Bloomberg — El presidente Donald Trump firmó nuevas y amplias medidas ejecutivas diseñadas para acabar con los cruces fronterizos ilegales y atacar a los inmigrantes indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos.
Trump declaró una emergencia nacional en la frontera, ordenó al Pentágono desplegar más personas en la frontera y buscó poner fin a la política de “captura y liberación”, por la cual los migrantes son liberados mientras esperan una audiencia sobre su estatus de asilo.
El presidente firmó una proclamación para poner fin al proceso de asilo, que según los funcionarios permitiría la expulsión inmediata de quienes se encuentran en el país y ya esperan una audiencia judicial. El gobierno buscará restablecer la política de “Permanecer en México” que requiere que quienes buscan asilo permanezcan en México antes de su fecha de audiencia en la corte de inmigración, ordenar a las agencias federales que reanuden la construcción del muro fronterizo y declarar a las pandillas y cárteles involucrados en el tráfico de personas como organizaciones terroristas. Trump, respondiendo a una pregunta, dijo que la orden podría resultar en operaciones militares estadounidenses en México.
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Trump también dijo que ordenaría redadas de inmigración en ciudades de Estados Unidos en los próximos días, pero no quiso revelar detalles antes de que se iniciaran.
El nuevo presidente también pretende poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de personas que no se encuentran legalmente en el país y suspender las admisiones de refugiados durante los próximos seis meses. Además, se espera que ofrezca nuevas facultades a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de Aduanas y Protección Fronteriza para llevar a cabo deportaciones.
En total, las 10 órdenes ejecutivas relacionadas con la frontera representan un cambio drástico en la política de inmigración y marcarán el comienzo de nuevos límites a la inmigración legal e ilegal. Los planes del presidente fueron descritos por un funcionario entrante de la administración Trump que habló bajo condición de anonimato.
Desafíos judiciales
A partir del lunes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha descontinuado la funcionalidad de la aplicación CBP One que anteriormente permitía a los migrantes proporcionar información por adelantado y concertar citas en ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera sur. Todas las citas programadas también han sido canceladas, dijo la agencia en un comunicado en su sitio web. La aplicación ofrecía 1.450 citas diarias para solicitantes de asilo que intentaban ingresar.
Es probable que las iniciativas de Trump enfrenten impugnaciones judiciales inmediatas y su implementación real podría resultar difícil. Esto es particularmente cierto en el caso de sus esfuerzos por poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y prohibir por completo el sistema de asilo.
Pero el gobierno entrante tiene la esperanza de que el alcance de las medidas disuadirá la migración ilegal. Y el lunes Trump dijo que creía que su orden de derecho de nacimiento estaba basada en “buenas razones”.
“Es ridículo. Somos el único país del mundo que hace esto con los derechos de nacimiento”, dijo Trump.
Las medidas también tienen como objetivo liberar recursos y capacidades gubernamentales adicionales para centrarse en la frontera. Trump también declaró una emergencia durante su primer mandato y ordenó que miles de millones de dólares previamente asignados al Departamento de Defensa se redirigieran para financiar la construcción del muro fronterizo, después de que los legisladores bloquearan repetidamente los esfuerzos para asegurar la financiación a través de medios legislativos tradicionales.
Esa orden fue revocada por Joe Biden justo después de asumir la presidencia en 2021.
Los funcionarios entrantes de la administración Trump no han detallado qué implicará la declaración de emergencia nacional esta vez, pero dijeron que está planeando desplegar tropas en servicio activo y de la Guardia Nacional en la frontera suroeste y ordenará la finalización de su prometido muro fronterizo.
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Trump también decidió designar a las pandillas MS-13 y Tren de Aragua como organizaciones terroristas, así como a los cárteles mexicanos responsables del contrabando de drogas a través de la frontera. Los cárteles mexicanos generan miles de millones de dólares al año, dominan el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y participan en el tráfico de personas.
La designación podría imponer sanciones financieras más duras y consecuencias legales en Estados Unidos. Sin embargo, podría poner en peligro las relaciones con México, un socio comercial crítico, que ya están tensas después de que Trump amenazara con aumentar los aranceles.
Varias organizaciones y bandas internacionales de narcotráfico, incluida la MS-13, han sido declaradas Organizaciones Criminales Transnacionales y sancionadas por el Departamento del Tesoro. Uno de los líderes más destacados de los cárteles, Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, quien codirigió el Cártel de Sinaloa en México, se encuentra detenido en Estados Unidos.
Ciudadanía por derecho de nacimiento
La orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump desafía una interpretación de larga data de la 14ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos (adoptada en 1868 después de la Guerra Civil para aclarar el estatus de las personas anteriormente esclavizadas), que se lee como que otorga la ciudadanía a cualquier niño nacido en suelo estadounidense.
Esa interpretación ya ha sido cuestionada en el pasado y, en una decisión de 1898, la Corte Suprema determinó que no se podía negar la ciudadanía a un individuo nacido de inmigrantes chinos que tenían residencia permanente en Estados Unidos. Los críticos de la ciudadanía por derecho de nacimiento sostienen que no debería aplicarse a los hijos de inmigrantes ilegales ni al llamado “turismo de nacimiento”, en el que las personas viajan a Estados Unidos hacia el final de su embarazo para asegurarse de que su hijo nazca como ciudadano estadounidense.
Durante la campaña, Trump dijo que ordenaría a las agencias federales que exigieran que al menos uno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que sus hijos se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses, y garantizar que a los hijos de padres que están en el país ilegalmente no se les emitan pasaportes, números de Seguro Social o no sean elegibles para ciertos beneficios financiados por los contribuyentes.
Suspensión de refugiados
La suspensión de seis meses del reasentamiento de refugiados refuerza el esfuerzo que Trump emprendió durante su primer gobierno cuando redujo el límite de admisión de refugiados a Estados Unidos para quienes huyen de la persecución de 110.000 a 15.000, el límite más bajo en la historia del país. Esa medida fue muy criticada por los defensores de la migración.
En el último año fiscal, Estados Unidos reasentó a más de 100.000 refugiados, la mayor cifra anual en tres décadas, según el anuncio de Biden. La mayoría de los refugiados procedían de la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela, Siria y Ucrania, probablemente debido a los conflictos y las crisis humanitarias en curso en estas regiones, según datos recopilados por el Centro de Procesamiento de Refugiados.
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