Caracas – Las importaciones en Venezuela representan el 45% del consumo de acuerdo a las últimas cifras de la Encuesta de Coyuntura Industrial desarrollada por Conindustria. Luigi Pisella, al frente de la Confederación de Industriales desde 2021 ha solicitado constantemente que la competencia sea leal, en beneficio de los sectores venezolanos.
El precio se ha convertido en el rey, y Pisella lo reconoce. De allí parte que los consumidores se decanten por los productos importados, que resultan más económicos en medio de las exoneraciones de impuestos que han sido determinadas por el Ejecutivo venezolano desde 2018.
El gremio manufacturero venezolano ha compartido sus propuestas en las continuas reuniones que sostienen con los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, donde se ha hablado de una capacidad ociosa en el sector de 70%. Y aunque este diálogo no ha sido a la velocidad ideal, Pisella considera que ha brindado avances.
“Logramos la Ley de Armonización Estatal y Municipal, hicimos una campaña de ilícitos apoyada y hecha en conjunto, está por conformarse el Estado Mayor Anticontrabando. Otro particular ha sido el decreto de exoneración de productos terminados que arrancó con 8.000 y tantos códigos, y hoy está en 1.700, en ello se ha avanzado, pero nosotros queremos que eso llegue a cero”, explica Pisella en entrevista con Bloomberg Línea.
Asegura que los industriales en Venezuela no rechazan las importaciones, pero sí consideran que es una materia en la que se debe avanzar y mejorar, como en el caso de los denominados envíos puerta a puerta.
“Es fundamental corregir los desequilibrios y que la inflación vaya cediendo. Nosotros seguimos insistiendo, estamos acá para para eso, porque sabemos que tenemos todos los recursos naturales, que podemos sostener un crecimiento de dos dígitos”, agrega Pisella.
Desde Conindustria y firmas financieras en el país se cree que en el último trimestre de este año, la economía reflejará niveles de crecimiento, que aunque podrían ser insuficientes para contrarrestar la caída de los primeros meses tras el leve repunte del año pasado, representará alivio para el sector comercial e industrial.
Actualmente existen unas 2.200 empresas operativas que se mantienen en el rango de estabilidad, de acuerdo a las estadísticas del organismo, que aplaude el haber superado una utilización promedio de 19%, ubicándose en un 31.7%.
“Hablamos de recuperación, de corrección. Durante siete años perdimos 75% del Producto Interno Bruto y entonces ahora lo que queremos es ir recuperando”, apunta el presidente de Conindustria, al recordar además la labor de incidir en políticas públicas.
Considera que el acercamiento entre los representantes de Conindustria, Fedecámaras y otros gremios con la administración de Maduro ha sido positivo y ha resultado ser un proceso más consciente y claro que a los ocurridos anteriormente, cuando las tensiones entre ambos no permitía el desarrollo de un diálogo real.
Los niveles de exportación de la industria cerraron en US$2.800 millones, y si bien se considera un progreso, la cifra resulta baja frente a los ingresos petroleros que representan US$25.000 millones. “Te das cuenta de que solamente estamos generando a nivel de flujo y en dólares apenas el 10% de lo que genera la industria petrolera, si lo vendieran y lo cobraran todo”, agrega Pisella.
Las correcciones que pide el gremio al gobierno apuntan a mayor operatividad de la industria para poder sumar esfuerzos en exportaciones e incrementar los ingresos del país. Pero a la par, la cúpula empresarial también aboga por una flexibilización de sanciones económicas, tomando como premisa el impacto que tendrá en la actividad económica.
“La flexibilización de las sanciones va a ayudar en la misma medida que esa flexibilización de las sanciones ayuda a que la parte económica fluya. A nivel petrolero, va a permitir que hubiese mayor ingreso que permita controlar el déficit fiscal y la inflación”, comenta el presidente de Conindustria.
A su juicio, esta medida que podría impulsar la administración de Joe Biden como parte del esfuerzo de su gobierno porque se retomen las negociaciones entre los sectores políticos venezolanos, permitirá atender otros factores que también comprometen la industria.
“Para solucionar los servicios públicos tienen que flexibilizarse las sanciones. Quieres reparar una turbina en el Guri y no tienes acceso porque estás sancionado, o quieres recuperar una refinería pero da la casualidad que esas refinerías se hicieron con empresas que estarían sancionadas si envían los repuestos”, dice Pisella, quien asegura que en la garantía del éxito económico, el alivio de sanciones es un paso en la dirección correcta.
