Bloomberg Línea — Más de 58.000 venezolanos han sido calificados para viajar a Estados Unidos en los primeros seis meses desde que se anunció el parole humanitario, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El programa que ofrece 30.000 cupos mensuales para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cuenten con un patrocinador económico en Estados Unidos y cumplan con otros criterios de elegibilidad, fue implementado a principios de año por la administración del presidente Joe Biden como parte de los esfuerzos para abordar el flujo de migración irregular en la frontera.
Al ser una medida temporal, el permiso de permanencia se otorga por un periodo que no excede de un año. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) especificará el periodo necesario para que cumpla el propósito del permiso tal como se indica en la parte 3 del Formulario I-131.
El parole humanitario puede terminar en dos momentos: la finalización dependerá de la fecha en la que culmina el plazo del permiso o si el beneficiario sale de EE.UU.
Este programa de libertad condicional humanitaria será examinado en un caso judicial que comenzará el 24 de agosto, por lo que hasta en esa fechas las personas tendrán para aplicar al mismo.
El futuro del programa
El juez federal que presidirá el caso, Andrew Drew Tipton, ha fijado la fecha para la demanda presentada por 21 fiscales generales de estados gobernados por el Partido Republicano.
Estos estados, que incluyen Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wyoming, han presentado una queja de 39 páginas ante el tribunal de Victoria.
Los demandantes argumentan que el DHS, bajo el pretexto de evitar que los extranjeros crucen la frontera ilegalmente entre los puertos de entrada, ha creado efectivamente un nuevo programa de visas sin las formalidades legislativas requeridas aprobadas por el Congreso.
Los demandantes afirman además que el poder de libertad condicional del DHS es “excepcionalmente limitado” y advierten que ha sido restringido por el Congreso “varias veces y solo puede usarse caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”.
A pesar de estas limitaciones, los estados que se oponen al programa humanitario argumentan que el plan del DHS permite a los extranjeros obtener una autorización anticipada para ingresar a los Estados Unidos, incluso si no existe otra base legal para hacerlo.
Asimismo, sostienen que el programa de libertad condicional del DHS no cumple con cada uno de los tres factores limitantes de la ley: no es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo.
El veredicto final sobre el programa humanitario de Biden se espera en las próximas semanas o meses, tras la conclusión de las audiencias judiciales programadas por el tribunal de Victoria.
En un escenario que los 21 estados ganan la demanda, se prohibiría la implementación del programa de Parole Humanitario y este programa se declararía ilegal.
