Bloomberg Línea — A pesar de que la diáspora de venezolanos en el mundo es de unas 7,7 de millones de personas, según la ONU, para las elecciones a la Presidencia convocadas para este domingo 28 de julio solo 69.211 de ellos están habilitados para votar en el exterior, menos de los 110.000 contabilizados en los comicios del 2018.
“Menos del 1% de la población migrante venezolana estará habilitada para votar el domingo y eso se debe principalmente a las trabas que puso el régimen para poder inscribirse en el proceso electoral”, dijo a Bloomberg Línea la académica venezolana Nastassja Rojas, radicada en Colombia.
En Colombia, de cerca de 3 millones de venezolanos contabilizados, solo están habilitadas unas 7.000 personas para votar, de acuerdo a cifras del movimiento político opositor Vente Venezuela y reforzadas también por Nastassja Rojas.
En su experiencia personal, Rojas relató que “fue de las pocas personas” que pudo lograr cambiar su centro de votación, pero “no fue nada fácil y en el proceso “veía las trabas que le ponían a la gente”.
Dijo que las autoridades electorales venezolanas solicitan demostrar que se está en el país con algún documento de residencia permanente, es decir, “mostrar que se es un migrante con vocación de permanencia”.
Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano “no admitieron como documento el Permiso por Protección Temporal (PPT)”, pese a que es una identificación para la regularización de los migrantes en el país.
“El régimen venezolano decidió que eso no era un documento válido. Entonces ya solamente con eso quedan excluidos en el caso colombiano una gran parte de la población (venezolana). Entonces exigían o tener doble nacionalidad o unos tipos de visado muy específicos que realmente son muy pocas personas las que los tienen”, dijo.
En el caso de las personas con doble nacionalidad, dijo que también se han registrado problemas con el pasaporte vigente, “algo que también es muy difícil para la mayoría de las personas en este momento. Primero, porque para todo el tema migratorio la base de datos no está actualizada”.
“Hay personas que se van por vía terrestre, y como en su momento no contaban con pasaporte o salieron durante la pandemia, no tenían la salida migratoria registrada o la salida migratoria desapareció del sistema. Entonces, tú no podías hacer el proceso de renovación del pasaporte fuera del país, te toca al interior del país”, recalcó.
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Rojas también se refiere a los costos asociados a los pasaportes, cuyo trámite estima en más US$300, un monto con el que “la mayoría de la población no cuenta”. Además, hay que disponer de la cédula para poder sacar el pasaporte y votar el domingo, pero el proceso para obtenerla solo se puede hacer en Venezuela.
“Entonces, digamos que con todas estas trabas, como de procedimiento de documentos y además económicas, sabían que muchísima parte de la población iba a quedar por fuera, sobre todo en países como Colombia, y eso llevó precisamente a esta cifra que tenemos hoy”, remató.
La transparencia en las elecciones está en la mira de la opinión pública luego de que se vetara a la misión de observación electoral de la Unión Europea para los comicios. Asimismo, por las dificultades que tuvo la oposición para inscribir a sus candidatos y que sacó de carrera María Corina Machado y posteriormente a su sucesora Corina Yoris.
En este escenario, González Urrutia fue ratificado en abril pasado como candidato de la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Se estima que en Venezuela unas 21,6 millones de personas están llamadas a votar este domingo para las elecciones a la Presidencia.
Martha Lucía Márquez, doctora en Ciencias Sociales y profesora de la Universidad Javeriana en Colombia, dice a Bloomberg Línea que “al interior de Venezuela puede haber presión para que los empleados públicos no voten o voten a favor de (Nicolás) Maduro. La presión se puede dar obligándolos a que le tomen una foto al voto”.
Asimismo, advierte la directora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) sobre otras posibles estrategias como el amedrentamiento, por ejemplo, “que salga la Fuerza Armada nacional bolivariana a la calle”.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el partido del opositor Edmundo González Urrutia, ha dicho que dispondrá de 600.000 voluntarios que “defenderán el voto” en las mesas de votación, pero el resultado definitivo lo emitirá el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es controlado en la actualidad por el chavismo.
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