Bloomberg — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó una ley de inmigración centenaria para intensificar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, en medio de señales de frustración dentro de la administración por el ritmo de los esfuerzos para cumplir una de sus principales prioridades.
Un juez federal bloqueó la proclamación de Trump poco después, según informó Associated Press.
Trump invocó poderes en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 -una ley utilizada en su día para justificar el internamiento de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial- en una proclamación el sábado 15 de marzo dirigida contra Tren de Aragua, una banda venezolana también designada organización terrorista extranjera.
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Muchos de los miembros de Tren de Aragua “se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles” contra el país, dijo Trump en la proclamación.
El presidente también argumentó que la operación está llevando a cabo una “migración ilegal masiva a Estados Unidos” en un intento de dañar a los ciudadanos del país, socavar la seguridad pública y apoyar los esfuerzos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para desestabilizar a las naciones democráticas.
La ley permite al gobierno detener y expulsar a los no ciudadanos de naciones hostiles en tiempos de guerra, poderes a los que rara vez se ha recurrido en la historia de Estados Unidos.
James E. Boasberg, juez jefe del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, emitió el sábado una orden de restricción temporal que bloquea la deportación de cinco venezolanos en virtud del estatuto de tiempo de guerra. La orden de Boasberg prohíbe la deportación de los ciudadanos venezolanos durante 14 días, a menos que el tribunal tome nuevas medidas.
Es probable que la declaración de Trump atraiga aún más desafíos legales y demuestra cómo el presidente-al igual que hizo en su primer mandato- está poniendo a prueba los límites de sus poderes presidenciales en materia de inmigración.
Muchas de las acciones de Trump en materia de inmigración ya están siendo sopesadas por los tribunales, incluida una orden que pretende poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento y su intento de deportar al activista palestino Mahmoud Khalil, que ayudó a liderar las protestas contra Israel en la Universidad de Columbia.
Trump, en su segundo mandato, se ha movilizado para aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados y asegurar las fronteras de EE.UU. en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024, en las que llegó al cargo en parte por la ansiedad de los votantes ante la inmigración ilegal y la delincuencia.
La represión ha visto redadas de alto perfil en todo EE.UU. y el uso de vuelos de deportación -incluyendo algunos en aviones militares- pero ese ritmo se ha ralentizado y ha habido indicios de angustia dentro de la administración sobre su capacidad para llevar a cabo rápidamente las directivas del presidente, incluyendo cambios en el personal de alto rango en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU..
Trump ha instado al Congreso a que proporcione fondos adicionales para acelerar las deportaciones y completar la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México iniciada en su primer mandato.
Es probable que la decisión de Trump de atribuirse poderes de guerra alimente las críticas a sus medidas en materia de inmigración. Según la ley, el presidente tiene autoridad para invocar la ley en tiempos de “guerra declarada” o cuando una nación o gobierno extranjero ha invadido EEUU.
Al asumir el cargo, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y ordenó al Pentágono que desplegara recursos adicionales para hacer frente a la situación. También firmó una orden ejecutiva que designaba a los cárteles y a otras organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados y ordenó al fiscal general de EE.UU. y al secretario de Seguridad Nacional que trabajaran con el secretario de Estado en la posible aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Durante la campaña electoral, Trump había prometido utilizar esta ley y citaba regularmente casos de delitos en los que los inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera eran sospechosos o habían sido condenados.
En octubre, Trump visitó la localidad de Aurora, en Colorado, aprovechando un video de vigilancia en el que aparecían hombres fuertemente armados forzando la entrada de un apartamento.
Trump utilizó el incidente para hacer afirmaciones sin fundamento -cuestionadas por los funcionarios locales- de que la ciudad estaba invadida por pandilleros venezolanos.
La administración ha observado un descenso de los cruces no autorizados en la frontera sur. En febrero, los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron 8.300 cruces ilegales, el total mensual más bajo en décadas.
El presidente también ha utilizado los aranceles para presionar a México y Canadá para que hagan más por asegurar la frontera y ha ordenado a las agencias que identifiquen los programas financiados con fondos federales que proporcionan beneficios a los migrantes que se encuentran en el país de forma ilegal.
--Con la colaboración de Jennifer A. Dlouhy.
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Esta historia fue actualizada a las 22:04 (ET) con actualización con la orden del juez que bloquea inmediatamente la orden de Trump, ajusta título.
