Caracas — Los aumentos mensuales de los bonos sociales asignados a través de la plataforma Patria se han convertido en una sostenida estrategia del gobierno de Nicolás Maduro, que cumple 19 meses sin ajustar el ingreso mínimo de los trabajadores.
El último incremento del salario mínimo fue en marzo del año pasado, cuando la administración chavista lo estableció en medio petro, la criptomoneda venezolana, que al tipo de cambio oficial en ese momento representaba US$29. En medio de la acelerada pérdida del valor del bolívar, actualmente el monto se ubica en menos de US$4 al mes.
Los empleados de la administración pública así como jubilados y pensionados resultan los más afectados con esta cifra, pues desde el sector privado se ha hecho un esfuerzo por brindar seguridad laboral y poder adquisitivo a sus trabajadores, con un promedio salarial de US$160 al mes según un reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas en julio.
En mayo se esperaba un incremento como ha ocurrido en años anteriores por conmemorarse el Día del Trabajador. Sin embargo, Maduro optó por anunciar ajuste en el monto del cestaticket, como se le conoce a la bonificación de alimentación, y aumento del bono contra la guerra económica en distintas escalas.
La decisión también incluía su indexación en divisas según el tipo de cambio en el mes. Aún así, ninguna de las dos bonificaciones tienen incidencia salarial.
Desde el año pasado, y luego del último aumento, el Ejecutivo ha establecido continuamente ajustes en los bonos sociales que van desde 4,25% -como el aplicado este octubre-, hasta más de 60% como se dio a finales de 2022.
Igualmente ha incorporado nuevos beneficios como el denominado “El Esequibo es de Venezuela”, que representa US$4,10 o el bono de corresponsabilidad y formación, calculado en US$230.
A través de la plataforma Patria, el gobierno también asigna cupos para el acceso a la gasolina, monitorea un registro sanitario de vacunación y anteriormente organizaba la data por estatus económico de cada uno de los usuarios y familias registradas.
Maduro ha mencionado repetidamente que cuentan con más de 18 millones de venezolanos inscritos en el sistema, cuyo portal digital se ha convertido en uno de los más visitados en el país. No obstante, muchos no reciben todas las bonificaciones mientras otros han denunciado haber sido excluidos así como limitados de cupo.
Desde firmas consultoras, como Síntesis Financiera, se hace referencia a los intentos de la administración de Maduro por controlar y reducir el gasto público evitando un ajuste salarial.
Mientras tanto se mantienen las mesas técnicas entre sindicatos, funcionarios del oficialismo y representantes de la Organización Internacional del Trabajo en el país. A partir de ellas se han manejado expectativas sobre un eventual incremento del salario antes del cierre de año, y de cara a las elecciones presidenciales del príxmo 2024, en las que Maduro buscará su reelección para un tercer mandato.
Las proyecciones de crecimiento económico en Venezuela se redujeron este año, luego del incipiente repunte de 2022, con un cierre de aumento del Producto Interno Bruto en 15% según cifras oficiales. Maduro ha atribuido la caída a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela, pese a que se han generado algunas flexibilizaciones.
Sus más altos funcionarios, como la ministra de Educación, Yelitze Santaella ha pedido al gremio esperar mejores condiciones económicas en el país para un aumento, descartando así un próximo ajuste.
