La oposición venezolana está intensificando sus presiones en Washington, en un intento de persuadir a la administración Biden para que intervenga en la venta ordenada por un tribunal de la empresa matriz de Citgo Petroleum Corp. en Estados Unidos.
La empresa es el activo extranjero más importante de Venezuela y sus acciones deben subastarse antes del 15 de julio. La oposición teme que Nicolás Maduro los culpe de la pérdida de Citgo antes de las cruciales elecciones presidenciales previstas para finales del próximo mes.
El panorama de #CITGO en el tablero jurídico internacional es complejo, pero desde la Junta Administradora de PDVSA Ad Hoc tenemos el compromiso inquebrantable de seguir el camino que permita llegar a una solución que resulte favorable para todos los venezolanos.
— PDVSA AD HOC OFICIAL (@PDVSA_AdHoc) June 5, 2024
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Por ello, la junta ad hoc designada por la oposición, que representa a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los tribunales estadounidenses, está buscando el apoyo en el Congreso para adoptar medidas que podrían salvaguardar el activo de los acreedores.
En una carta enviada el miércoles a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y al fiscal general, Merrick Garland, un grupo bipartidista de legisladores insta a la Administración a “impedir la continuación del proceso de venta a través de sus poderes económicos, revocar su política favorable de emisión de licencias en relación con la venta anunciada en mayo de 2023″ y establecer un proceso alternativo “equitativo y ordenado” para resolver los reclamos contra el Gobierno de Venezuela y PDVSA.
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Las representantes Debbie Wasserman Schultz y María Elvira Salazar, demócrata y republicana de Florida respectivamente, son coautoras de la carta. Otros firmantes son los representantes demócratas Joaquín Castro, Robert Menéndez, Jared Moskowitz, Darren Soto y Susan Wild, así como a Carlos Giménez y Michael Waltz del ala republicana de la Cámara.
La carta es un esfuerzo de último minuto para evitar la venta de la matriz de Citgo, PDV Holding, que es el objetivo de decenas de acreedores para saldar más de US$20.000 millones en reclamos contra Venezuela. El proceso, iniciado por una empresa minera canadiense cuyos activos fueron expropiados por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez, está a cargo del juez de distrito Leonard Stark en Delaware. La próxima semana se realizará una ronda final de ofertas.
La junta administradora ad hoc de PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. Hace dos semanas, Horacio Medina, jefe del grupo designado por la oposición, visitó la capital estadounidense para reunirse con miembros del Congreso y obtener apoyo ante la proximidad de la venta de acciones y las elecciones venezolanas.
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“El momento es increíblemente estúpido. Es un regalo para Maduro”, señaló Elliott Abrams, exenviado especial de la Casa Blanca para asuntos de Venezuela, en una publicación en un blog realizada el domingo. “Las demandas están desde 2017. ¿Deben terminar días antes de las elecciones en Venezuela?”.
Los firmantes de la carta expresaron su preocupación por las posibles consecuencias que podría tener la venta de Citgo en la transición de Venezuela a la democracia. También dijeron que proteger el activo del embargo sirve a los objetivos de seguridad regional de EE.UU.
La junta ad hoc de PDVSA, así como un comité político encargado de proteger los activos extranjeros de Venezuela, han estado luchando en los tribunales sin mucho éxito para mantener el control de la matriz de Citgo, al tiempo que intentan resolver algunos de los reclamos más urgentes para impedir que se lleve a cabo la venta. Incluso han considerado la posibilidad de declararse en quiebra bajo el Capítulo 11 como una forma de retrasar la pérdida del activo.
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