Bloomberg — La estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA comenzará a cobrar por un tipo de combustible que anteriormente entregaba de forma gratuita en su búsqueda por eliminar gradualmente los subsidios, y ayudar al Gobierno a detener pérdidas de millones de dólares y recaudar el efectivo que necesita con urgencia.
A partir del jueves, Venezuela aumentó el precio del diésel para las empresas a US$0,32 por litro, luego de entregarlo gratis por tres años, según personas familiarizadas con la situación y documentos vistos por Bloomberg. Los subsidios al diésel seguirán vigentes para las instituciones de salud, según los documentos. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La medida revierte una política de PDVSA vigente desde 2020 que eximía del pago a las empresas que necesitaban el combustible para alimentar las centrales eléctricas, en medio de apagones masivos, hiperinflación galopante y escasez de combustible.
A pesar de tener las reservas de crudo más grandes del mundo, las refinerías de Venezuela no pueden satisfacer la demanda interna de combustible debido a años de desinversión, mala gestión y, últimamente, sanciones de Estados Unidos a su industria. Los venezolanos han sufrido durante años la escasez de combustible y, en algunas zonas del país, los conductores pasan largas horas o incluso días en fila para obtener gasolina. Aquellos que pueden permitirse precios más altos están pagando el equivalente a US$3 por litro en el mercado negro.
PDVSA no cobraba por el combustible en sus plantas de distribución a los intermediarios privados, pero les dejaba cobrar tarifas de transporte y fletes a los clientes finales. El nuevo precio de aproximadamente US$1 por galón es el primer aumento del combustible subsidiado para las empresas desde junio de 2020. Luego, el Gobierno revocó una política de décadas de venta de gasolina barata a los conductores y al transporte público, que la hacía una de las más baratas del mundo.
Incluso después del aumento del jueves, un galón de diésel en Venezuela todavía costará solo una cuarta parte de la tarifa actual en EE.UU. o la mitad de lo que cuesta en Colombia. Aun así, revertirá millones de dólares en pérdidas y proporcionará dinero fresco al Gobierno.
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