Bloomberg — Los abogados del gobierno estadounidense defendieron desafiantemente la deportación por parte del presidente Donald Trump de cientos de presuntos pandilleros venezolanos y se negaron a proporcionar a un juez la información que dice necesitar para determinar si la administración ignoró sus órdenes de devolver los aviones a Estados Unidos.
El juez de distrito estadounidense James Boasberg convocó una audiencia el lunes para presionar a los abogados del Departamento de Justicia para que dieran respuestas sobre si las deportaciones tuvieron lugar después de que él hubiera emitido una orden el sábado para que no lo hicieran.
Tras la vista, el juez ordenó a los abogados del gobierno que presentaran una declaración jurada con las respuestas a sus preguntas antes del martes al mediodía.
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La audiencia se produjo menos de dos horas después de que el Departamento de Justicia pidiera a un tribunal federal de apelaciones que sacara a Boasberg del caso, diciendo que sus preguntas eran “flagrantemente impropias” y presentaban “graves riesgos”.
En la audiencia, Boasberg presionó a un abogado del gobierno, Abhishek Kambli, para que explicara cuántos vuelos salieron de EE.UU. el sábado con destino a El Salvador. Los aviones partieron pocas horas después de que Trump invocara públicamente la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua.
Kambli dijo que el gobierno no violó la orden escrita de Boasberg emitida el sábado alrededor de las 7:25 p.m. para detener cualquier vuelo bajo la ley. Anteriormente, en una audiencia de dos horas, el juez había ordenado verbalmente al gobierno que ordenara a los vuelos que estuvieran en el aire que dieran la vuelta.
Pero en la vista del lunes, Kambli dijo que el gobierno no tenía por qué cumplir la directiva verbal del juez, que según el abogado no tenía la misma fuerza de ley que una orden escrita. Kambli dijo que no podía revelar detalles logísticos clave sobre los vuelos, que implicaban información clasificada.
“Aparentemente, mis órdenes orales no tienen mucho peso”, dijo Boasberg, el juez jefe del tribunal federal de Washington.
La orden del juez después de la audiencia decía que los abogados estadounidenses deben decir si alguien fue deportado basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros después de las 7:25 pm del sábado; y cuándo se firmó la proclamación de Trump, cuándo se hizo pública y cuándo entró en vigor.
Boasberg también quiere que el gobierno calcule cuántas personas en EE.UU. están sujetas a deportación en base a la proclamación de Trump, y cuántas de ellas están detenidas.
En busca de respuestas
Los abogados de EE.UU. también deben proporcionar respuestas sobre “los detalles de los vuelos”, que el juez dijo que podrían hacer en su despacho o en un entorno clasificado. Si el gobierno concluye que no puede proporcionar esa información “bajo ninguna circunstancia”, Boasberg dijo que debe proporcionar una justificación legal.
La lucha legal comenzó cuando cinco venezolanos presentaron una demanda la madrugada del sábado en previsión de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros para perseguir a supuestos miembros de la banda Tren de Aragua. Trump había firmado una proclamación presidencial para poner en vigor la ley el viernes, pero no la hizo pública hasta el sábado por la tarde.
Ese día, Boasberg emitió una orden para detener temporalmente la deportación de los cinco venezolanos. Por la tarde, detuvo el uso de la ley para deportar a cualquier presunto miembro del Tren de Aragua. Pero para entonces los aviones ya habían despegado.
La proclamación de Trump afirmaba que Tren de Aragua está “emprendiendo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos tanto directamente como bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela.”
Esto es la guerra
El presidente defendió su uso de la ley de guerra en una discusión con periodistas el domingo por la noche a bordo del Air Force One.
“Esto es la guerra”, dijo Trump. “En muchos aspectos, es más peligroso que la guerra porque, ya saben, en la guerra, tienen uniformes. Sabes a quién estás disparando”.
Los abogados del Departamento de Justicia instaron al juez a cancelar la audiencia del lunes, argumentando en una presentación judicial que el juez debería “desescalar las graves incursiones en la autoridad del Poder Ejecutivo que ya han surgido”. Dijeron que el gobierno no podía revelar “detalles de seguridad nacional o de seguridad operativa” sobre el vuelo. Pero Boasberg rechazó la petición, ordenando que prosiguiera la vista.
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Dos grupos que demandaron a la administración alegaron en una presentación judicial el lunes que el gobierno podría haber violado la orden del juez de detener las expulsiones.
El caso es J.G.G. contra Trump, 25-cv-766, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito de Columbia (Washington).
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