Juez suspende temporalmente la congelación de ayudas federales de Trump

La jueza de distrito estadounidense Loren AliKhan ordenó la suspensión durante una audiencia en Washington el martes, minutos antes de que la directiva entrara en vigor.

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Bloomberg — Un juez federal en Washington ha bloqueado temporalmente la aplicación por parte de la administración Trump de una nueva directiva para detener los pagos de subvenciones federales, préstamos y otras ayudas a una serie de programas en todo el país.

La jueza de distrito estadounidense Loren AliKhan ordenó la suspensión durante una audiencia en Washington el martes, minutos antes de que la directiva entrara en vigor. Dijo que la suspensión administrativa no era una decisión sobre los méritos de la pelea. Celebrará otra audiencia el 3 de febrero para considerar si ordenar un bloqueo a más largo plazo.

La orden de AliKhan solo se aplica a los fondos que las agencias federales ya han otorgado y no impediría que la administración Trump detenga cualquier nueva subvención de dinero.

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La orden del juez fue en respuesta a una demanda interpuesta por una coalición de organizaciones sin fines de lucro que impugnan la congelación de los pagos. La demanda sostiene que incluso una suspensión temporal de la financiación podría “privar de inmediato a las personas y a las comunidades de los servicios que les salvan la vida”, incluida la atención sanitaria, el apoyo a las pequeñas empresas y los programas para la comunidad LGBTQ.

El memorando, firmado el lunes por el director interino de presupuesto del presidente Donald Trump, Matthew Vaeth, entraría en vigor el martes a las 5 p.m. en Washington.

Las agencias habrían tenido que pausar la “asistencia financiera federal” y otras actividades contempladas en la primera ola de medidas ejecutivas de Trump, entre ellas, limitar la ayuda exterior y el financiamiento federal de programas de diversidad y equidad, organizaciones no gubernamentales, programas “conscientes” relacionados con el género e iniciativas de energía “verde”.

El memorando original de la Oficina de Administración y Presupuesto contenía un lenguaje amplio, lo que desató una gran confusión y pánico sobre su alcance. El memorando establecía que los pagos de asistencia directa a las personas continuarían y que los beneficios de Medicare y la Seguridad Social no se verían afectados, pero no enumeraba otras excepciones específicas.

El martes, los fiscales generales estatales demócratas informaron sobre problemas con el acceso a los portales utilizados para solicitar reembolsos federales de Medicaid, que cubre los costos de atención médica para estadounidenses de bajos ingresos, y el programa de desarrollo infantil temprano Head Start.

La oficina presupuestaria de la Casa Blanca distribuyó un segundo memorando en el que intentaba aclarar el alcance de la pausa en la financiación, afirmando que no se trataba de una congelación “generalizada”. La OMB dijo que la paralización de fondos solo afectaría a los programas “implicados por” las órdenes ejecutivas de Trump y que Medicaid, Head Start, un programa de beneficios nutricionales conocido como SNAP y otros “programas obligatorios” seguirían recibiendo financiación.

El grupo de organizaciones sin fines de lucro argumentó en su demanda que la OMB carecía de autoridad legal para imponer una suspensión generalizada de pagos y que la directiva violaba las protecciones de la libertad de expresión de la Constitución de los Estados Unidos porque el objetivo de la administración era castigar a los “oradores desfavorecidos”.

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En el memorando original, Vaeth escribió que “el uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del New Deal Verde es un desperdicio de dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de aquellos a quienes servimos”.

Se ordenó a las agencias presentar informes antes del 10 de febrero sobre los programas o actividades que estarían cubiertos por la congelación de fondos.

El Departamento de Justicia presentó una copia del segundo memorando aclaratorio al tribunal y argumentó que era prematuro que el juez interviniera “sin ninguna oportunidad significativa” de “considerar y abordar las cuestiones relevantes”. Un abogado del gobierno, Daniel Schwei, argumentó durante la audiencia que no estaba claro si las organizaciones sin fines de lucro que presentaron la demanda iban a recibir fondos federales en los próximos días o si se verían afectados programas específicos.

AliKhan dijo que comprendía el argumento del gobierno, pero que la falta de detalles en este momento era “en parte responsabilidad del propio gobierno”, dado el ajustado plazo desde que se anunció el memorando hasta que estaba previsto que entrara en vigor.

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