Bloomberg Línea — El Bono Contra de Guerra Económica es uno de los beneficios entregados cada mes por el gobierno venezolano a través de la plataforma Patria.
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El monto asignado varía dependiendo de si la persona es un trabajador público activo, si es jubilada del sector público o de si es beneficiaria de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
La entrega de este bono se realiza la segunda quincena de cada mes.
Luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciara un incremento de US$30 indexados al ingreso mínimo integral, para ubicarlo US$130 mensuales, surgió la inquietud entre la población sobre cuáles bonificaciones serían aumentadas.
Aunque el mandatario no ofreció detalles sobre esta medida, el exministro de Trabajo y diputado chavista, Francisco Torrealba, explicó en X que el llamado Bono de Guerra Económica para trabajadores activos pasará de US$60 a US$90, mientras que el de alimentación (Cestaticket) sigue en US$40.
No obstante, el legislador no ahondó si habrá un beneficio para jubilados y pensionados. Hasta ahora, el Bono de Guerra Económica para pensionados se ubica en US$25 y el de jubilados en US$70.
Desde marzo de 2022, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares o US$3,5 al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Ese mismo año, el gobierno de Maduro creó el Bono Contra la Guerra Económica que solo beneficia a empleados de la administración pública.
Gremios rechazan estas medidas, debido a que ni el cestaticket ni los bonos gubernamentales tienen incidencia en las prestaciones sociales, ni otros beneficios que por ley debe recibir la clase trabajadora.
El presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital, Pedro García, dijo a medios nacionales que el reciente incremento en el bono de Guerra Económica “es una continuación de la política de destrucción del salario”.
En tanto, el jueves 2 de mayo, diputados del oficialismo presentaron ante la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, una propuesta de ley de protección de pensiones, que obligará al sector empresarial a dar un aporte único mensual, de acuerdo con sus ingresos netos, para proteger a los pensionados.
