Bloomberg Línea — Venezuela sostiene una política de subsidios (bonos) y subvenciones que le ha permitido a la Administración chavista consolidar un férreo apoyo en ciertos sectores populares con ayudas como el denominado Bono de Guerra Económica, pero las presiones fiscales del país sudamericano hacen que este andamiaje sea cada vez más difícil de cargar para el Gobierno entrante a medida que más ayudas se desmontan.
“La dependencia del Estado le ha hecho mucho daño al venezolano. Al venezolano más bien tiene que liberársele su capacidad productiva, con la educación, con el emprendimiento y creando un clima apropiado para el establecimiento de negocios pequeños y grandes que les permitan insertarse en un mercado de trabajo formal”, manifestó en entrevista con Bloomberg Línea el economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) José Guerra.
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En su opinión, el enfoque de la política social tiene que dirigirse más bien a crear capacidades en los venezolanos para que puedan educarse mejor, lo que denominó como “el gran subsidio a la educación pública, para que puedan capacitarse, adquirir habilidades para trabajar y en consecuencia lograr conseguir un trabajo y un salario decente”.
Estas ayudas o bonos “se han utilizado más como una herramienta para generar clientelismo” en Venezuela, en donde este tipo de instrumentos ni siquiera logran cubrir las demandas de las poblaciones más vulnerables en el país, dijo a Bloomberg Línea la académica venezolana Nastassja Rojas.
La adopción del denominado Carnet de la patria durante la Administración de Nicolás Maduro como un supuesto instrumento para la focalización de las ayudas sociales, también ha sido señalado como un mecanismo de control social y político, especialmente para coaccionar a los electores durante los comicios a la Presidencia.
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La politóloga e internacionalista señala que si bien varios de estos instrumentos han sido atados al salario mínimo, no tienen impacto en las prestaciones sociales y, por lo tanto, señala que no son bonos o subvenciones que puedan apuntar a un crecimiento económico para el país.
“No creo que el oficialismo vaya a reconocer una derrota, pero si la oposición llegara al poder, no pueden desmontar todas esas ayudas de la noche a la mañana, porque precisamente ese tipo de cambios no son populares a pesar de que mucha gente como tú ves, incluso los adultos mayores, saben y ya son conscientes que estos bonos no tienen una gran relevancia o impacto en su economía”, dijo Rojas.
En todo caso, “bien o mal, con pensiones y salarios tan bajos, la gente algo hace con ese tipo de bonos. Esa figura del Bono de Guerra Económica les ha servido muy bien para utilizarla bajo ese mismo argumento: poder sostener una narrativa, por un lado, y por el otro, generar este tipo como de clientelismo asociado al contexto electoral”, dijo.
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De acuerdo a cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros (Cendas-FVM), en mayo el costo de la canasta básica se estimaba en US$547,13, en un país en el que el salario mínimo se mantiene congelado en los US$3,5.
Por citar un ejemplo, el salario promedio docente se ubica en US$20,04, por lo que su poder adquisitivo es de apenas 3,7%, según Cendas.
En mayo pasado, Maduro mantuvo el salario mínimo congelado, pero sí subió el denominado ingreso mínimo integral, que se compone de un bono de alimentación (US$40) y el Bono de Guerra Económica (pasó de US$60 a US$90).
Bonos en Venezuela y el declive de la política social
Desde hace al menos 50 años Venezuela mantenía una política de subsidios que, poco a poco, el chavismo, dirigido por Nicolás Maduro desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, ha ido reduciendo.
De acuerdo a economistas del Centro de Políticas Públicas del IESA, en 2014 se estimaba un gasto en las subvenciones de US$25.000 millones, pero los bajos ingresos petroleros como consecuencia de una caída en la producción de la industria hizo que el país se transformara en otro, apuntan especialistas.
Los subsidios en las últimas décadas para servicios públicos o alimentación, lejos de contribuir para erradicar la pobreza, hambre o vivienda, marcaron un aumento en las cifras.
Según cifras de Naciones Unidas, cerca de un 82% de los venezolanos vive en la pobreza y el 53% en la pobreza extrema, “con ingresos insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos”.
La última encuesta ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), indica que “el 82,8% de los venezolanos se encontraba en situación de pobreza en 2023. Esto implica que los subsidios y ayudas sociales en Venezuela no se deberían eliminar en el corto plazo”, expresó a este medio el catedrático del Observatorio de Política y Economía Latinoamericanas de la española IE University, Germán Ríos.
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“Sin embargo, en el futuro, los subsidios y ayudas sociales deben ser sostenibles fiscalmente y mejorar las condiciones de vida de los venezolanos en el largo plazo. Por esta razón, el gobierno debería migrar gradualmente a subsidios y ayudas del tipo transferencias condicionadas, que han sido muy exitosos en Brasil y en México”, apuntó el analista,
Por ejemplo, señaló que se podría establecer una transferencia condicionada a las madres de hogares pobres, con la condición de que envíen a los niños a la escuela.
Una vez que los niños estén en la escuela, se puede complementar la ayuda con comidas y exámenes médicos en la institución académica para mejorar la nutrición y la salud. “De esta forma se garantiza mejor capital humano en el mediano y largo plazo”.
La hiperinflación “acabó con la política social” en Venezuela: el futuro de los bonos
El economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) José Guerra dice a Bloomberg Línea que la hiperinflación “acabó con la política social” y señala que la quiebra del Estado desde el punto de vista fiscal hace imposible que se puedan realizar esas transferencias.
“En Venezuela, la política social como la entendimos en el pasado no existe. Esa política básicamente consistió en transferencias directas a las familias, subsidios generalizados de forma indirecta a través de ventas de alimentos, misiones sociales”, expresó.
Venezuela sostuvo por años fuertes subsidios a la electricidad, a la telefonía y a la gasolina, principalmente, pero ha venido desmontando estas ayudas en medio de las presiones fiscales.
“De manera tal que lo único que queda es la bolsa de comida y ocasionalmente esta se entrega a una familia muy determinada y no tiene la amplitud ni la cobertura que tenía en años anteriores”, dijo el analista del OVF.
En visión del economista venezolano, la política social en Venezuela tendría que partir mejor de subsidiar la demanda y no la oferta, para que el dinero llegue directamente a la población, sin que el Estado tenga que desplegar recursos como bodegas, supermercados, cadenas de distribución y de frío para preservar alimentos.
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Es decir, “que la gente con el dinero que se le va a entregar compre en el lugar, en la tienda, en el supermercado que considere más conveniente dependiendo de su ubicación geográfica o de la oferta y de los precios que esa cadena ofrezca. Creo que esa es la mejor manera de subsidiar directamente en una transferencia monetaria a las familias”, consideró.
Cifras aportadas por OVF a Bloomberg Línea, apuntan a que en Venezuela hay más de un millón de hogares que viven en condición de extrema precariedad, por lo que consideran que estas transferencias deberían apuntar justamente a estas poblaciones.
La propuesta de esa firma de investigación es que esa transferencia monetaria para las poblaciones más vulnerables comience en los US$80 mensuales y que posteriormente el Gobierno pueda ir subiéndolo paulatinamente hasta alcanzar la mitad o un porcentaje importante del valor de la cesta básica.
Pero el gran problema es que “el Estado venezolano no tiene cómo hacer este gasto y, por tanto, se va a requerir de la ayuda y la cooperación financiera internacional, en tanto que se recupera la actividad económica y la economía. Ahora esto es imposible”, considera José Guerra.
La previsión es que luego de las elecciones el subsidio a la gasolina se mantenga por un tiempo, aunque la propuesta es que vaya disminuyendo progresivamente porque es altamente regresivo y beneficiaría solo a un porcentaje de la población, por lo que Guerra ve más viable que se aplican ayudas directamente al transporte.
“Los subsidios pueden tener un impacto importante en las elecciones en la medida que se utilicen para que los receptores de los mismos voten por el Gobierno, bajo el argumento de que si gana la oposición, estos eliminarán los bonos. Este mecanismo funciona en Venezuela, porque los recipientes de los subsidios temen que el sistema electoral no sea transparente, y si votaran por una opción diferente a la del Gobierno, esto se sabría y perderían el subsidio”, reflexionó Germán Ríos, de IE University.