Bloomberg — La administración de Donald Trump se movilizó para invalidar los contratos entre una franja de agencias gubernamentales estadounidenses y el mayor sindicato federal que representa a sus empleados, marcando un ataque arrollador a los derechos de negociación colectiva en momentos en que el presidente pretende despedir a los trabajadores del gobierno.
En una demanda del Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y otras agencias estadounidenses, la administración dijo que los acuerdos de negociación colectiva alcanzados con las secciones locales de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales antes de que Trump asumiera el cargo están obstaculizando sus esfuerzos para reformar el gobierno y suponen una amenaza para la seguridad nacional.
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El movimiento legal a última hora del jueves se produjo poco después de que Trump firmara una orden ejecutiva que ordenaba a las agencias de todo el poder ejecutivo que pusieran fin a la negociación colectiva con los sindicatos federales.
Otros componentes del gobierno que presentaron la demanda en un tribunal federal de Texas son el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Departamento de Asuntos de Veteranos, la Administración de la Seguridad Social y la Agencia de Protección Medioambiental.
Según la página web de AFGE, el sindicato representa a más de 820.000 trabajadores en casi todas las agencias de los gobiernos federal y de DC, repartidos en más de 900 sindicatos locales.
“Los servidores públicos, las personas nombradas y los funcionarios vienen a trabajar todos los días promoviendo el interés público, sirviendo al pueblo estadounidense y promoviendo la agenda del Presidente con energía”, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en la demanda. “Cuando los CBA inflexibles obstruyen la capacidad presidencial y de los jefes de agencia para garantizar la rendición de cuentas y mejorar el rendimiento, todos los ciudadanos pagan el precio”.
Tácticas de intimidación
AFGE emitió un comunicado denunciando lo que llamó “tácticas de intimidación” por parte de la administración.
“La última orden ejecutiva del presidente Trump es un ataque vergonzoso y de represalia contra los derechos de cientos de miles de patrióticos funcionarios estadounidenses, casi un tercio de los cuales son veteranos, simplemente porque son miembros de un sindicato que se opone a sus políticas perjudiciales”, según el comunicado del presidente nacional de AFGE, Everett Kelley.
La orden ejecutiva del presidente abarca agencias no conocidas por sus carteras de seguridad nacional, entre ellas la Agencia de Protección Medioambiental y unidades del Departamento de Interior que rigen la producción de energía. Una hoja informativa emitida por la Casa Blanca justificaba su inclusión citando la declaración del Congreso de que “la inseguridad energética amenaza la seguridad nacional”.
La directiva del presidente también prohíbe las negociaciones con los sindicatos por parte del Departamento de Asuntos de los Veteranos, ya que “sirve como proveedor de asistencia sanitaria de apoyo para las tropas heridas en tiempos de guerra”, y de la Fundación Nacional para la Ciencia, ya que “la investigación financiada por la NSF apoya los avances militares y de ciberseguridad”, según la hoja informativa.
La medida coincide con los esfuerzos en el Congreso para limitar los derechos sindicales. También se produce cuando Trump se dispone a rehacer el gobierno, recortando su plantilla y suprimiendo algunas agencias.
Legislación del Senado
Los republicanos del Senado han avanzado una legislación que prohibiría a los empleados federales organizarse o afiliarse a sindicatos. La negociación colectiva también quedaría excluida bajo esa legislación.
Trump dijo que su acción se basaba en la autoridad bajo la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978.
En la hoja informativa, la Casa Blanca denunció la labor de los “sindicatos federales hostiles” que, según dijo, están habilitados para “obstruir la gestión de las agencias”, lo que es “peligroso en agencias con responsabilidades de seguridad nacional”.
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Por ejemplo, según la hoja informativa, las agencias no pueden modificar las políticas de los convenios colectivos hasta que expiran, y la administración del presidente Joe Biden negoció muchos de los pactos para que se extendieran hasta el final del segundo mandato de Trump.
El caso es United States Department of Defense v. American Federation of Government Employees, AFL-CIO, District 10, 25-cv-00119, US District Court, Western District of Texas (Waco).
Con la ayuda de Josh Eidelson.
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