Bloomberg Línea — Una de las órdenes ejecutivas más destacadas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en su primer día en el cargo, la noche del lunes 20 de enero, fue la de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños cuyos padres carecen de estatus legal.
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La medida se basa en la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y establece nuevas restricciones sobre quién califica para la ciudadanía estadounidense al nacer.
Mientras firmaba la orden, Trump dijo a periodistas en la Oficina Oval que “somos el único país” con el derecho a la ciudadanía basado en el lugar de nacimiento. Sin embargo, en realidad, la mayoría de los países en el hemisferio occidental, incluidos Canadá y México, cuentan con esta política.
La orden ejecutiva indica que la ciudadanía no se otorgará automáticamente a las personas nacidas en los Estados Unidos si la madre estaba ilegalmente presente en el país y el padre no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento.
Además, también se aplicará a los niños nacidos de madres que estaban en el país legalmente pero de manera temporal, y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
Esta medida, según la administración Trump, busca proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense, asegurando que se otorgue de manera justa y conforme a la ley.
Minutos después de firmar la orden ejecutiva, una coalición de grupos de defensa de los derechos civiles y la inmigración, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP y el Caucus Asiático de Leyes, demandó a Trump en New Hampshire por sus medidas contra los inmigrantes.
¿Quiénes serán los más perjudicados?
Estados Unidos alberga la mayor población nacida en el extranjero del mundo: más de 47,8 millones de personas en 2023, según los datos más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, citados por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
Los inmigrantes representaron el 14,3% de los 335 millones de residentes de EE.UU. en 2023, cerca del máximo histórico del 14,8% en 1890.
En las últimas décadas, el número de bebés nacidos de padres sin estatus legal en los Estados Unidos ha disminuido. Según el Pew Research Center, alrededor de 250.000 bebés nacieron de padres inmigrantes no autorizados en 2016, lo que representa una disminución del 36% respecto al pico en 2007.
En 2022, el último año del que se dispone de datos, se estima que hay un total de 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados.
Sin embargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que la medida propuesta por la nueva administración afectaría a la próxima generación de niños. Se estima que 4,7 millones de niños tendrán uno o ambos padres sin estatus legal para 2050 según la política actual.
La orden ejecutiva también tiene como objetivo poner fin a la práctica del turismo de nacimiento en el país. El turismo de parto se refiere a una práctica en la que una mujer viaja a los Estados Unidos para tener un hijo en el país, quien automáticamente obtendría la ciudadanía estadounidense.
Según The Indian Express, las familias mexicanas e indias se encuentran entre el porcentaje más alto de personas que utilizan esta ruta para obtener la ciudadanía automática para sus hijos.
Por ahora, el futuro de millones sigue siendo incierto, aunque se espera que los desafíos legales desempeñen un papel crucial en la configuración de la trayectoria de la controvertida orden ejecutiva.
En última instancia, el resultado dependerá de la capacidad de los activistas, los legisladores y los tribunales para proteger a las comunidades vulnerables. “Si naciste en Estados Unidos, eres estadounidense. Eso es algo muy bueno de nuestro país y de la Constitución. Los presidentes no pueden simplemente cambiar eso”, dijo en X el senador de Arizona, Mark Kelly.
Por su parte, Theo Oshiro, codirector ejecutivo de la organización Make the Road New York, dijo en un comunicado que la ciudadanía por nacimiento “es una piedra angular de nuestra democracia. Negar a sus hijos los mismos derechos básicos que a todos los demás niños nacidos en los Estados Unidos es una afrenta a los valores básicos de justicia, igualdad e inclusión”.
