Bloomberg Línea — Alejandro Ojeda* ya cumplía tres meses desde que salió de su casa en Cupo, una pequeña población hacia el centro-oriente venezolano. En México, sus intenciones eran continuar esa espera mientras el parole humanitario procedía. Cinco notas de voz cargadas de amenazas aceleraron la decisión de entregarse a las autoridades de Estados Unidos.
Ya había pasado 17 días atravesando la selva de Darién, que comunica Colombia con Panamá, donde se ven grupos de entre 50 y 100 venezolanos haciendo lo propio en una arriesgada travesía, que a pesar de los riesgos y normativas impuestas por los países involucrados, incluyendo EE.UU. -visto como el destino final-, cada mes aumentan más las cifras migratorias.
Pero los excesos no quedan solo allí. Las piraguas -como se les conoce a los cobradores de paso- o coyotes -guías de la ruta- en el resto del recorrido a pie, en autobús, lancha y hasta el techo de un tren, se han sumado al alto costo del traslado, y al pecado que causa no cumplir con los pagos requeridos o denunciar una falta de respuesta luego de haberlos hecho.
El joven de 38 años ya había gastado un total de US$1.100 desde que salió de Venezuela hasta llegar a Ciudad de México. Luego pagó a un coyote 3.800 pesos mexicanos (US$220), con el fin de que lo llevarán hasta el puente fronterizo de El Paso, que comunica con Texas. Esto último no ocurrió, y aunque no pensaba decir nada, lo comentó con otros del grupo que sí reclamaron a los “guías”.
Las amenazas llegaron al día siguiente. Al menos ocho notas de voz tenía Alejandro en un chat de WhatsApp con uno de los coyotes involucrados. Le llamaban “sapo”, “mentiroso”, y demás. Aseguraban que le cortarían la lengua y después desaparecían su cuerpo. Esto impulsó al joven venezolano a tomar la decisión de entregarse a las autoridades estadounidenses en El Paso para optar por la medida de “temor creíble”, que establece una detención de al menos 9 días.
“De acuerdo con las estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá, unas 248 mil personas cruzaron la selva de Darién en 2022, de las cuales un 61% eran de nacionalidad venezolana. Actualmente, según la información reportada por las autoridades, este año más de 270 mil personas han realizado este peligroso trayecto, siendo un 57% venezolanos”, comenta Margarida Loureiro, representante adjunta de la Oficina Multipaís del ACNUR en Panamá, consultada por Bloomberg Línea.
La especialista relata parte de las conversaciones que sostuvieron con algunos de estos migrantes, entendiendo la decisión tomada, que radica principalmente en la falta de oportunidades laborales, el acceso limitado a los alimentos y servicios médicos, y la inseguridad, amenazas o intimidación.
Loureiro hace también referencia a los riesgos en el recorrido, que además de las dificultades propias del terreno montañoso, incluyendo ríos con fuertes corrientes, incluye las amenazas tras hechos de fraude, como el caso de Alejandro. Y es que uno de cada tres venezolanos reportó a Acnur haber experimentado abuso o maltrato en la selva, amenazas e intimidación (34%), robos (19%) y abuso sexual (6%).
Aun así, como bien lo expresan los datos aportados por la Oficina Multipaís, el número de venezolanos lejos de detenerse o disminuir, ha crecido en el último año, a pesar también de las normativas y esfuerzos por parte de las autoridades de Estados Unidos y México.
En octubre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció una medida de expulsión, llevada a cabo bajo el Título 42, un decreto de salud pública que fue creado durante el gobierno de Donald Trump al principio de la pandemia por covid-19. Los venezolanos que ingresaran a ese país sin autorización serían devueltos a México.
La decisión estuvo acompañada de un programa que permitiría a 24.000 venezolanos ingresar a través de un proceso legal y seguro, en el que se demostrará el respaldo de un patrocinador en EE.UU. que les brindará apoyo financiero. Hasta abril de este año, unos 32.000 venezolanos habían hecho uso de este parole humanitario, el que entrará en proceso de discusión en agosto sobre su continuidad.
“Solo el 8% de los venezolanos entrevistados durante 2023 reportó tener un pasaporte válido, una barrera significativa para que esta población pueda acceder a vías regulares como el Parole Humanitario de Estados Unidos”, agrega Loureiro en el contacto con BBL, sobre los otros obstáculos para esta población migrante, que sin embargo no hace mella.
Para la profesora Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, esto refleja la presión económica que se mantiene en Venezuela, y que se ha agravado en los últimos meses.
“Estamos monitoreando grupos de migrantes que se están encontrando en Táchira para cruzar a Colombia y suman otros grupos más para salir a Estados Unidos por el Darién. Son grupos de entre 30 y 40 personas y a veces muchos más, de hasta 80. Eso significa que las razones que ha producido la migración forzosa se mantiene. Hay mucha pobreza, pocas oportunidades laborales”, dice en conversación con BBL.
Pérez también destaca cómo la cifra de fallecidos en este camino migratorio es comparada con las posibilidades de llegada por quienes lo emprenden. “Pueden haber condiciones adversas, pero la cuenta que sacan los migrantes es que son condiciones que pueden ser controladas. No es lanzarse al suicidio, es que que hay una alta posibilidad de llegar al otro extremo vivo, claro, puede llegar con mucha dificultades”, agrega.
A juicio de la investigadora, el colapso migratorio en Suramérica refleja además un factor importante en la toma de estas decisiones. Por ello considera que realmente las acciones estructurales, en materia social y económica, incluso cambios de gobierno, son las que pueden frenar estos procesos vertiginosos.
“Las medidas tomadas por organismos internacionales resultan paliativas mientras tanto”, apunta.
*La identidad real del protagonista de esta historia fue reservada por medidas de seguridad.
