Bloomberg Línea — El Esequibo, un territorio que se acerca a los 159.500 kilómetros cuadrados de extensión y que se ha denominado también como la ‘Guayana Esequiba’, es un territorio en disputa entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Guyana.
Esta ‘zona de reclamación’, como incluso ha pasado a llamarse en algunos mapas geográficos de Venezuela, recobró su relevancia en abril de 2023, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó las objeciones de Venezuela en la disputa por este territorio y señaló que el tribunal procederá a audiencias de fondo para resolver el conflicto.
Para estas discusiones, que están en curso y no tienen todavía una fecha estimada de realización de audiencias, la CIJ, que está involucrada en el caso desde 2018, deberá contemplar dos argumentos: el primero, el que defiende la República de Guyana sobre un límite territorial establecido en 1899 en una corte de arbitraje en París; el segundo, el de Venezuela, que alega que es a través del Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido, el que establece bases para una solución negociada y que desconoce el tratado anterior.
La reclamación de Venezuela sobre el Esequibo
Fue en 2015, cuando el descubrimiento de yacimientos petroleros en las aguas de este territorio por parte de Exxon Mobil Corp. (XOM) avivó la disputa, que se remonta a casi dos siglos atrás. La compañía encontró un equivalente a 11.000 millones de barriles de petróleo y gas en el mar a unos 190 kilómetros de la costa. Desde entonces, algunos de estos recursos ya están siendo explotados y son la razón por la que la República de Guyana ha sido llamada el ‘Milagro sudamericano’, pues ha aumentado exponencialmente su Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos años.
Fue así como Venezuela regresó a la reclamación por la Guayana Esequiba, señalando que el método correcto era el Acuerdo de Ginebra, que “traza una hoja de ruta convenida entre ambas partes para alcanzar una resolución pacífica a la controversia, a través de la negociación política”, según ha señalado en diferentes comunicados, aunque la CIJ, por ahora, rechazó las objeciones.
El PIB de Guyana, producto de la abundancia de materias primas explotadas en los últimos años creció 43,5% en 2020, 20,1% en 2021, 57,8% en 2022 y, según estimaciones del FMI, podría alcanzar el 37,2% en 2023.
En septiembre, el gobierno de Nicolás Maduro reiteró su disposición de participar en un encuentro de alto nivel, promovido por la Comunidad del Caribe (Caricom), para que “en un ambiente de amistad, respeto mutuo y buena vecindad” se continuara con las negociaciones previstas en el Acuerdo de Ginebra, pero Guyana se negó a las pretensiones.
El presidente de la República de Guyana, Irfaan Ali, dijo el pasado sábado 30 de septiembre que esta controversia se deberá resolver en la CIJ, a través de un comunicado, negándose al diálogo, al tiempo que se rechazó las acusaciones de la administración de Maduro en las que se dijo que Guyana se había convertido en “títere” de las empresas petroleras y en una base militar de Estados Unidos para “amenazar a Venezuela”.
El descontento venezolano
En los últimos años, la administración de Maduro ha sido enfática en detallar que el Esequibo encierra recursos naturales estratégicos como la bauxita, oro, diamantes y manganeso, y también se habla de uranio, petróleo y gas natural, los últimos dos siendo ya explotados.
Pero ante la negativa para establecer un diálogo binacional, Venezuela emitió un comunicado a inicios de octubre en el que tildó al gobierno de Guyana de “subalterno” y “rehén de la transnacional Exxon Mobil, la cual le prohíbe retomar el diálogo soberano con Venezuela”.
Incluso, en las últimas semanas, el gobierno ha convocado marchas, eventos y espacios en medios de comunicación en “defensa del Esequibo”.
Además, se dijo que el país no reconocerá las determinaciones del tribunal con sede en La Haya, la CIJ, explicando que “la República Bolivariana de Venezuela reitera que no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia, ya que este excluye la naturaleza y objeto del Acuerdo de Ginebra que debe alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas Partes mediante”.
Según Venezuela, el gobierno de Guyana ha desplegado una serie de acciones “ilícitas” para disponer de áreas marítimas que están pendientes de delimitación, otorgando licencias de exploración en dichas áreas y perturbando la “paz regional”.
El FMI estimó en 2022 que el PIB per cápita de República de Guyana (establecida en gran parte en el Esequibo) podría ser de US$ 9.000.
