Bloomberg — China dijo que impondrá restricciones de visado a algunos funcionarios estadounidenses por su supuesta intromisión en los asuntos de Hong Kong, en una medida de retorsión que pone de relieve las crecientes tensiones geopolíticas en torno al centro financiero asiático antes de que Donald Trump asuma el cargo.
El Gobierno chino limitará los viajes del personal estadounidense que “se haya comportado de forma atroz” en asuntos relacionados con la ciudad, anunció el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín, sin precisar a quién afectará la medida ni cuándo comenzará.
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Se trata de una represalia por la promesa anterior de Washington de restringir los visados de funcionarios de Hong Kong no identificados por llevar a cabo una represión de la seguridad nacional que silenció la disidencia en la antigua colonia británica. El Departamento de Estado estadounidense amenazó por última vez con esta medida en noviembre, después de que un tribunal local condenara a decenas de destacados activistas prodemocráticos a penas de hasta 10 años de prisión.
"Instamos a la parte estadounidense a que respete la soberanía de China y el Estado de derecho en Hong Kong, y a que deje de interferir de cualquier forma en los asuntos de Hong Kong", declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una reunión informativa periódica.
La medida pretendía en parte señalar al presidente electo que Pekín devolvería el golpe ante cualquier medida estadounidense contra el país, según declaró Lau Siu-kai, consultor de la Asociación China de Estudios sobre Hong Kong y Macao, un think tank semioficial, al South China Morning Post.
Amenazas comerciales
EE.UU. amenazó con la concesión de visados ya en marzo de este año, después de que la ciudad aprobara por la vía rápida una ley de seguridad interior que, según Washington, amordaza el debate abierto en el otrora libre centro de negocios.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo entonces que el Gobierno estadounidense trabajaría con el Congreso para pedir la restauración de los derechos y la liberación de las personas “injustamente detenidas” en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020. Ese año, la administración Trump impuso sanciones económicas a la exdirigente hongkonesa Carrie Lam y a otros 10 funcionarios de la ciudad y de China por dicha ley.
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Los gobiernos occidentales han cuestionado la reciente condena de activistas como Joshua Wong y Benny Tai, que recibieron la pena más larga jamás impuesta en virtud de la ley china.
Estados Unidos también ha pedido la liberación del exmagnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, que ha estado testificando en los últimos días en su juicio de alto perfil sobre seguridad nacional.
Lai, defensor de la democracia, está acusado de connivencia con fuerzas extranjeras para imponer sanciones a Hong Kong y a funcionarios chinos, cargos que él negó. De ser declarado culpable, Lai, de 77 años, podría pasar el resto de su vida entre rejas.
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