicación, las detenciones fronterizas entre los puertos de entrada casi se triplicaron, debido a que el proceso de expulsión rápido y sin seguimiento alentó a los migrantes a seguir intentándolo. No existe motivo alguno para que estas políticas funcionen mejor la segunda vez.
A la situación actual se sumarán las deportaciones masivas.
Aproximadamente cuatro de cada diez inmigrantes no autorizados en EE.UU. son de México, objetivos potenciales de una redada agresiva. Además, en lo que tal vez sea una primicia mundial, México ha acordado recibir hasta 30.000 deportados al mes de otros países, un compromiso que la nueva administración podría aceptar y ampliar.
La afluencia de migrantes que pasan por la frontera y son devueltos a ella ha sido una bendición para los cárteles mexicanos, que han obtenido miles de millones de dólares de sus actividades de contrabando y extorsión.
Se calcula que las ganancias que obtienen de la explotación de los migrantes oscilan entre US$4.000 y US$12.000 millones al año, por lo que ahora podrían rivalizar con las de las drogas ilegales.
Las deportaciones masivas ampliarán estas oportunidades. Más personas desplazadas y desesperadas significan más ganancias que las bandas utilizarán para expandir su control del territorio mexicano y su política. Mayores recursos también les dan más capacidad para armarse y sobornar a funcionarios de ambos lados de la frontera, lo que impulsa su comercio letal de fentanilo y otras drogas.
La creciente inseguridad en México también afecta al comercio legal.
Un número cada vez mayor de fábricas y productores con sede en Estados Unidos dependen de México a través de un ecosistema de proveedores transfronterizos desarrollado durante las últimas tres décadas. El comercio entre Estados Unidos y México ha crecido más del 50% desde 2020 y ahora supera los US$900.000 millones al año.
El nearshoring (deslocalización) es una gran parte de la historia. Los parques industriales con sede en México han proliferado a medida que los fabricantes buscan desvincularse, al menos en parte, de China. El auge del ensamblaje y la fabricación con sede en México también impulsa la demanda de bienes de capital, maquinaria y todo tipo de piezas e insumos fabricados en Estados Unidos.
Una frontera desestabilizada amenaza estos logros.
Estados Unidos sufrió un pequeño revés en 2023, cuando la preocupación por los migrantes llevó a la patrulla fronteriza estadounidense a detener los trenes que llegaban a Eagle Pass y El Paso, Texas. Los fabricantes de automóviles, los agricultores y los ganaderos, en particular, vieron cómo se acumulaban piezas y productos agrícolas en ambos lados de la frontera.
Las deportaciones masivas podrían ampliar y extender el caos, amenazando muchos de los más de un millón de empleos con sede en Estados Unidos que dependen de las exportaciones a México, y los muchos más vinculados a las cadenas de suministro de América del Norte. Los efectos llegarían mucho más allá de la frontera, ya que México es un importante destino de exportación para más de la mitad de los estados de Estados Unidos.
La agitación fronteriza hará más difícil para la presidenta Claudia Sheinbaum mantener, y mucho menos ampliar, la cooperación de México con Estados Unidos para reducir los flujos migratorios.
Además de aceptar la implementación de la política de “Permanecer en México” durante el primer mandato de Trump, el país ha reforzado los controles en su frontera sur y ha desmantelado las caravanas de migrantes que se desplazan hacia el norte.
Ha detenido los trenes en los que viajan los migrantes y ha interceptado y transportado en autobús a los migrantes del norte al sur de México, lejos de la frontera con Estados Unidos. Ha trabajado con Estados Unidos para atacar a las redes de tráfico de migrantes.
Sin embargo, políticas como la decisión de aceptar a decenas de miles de deportados no mexicanos no son populares en México.
Según encuestas de Latinobarómetro, Oxfam México y Parametría/El País, aproximadamente la mitad de los mexicanos piensa que los migrantes ocupan puestos de trabajo y aumentan la delincuencia y son perjudiciales para el país en general. Un tercio quiere que México limite la migración, y un quinto quiere que el gobierno bloquee por completo la entrada de migrantes.
México parece estar cerca de su punto de quiebre en la absorción de flujos migratorios. Su Instituto Nacional de Migración no cuenta con los fondos necesarios y está desbordado. Su sistema de asilo está paralizado por una acumulación de 300.000 solicitudes, a pesar de que se presentan 100.000 nuevas cada año.
Un éxodo de deportados estadounidenses probablemente endurecería estas animosidades públicas subyacentes, lo que haría más difícil para Sheinbaum aceptar las políticas estadounidenses.
Para proteger sus vínculos comerciales y sus comunidades, Estados Unidos necesita una migración ordenada en la frontera. A finales del mandato de Biden, esto empezó a suceder.
Las normas más estrictas sobre asilo y el uso más amplio de la aplicación CBP One para programar citas redujeron sustancialmente la cantidad de personas que se presentaban en los cruces fronterizos cada día y las que cruzaban entre puertos de entrada legales. Lo mismo ocurrió con la apertura de nuevas vías humanitarias legales. Durante el último año, los encuentros en la frontera han disminuido alrededor del 80%.
La reintroducción de leyes fronterizas estrictas, el cierre de la aplicación CBP One que regula las citas, la eliminación de nuevas vías legales para ingresar a Estados Unidos y muchos otros cambios restrictivos no harán que la frontera esté más ordenada ni es probable que reduzcan la migración no autorizada.
Deportar a quienes ya están aquí a México tampoco lo hará, sino que agravará los desafíos de seguridad y debilitará los lazos económicos que benefician a ambos países.
En febrero pasado, Trump torpedeó un proyecto de ley bipartidista que habría reforzado la vigilancia fronteriza, habría atacado a los cárteles, habría elevado el nivel de exigencia legal para el asilo y habría contratado a más jueces de inmigración y funcionarios de asilo. Esa ley estadounidense habría ayudado.
Sin embargo, hay otra realidad ineludible: la verdadera solución para arreglar la frontera debe ser no solo bipartidista, sino bilateral.
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