Bloomberg — Venezuela hará todo “lo esté en sus manos” para liberar a cientos de sus ciudadanos deportados por Estados Unidos a una prisión en El Salvador, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
“Recurriremos a todos los países y relaciones bilaterales, a estrategias jurídicas”, aseguró Rodríguez en una conferencia de prensa el lunes. “Hablaremos hasta con el diablo para que los venezolanos sean devueltos a sus casas”.
La administración del presidente Donald Trump deportó a 238 venezolanos durante el fin de semana, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua. Los deportados se enfrentan a la posibilidad de ser encarcelados en el llamado Centro de Confinamiento de Terrorismo de El Salvador, en virtud de un acuerdo alcanzado entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el presidente Nayib Bukele.
EE.UU. aún no ha detallado cómo identificó a los venezolanos como miembros de la banda, que está designada como organización terrorista extranjera.
La disputa amenaza con complicar los intentos de Venezuela de conseguir el levantamiento de las sanciones a cambio de cooperar con la política de deportaciones masivas de migrantes de Trump. El gobierno del presidente Nicolás Maduro está especialmente preocupado por que Washington siga permitiendo que Chevron Corp. (CVX) opere en el país, ya que la petrolera suministra ahora alrededor del 20% de la producción de crudo de Venezuela, proporcionando una gran proporción de la moneda fuerte de la economía.
En un video de tres minutos publicado por Bukele, se muestra a los migrantes siendo arrastrados fuera de aviones y luego obligados a arrodillarse y afeitados por agentes de seguridad antes de ser encarcelados.
“Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido algún delito en El Salvador. Tampoco han cometido delitos en EE.UU. Se les ha negado el debido proceso”, afirmó Rodríguez, quien comparó repetidamente la situación de los migrantes con el Holocausto. Mientras tanto, indicó que el gobierno venezolano desaconseja viajar a EE.UU.
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Enemigos extranjeros
El sábado, Trump tomó medidas para acelerar las deportaciones invocando poderes rara vez utilizados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto empleado anteriormente para justificar el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno Trump insistió el lunes en que no había desafiado a un tribunal, alegando que la orden judicial de detener el vuelo a El Salvador se emitió después de que los migrantes ya habían abandonado territorio estadounidense. La Casa Blanca afirmó que el presidente tiene la autoridad constitucional para dirigir los asuntos exteriores y “repeler una invasión declarada”.
Rodríguez no dio detalles sobre el acuerdo alcanzado la semana pasada, según el cual EE.UU. reanudaría los vuelos de deportación a Venezuela. Los vuelos se habían suspendido inicialmente tras la decisión de Trump de revocar la licencia de Chevron para operar en el país.
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