Bloomberg – Los ejecutivos petroleros están acudiendo en masa a Venezuela para aprovechar las sanciones estadounidenses más leves, a pesar de que existe el riesgo de que el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo se cierre tan rápido como se abrió.
Empresas como Shell Plc., Repsol SA, la húngara Mol Nyrt, la sueca Maha Energy AB, la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago y la compañía estatal de gas de Bolivia, YPFB, han enviado delegaciones a Caracas desde que Estados Unidos levantó las restricciones al sector petrolero de Venezuela el mes pasado, según a cuatro personas con conocimiento de la situación.
Las compañías generalmente están tratando de asegurar el acceso a los yacimientos de petróleo y gas, reescribir contratos o recuperar deudas antiguas, dijeron las personas. En la práctica, están apostando a que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden no cumplirá su amenaza de volver a imponer sanciones contra las empresas que operan en Venezuela, lo que detendría la fiesta justo cuando está comenzando.
Washington dio al gobierno del presidente Nicolás Maduro hasta finales de noviembre para lograr avances significativos hacia la celebración de elecciones justas, incluida la definición de un proceso para que los candidatos descalificados participen en las elecciones del próximo año. Maduro aún no ha hecho esto, lo que conlleva el riesgo de “sanciones de respuesta” que volverían a imponer restricciones estrictas al sector petrolero de Venezuela, haciendo casi imposible que los perforadores extranjeros operen allí.
“Si no toman las medidas acordadas, les quitaremos las licencias que hemos otorgado”, dijo este mes el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
Sin embargo, Estados Unidos puede mostrarse reacio a volver a imponer controles. Una reactivación del sector petrolero de Venezuela ayuda a compensar el impacto en los mercados petroleros de las sanciones impuestas a Rusia el año pasado, mientras que una economía venezolana más fuerte también ayuda a frenar el flujo de inmigrantes a Estados Unidos.
Decisión repentina
En las últimas semanas, ejecutivos petroleros extranjeros se han reunido con funcionarios del Ministerio de Petróleo, la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y el Centro Internacional de Inversiones, una entidad de promoción de inversiones dirigida por el gobierno, dijeron las personas.
El alcance de la decisión de la administración Biden de flexibilizar los controles durante seis meses, permitiendo a las compañías petroleras operar con relativa libertad en Venezuela, tomó por sorpresa a muchos en la industria, lo que provocó una carrera hacia Caracas por parte de los posibles negociadores.
Venezuela tiene más de 40 sociedades petroleras con empresas extranjeras y locales, algunas de las cuales suspendieron su actividad debido al difícil clima de negocios. El gobierno ahora busca reemplazarlas con empresas dispuestas a realizar nuevas inversiones y producir.
El gobierno apunta a una producción de un millón de barriles por día, de los 750.000 a 800.000 actuales. La nación tiene alrededor de 300 mil millones de barriles de reservas, una cantidad mayor que Arabia Saudita.
El país podría alcanzar ese objetivo a finales del próximo año si Estados Unidos extiende su licencia por otros seis meses después de que expire en marzo, según Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica, con sede en Caracas.
“La pregunta es si esta apertura durará”, dijo Oliveros en una transmisión por Internet este mes.
Shell declinó hacer comentarios. Repsol, Mol Nyrt, Maha Energy, la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago y la compañía estatal de gas de Bolivia, YPFB, no respondieron a solicitudes de comentarios por escrito.
El Ministerio de Información de Venezuela, el Ministerio de Petróleo y PDVSA no respondieron correos electrónicos en busca de comentarios.
El gobierno de Maduro y una coalición de partidos de oposición firmaron un acuerdo en Barbados en octubre que contiene garantías para una elección presidencial más justa en 2024, incluidos observadores extranjeros y la liberación de presos políticos.
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