Bloomberg — Venezuela tiene una deuda estimada en unos US$154.000 millones con acreedores extranjeros, incluyendo bonos globales emitidos por el Gobierno, préstamos con organismos multilaterales y varios Estados y juicios legales pendientes, por lo que ha contratado a la firma Rothschild & Co. para tener asesoría financiera sobre estos compromisos, informó Bloomberg.
El Gobierno de Nicolás Maduro estaría dando señales con la reestructuración de la deuda de que quiere volver a integrar a su país en los mercados financieros globales, en medio de mejores expectativas para su economía. Las proyecciones de organismos como el FMI apuntan a que la economía venezolana crecería este año un 4%, por encima del promedio regional de Latinoamérica del 2%.
Desde el FMI indicaron a Bloomberg Línea que la proyección para 2024 supone una leve recuperación de la producción de petróleo y una tasa de inflación que continúa disminuyendo, pero “sigue siendo relativamente alta y volátil”.
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No obstante, se enfrenta nuevamente a la retomada de sanciones económicas por parte de EE.UU. ante las dudas que deja el proceso democrático de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El incumplimiento de Venezuela con sus compromisos financieros comenzó en 2017 en medio de la crisis económica en el país, lastrado además por la caída de la producción de crudo.
La complejidad de la deuda venezolana se compara solo con el caso de Irak, luego de la invasión de EE.UU. al país en 2003.
Los mayores acreedores de Venezuela
Dentro de la deuda venezolana, el grupo más representativo hasta ahora son los tenedores de bonos, luego de un incumplimiento de más de seis años, que derivó en compromisos por unos US$67.000 millones, de acuerdo a cifras de Bloomberg con base a un desglose realizado por el economista Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver.
A este grupo le sigue China, un socio estratégico del país sudamericano que ha aumentado su influencia en Latinoamérica a través de los proyectos de cooperación enmarcados en la iniciativa de la Ruta de la seda, pero también por medio de la financiación de proyectos.
Justamente, una delegación venezolana viajó a China esta semana para avanzar en desarrollo compartido de la Zona Económica Especial Agroalimentaria de Oriente (ZEEAO), con la provincia de Shandong.
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Los compromisos de Venezuela con el gigante asiático se estiman en los US$13.100 millones. Le siguen las deudas por US3.400 millones con Rusia y Brasil, y las adquiridas con los organismos multilaterales.
Durante la pandemia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo por US$5.000 millones para tomar acciones contra el coronavirus, pero el organismo le negó dicha pretención al señalar que “no estaba en condiciones de considerar la solicitud” ante la falta de reconocimiento de su Administración por los países miembro.
En 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suspendió los préstamos para Venezuela luego de que se retrasara con los pagos de un compromiso por US$88,3 millones. Para entonces, se estimaba que la deuda total con ese organismo era de US$2.011 millones.
En diciembre de ese mismo año, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF le otorgó un préstamo al Banco Central de Venezuela por US$500 millones “para mitigar riesgos de liquidez y brindar apoyo macroeconómico”.
En agosto del pasado, Maduro dijo que en su reunión con el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, hablaron “del financiamiento de importantes proyectos para Venezuela vinculados a la infraestructura, a la educación, a la cultura”.
Otras deudas importantes del país sudamericano se derivan de laudos arbitrales, estimados en unos US$23.200 millones.
Por ejemplo, Venezuela mantiene un litigio con el Banco de Inglaterra para intentar recuperar el control de más de 30 toneladas de oro, cuyo valor se ha estimado en los US$1.900 millones depositados en sus arcas.
No obstante, el año pasado un tribunal de Londres desestimó un recurso del Gobierno de Nicolás Maduro contra un fallo que le otorgó a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino del país y luego fue retirado por la misma Asamblea Nacional (2019-2022), el control de esos recursos.
El Tribunal de Apelación de Londres dictaminó que una corte comercial deberá definir el futuro de esos activos, dado que Guaidó ya no está en el cargo por el que fue reconocido por varios Gobiernos en el mundo, incluido el Reino Unido en su momento.
Dentro de la categoría de otras deudas hay compromisos pendientes de Venezuela por US$13.000 millones y en notas locales estos ascienden a US$30.100 millones.
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