Bloomberg — La propuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de gravar con un impuesto del 100% la compra de viviendas por parte de algunos extranjeros está lejos de entrar en vigor dada la división del Parlamento del país.
El gobierno de coalición en minoría del primer ministro socialista aún no ha enviado al Parlamento la propuesta oficial de aumentar el impuesto sobre la compra de propiedades por parte de ciudadanos de fuera de la Unión Europea que no posean la residencia comunitaria. Forma parte de un paquete de medidas más amplio en materia de vivienda y aún no se ha anunciado el calendario.
Los intentos de aprobar tanto la legislación fiscal como la de vivienda en los últimos meses muestran que es probable que Sánchez tenga dificultades para ganarse el apoyo del mosaico de partidos en los que debe confiar.
El principal problema de Sánchez es que dos de los al menos ocho partidos con los que necesita negociar son grupos proempresariales de derechas que no siempre se alinean con sus políticas. En particular, el grupo secesionista catalán Junts lideró el año pasado una exitosa carga contra un intento del gobierno de cambiar el régimen fiscal de los fondos de inversión inmobiliaria.
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El primer ministro necesita el apoyo de Junts, que cuenta con siete legisladores, para aprobar cualquier ley y en diciembre ese partido catalán pidió a Sánchez que solicitara un voto de confianza. El primer ministro ha dicho hasta ahora que no lo hará, lo que dificulta el acuerdo sobre cualquier nueva propuesta legislativa hasta que se tome una decisión formal sobre ese voto.
Ni Junts ni el PNV, un partido nacionalista vasco proempresarial, han analizado aún en profundidad la propuesta del impuesto sobre bienes inmuebles a la espera de un borrador formal, según personas familiarizadas con el asunto. Ambos partidos tienen también sus propias propuestas sobre la vivienda.
Complica aún más las cosas el hecho de que el control de la fiscalidad inmobiliaria corresponde a los gobiernos regionales, no a la administración central, según un informe del Banco de Sabadell SA.
"No es evidente que la medida sea efectiva, ya que tendrá que ser aprobada por el Parlamento", dijo Sabadell en el informe. "El Gobierno debe encajar el impuesto con el régimen fiscal que, en materia de vivienda, es competencia de las administraciones autonómicas".
Otra cuestión es que otras partes del paquete de Sánchez, que según él pretende ayudar a resolver la escasez de vivienda en el país, también pueden enfrentarse a la oposición generalizada de otros partidos que tienen cada uno sus propias propuestas. Estos partidos van desde el conservador Partido Popular, que es el mayor grupo de la oposición, hasta Sumar, el socio de coalición menor del gobierno.
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