Bloomberg — La mano dura del presidente Donald Trump contra la inmigración se enfrenta a otra demanda, esta vez sobre la ampliación de la deportación por la vía rápida para las personas que no pueden demostrar su residencia a largo plazo en el país.
El caso, presentado en un tribunal federal de Washington por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre del grupo de defensa de la inmigración Make the Road New York, cuestiona una norma del Departamento de Seguridad Nacional emitida el 21 de enero. La política permite a los funcionarios de inmigración llevar a cabo la “expulsión acelerada” de las personas que se encuentren en cualquier lugar del país sin estatus legal y que no puedan demostrar su residencia en EE.UU. durante al menos dos años.
Trump ha adoptado desde hace tiempo políticas de inmigración de línea dura y las ha convertido en una prioridad durante sus primeros días en el cargo. Ya se enfrenta a una serie de demandas por una orden ejecutiva que pretende acabar con la ciudadanía automática por derecho de nacimiento para los bebés nacidos de padres que están ilegalmente en el país o con visados no permanentes para trabajar, estudiar o visitar.
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Trump había adoptado la norma ampliada de deportación por la vía rápida en su primer mandato y se enfrentó a desafíos legales. Un tribunal federal de apelaciones permitió que la política entrara en vigor en 2020, aunque ese fallo no abordó todas las alegaciones que los impugnadores plantearon en su momento de por qué era ilegal. Están insistiendo en las mismas reclamaciones en el último caso.
Bajo la administración Biden, la norma fue sustituida por una política de expulsión acelerada limitada a las personas encontradas en un radio de 100 millas de una frontera terrestre que no pudieran demostrar que llevaban en el país más de dos semanas. Bajo la nueva política de Trump, la regla de las dos semanas sigue en vigor para las personas detenidas por las autoridades de inmigración en un radio de 100 millas de una frontera.
Los impugnadores en la nueva denuncia argumentan que el proceso de expulsión acelerada está “plagado de errores y da lugar a violaciones generalizadas de los derechos legales de las personas”. Escriben que ciudadanos estadounidenses y personas con “temores bona fide de persecución” en sus países de origen han sido deportados erróneamente en el pasado.
“La norma es ilegal. Sin el alivio de este tribunal, las personas que viven en cualquier parte de este país corren el riesgo de ser separadas de sus familias y expulsadas del país sin ningún proceso significativo”, escribieron los abogados de la ACLU.
Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios sobre la demanda.
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