Bloomberg Línea — La política energética que desarrollarían Donald Trump o Kamala Harris después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos es una incógnita para diferentes analistas consultados por Bloomberg Línea.
Aunque los márgenes de reforma serían limitados tanto para el republicano como para la demócrata desde la Casa Blanca, pues enfrentarían un Congreso dividido, los enfoques de cada candidato podrían ser opuestos y profundizar los desacuerdos de cara al progreso climático global y las metas de los Acuerdos de París.
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“Trump y Harris tienen perspectivas muy diferentes sobre cómo enfocarán la política energética de Estados Unidos”, dijo Beth A. Viola, Senior Policy Advisor de la firma de abogados estadounidense Holland & Knight, a Bloomberg Línea.
Para Viola, la actual vicepresidenta seguirá impulsando nuevos proyectos de infraestructura en EE.UU., como lo ha hecho el presidente Joe Biden, con empleos bien remunerados y apostando por una transición a una economía con bajas emisiones de carbono, mientras que con el expresidente se haría “hincapié” en la independencia energética del país, aprobando más perforaciones en busca de petróleo y gas natural.
Con Harris “habrá un énfasis continuo en el despliegue de nuevas tecnologías energéticas bajas en carbono como la eólica, la solar y el almacenamiento de energía de manera significativa”, insistió Viola, mientras que Trump trabajaría “para derogar las normativas medioambientales de Joe Biden sobre el metano, el coste social del carbono y la ley de especies en peligro de extinción, que considera excesivamente gravosas para la industria del petróleo y el gas”.
¿Se mantiene el foco y cambia la estrategia?
La administración de Joe Biden, el presidente saliente, ha dado algunas señales de querer asegurar y proteger su legado de cara a la transición energética y las energías verdes.
A tan solo dos semanas de las elecciones presidenciales, Biden aprobó nuevos proyectos eólicos en el país, por miles de millones de dólares, como parte de sus políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues Estados unidos es el segundo país más contaminante en el planeta, después de China.
La transición energética es una “tendencia global”, de acuerdo con la experta y académica Clara Inés Pardo, profesora titular de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario en Colombia. “Cualquiera de los dos candidatos que gane seguirá con la misma tendencia, lo que puede cambiar es la estrategia, manteniendo las inversiones en investigación para garantizar el desarrollo tecnológico y las posibilidades de nuevas fuentes de energía”, precisó a Bloomberg Línea.
Desde su punto de vista, con un regreso de Donald Trump a la presidencia se daría prioridad a otros procesos en la transición energética, en especial si se tienen en cuenta los compromisos internacionales que ya ha adquirido Estados Unidos.
Beth A. Viola, de Holland & Knight, aseguró que a la industria le interesan tres factores: seguridad, claridad y dinero. Y en esto los incentivos de la administración Biden para una economía verde y ayudar con los compromisos climáticos del Acuerdo de París han sido importantes.
Harris continuaría esta línea, destinando recursos para aumentar la financiación pública internacional para asuntos climáticos, mientras que Trump retomaría sus iniciativas de 2017, cuando intentó retirar a EE.UU. del Acuerdo de París, y por consiguiente, no apoyaría los compromisos financieros mundiales.
El papel que jugaría América Latina
Estados Unidos tiene recursos propios destinados a la región para contribuir a la transición en las Américas, y parte de sus empresas también están desarrollando este tipo de proyectos en Latinoamérica, en una competencia directa con las empresas de China.
Es así como Francisco J. Sánchez, partner en Holland & Knight, cree que una presidencia de Trump probablemente conduciría a un uso más estratégico y específico de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina.
El DFC, en el primer mandato de Trump, fue una herramienta para promover los intereses económicos de EE.UU. y proporcionar una alternativa a las iniciativas chinas.
“En un eventual segundo mandato de Trump, este enfoque podría intensificarse con una mayor inversión en proyectos de infraestructura, energía y tecnología en la región, en particular aquellos destinados a reducir la dependencia de la inversión china”, indicó a este medio.
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Esta orientación llevaría los recursos de EE.UU. a proyectos que frenen la participación china en la región y promuevan la independencia de la cadena de suministro norteamericana, especialmente en sectores críticos como la transición energética y la tecnología, de acuerdo con el analista.
Pero tampoco descarta que el “escepticismo de Trump” hacia las iniciativas climáticas y las energías renovables podría complicar el papel de la DFC en el apoyo al sector de los vehículos eléctricos en América Latina.
Los analistas de Moody’s Ratings escribieron en septiembre que para cualquiera de los dos candidatos presidenciales fomentar la transición energética en América Latina representaría una oportunidad para que el país profundice los lazos comerciales regionales y contrarreste la influencia de China en la región.
El nearshoring, los aranceles a China y otras políticas
En sus discursos de campaña, Donald Trump ha prometido políticas arancelarias generales entre el 10% y el 20% para todas las importaciones, con posibilidad de que para los productos chinos los aranceles toquen el 60%.
“Dado que se impondría el mismo tipo arancelario a todas las importaciones procedentes de cualquier país -excepto en el caso de los aranceles más elevados dirigidos a China-, las empresas tendrían pocos incentivos para trasladar la producción de una región a otra para evitar el aumento de los costes. Aunque es poco probable que las empresas que ya operan en América Latina cambien su estrategia, la propuesta podría dar lugar a una mayor inversión china en la región”, explicó Francisco J. Sánchez, partner en Holland & Knight a Bloomberg Línea.
Los aranceles más elevados a los productos de origen chino crearían un incentivo potencial para que China busque centros de producción alternativos, en visión del analista.
Pero a la vez, esta política de aranceles de Trump “desincentivaría la deslocalización de empresas estadounidenses al elevar los costes de importación de los bienes producidos en el extranjero”, según Sánchez. “Estas políticas crean un clima de incertidumbre, lo que hace que la producción y la inversión nacionales sean una opción más atractiva y segura para las empresas estadounidenses”, añadió.
Un ejemplo citado por el experto es el de Deere & Co, fabricante estadounidense de maquinaria agrícola, que desechó su plan de trasladar la producción de Estados Unidos a México después de que Trump amenazara con imponer un arancel del 200% si resultaba elegido, lo que ilustra el efecto paralizador que tales políticas podrían tener sobre las decisiones de la relocalización.
Pero el proteccionismo no sería una política de moda desde enero de 2025. Ha sido un movimiento común en las políticas comerciales de EE.UU. y la administración Biden ha hecho uso constate de ello con China y Otras regiones.
Por ejemplo, a inicios de octubre de 2024, el Departamento de Comercio estableció aranceles preliminares a las importaciones de energía solar que llegan al país desde el sudeste asiático, tras encontrar que los equipos importados se beneficiaban de ayuda gubernamental ilegal, favoreciendo así a los fabricantes de paneles solares nacionales.
Entre tanto, para la experta Clara Inés Pardo las restricciones a las empresas chinas podría tratarse de una oportunidad, en especial para América Latina: “Si se gestiona de manera adecuada esto podría ayudar a equilibrar precios y fomentar un comercio justo en la región”.
La próxima revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que se realizará en 2026 sería la oportunidad clave para que EE.UU. aborde las preocupaciones sobre la influencia china en la infraestructura y la transición energética de la región, lo que podría resultar en el endurecimiento de las normas en torno a los requisitos de propiedad y origen, precisaron los expertos consultados.
