Caracas — El retraso logístico y burocrático para la creación de un fondo social que permita cubrir algunas de las necesidades humanitarias en Venezuela fue tratado por el Atlantic Council en un informe difundido este viernes, en el que ofrece una serie de recomendaciones para agilizar el desarrollo de programas sociales a cargo de las Naciones Unidas.
El avance para la transferencia de fondos que serán agrupados para ser manejados por las agencias de la ONU en el país suramericano como parte de un acuerdo social firmado en la mesa de diálogo en México entre el gobierno y la oposición venezolana, para el que se estimaba una cifra de US$3.200.000 de acuerdo a fuentes vinculadas, no ha progresado con la rapidez requerida desde su firma en noviembre del año pasado.
De acuerdo al reporte del grupo estadounidense de expertos en asuntos internacionales, parte de la demora obedece a temores desde las Naciones Unidas por el “riesgo reputacional de implementar un programa que ha generado comparaciones con el controvertido Programa Petróleo por Alimentos en Irak”, el que estuvo repleto de mala gestión y corrupción.
Los funcionarios de la ONU también solicitaban garantías de dónde se ubicaban los fondos y de cómo EE.UU. junto a la comunidad internacional podían apoyar en la protección para el proceso de transferencia y existencia dentro del sistema financiero estadounidense. El Departamento de Estado de EE.UU. aunque previamente había indicado que no podía hacerse responsable por la protección de los fondos de los acreedores con reclamos de la deuda venezolana, luego sostuvo que el riesgo de reclamos de los acreedores era mínimo.
El Atlantic Council, entendiendo la urgencia que impera en Venezuela en cuánto a temas sociales y humanitarios se dispuso a crear una lista de alternativas mientras el proceso continúa avanzando. Entre ellas, propuso que EE.UU. autorice transferencias directas a agencias de la ONU hasta que se cree el fondo, y establezca una estrategia unificada y mensajes conjuntos para facilitar la implementación del Acuerdo Humanitario en el país.
Igualmente planteó la asistencia en la identificación y descongelamiento de activos venezolanos en el exterior, así como alentar a las Naciones Unidas de aprovechar su éxito en la gestión de fondos fiduciarios de donantes múltiples para garantizar la transparencia y la supervisión del Fondo de Protección Social.
En cuanto a los reclamos de acreedores, los que calificó de válidos, recomendó ofrecer garantías para asegurar que estos no afecten la asistencia a la población venezolana. También resaltó la posibilidad de asegurar un apoyo internacional coordinado para el proceso de negociación, reforzando la necesidad de la administración de Nicolás Maduro de alcanzar acuerdos políticos significativos con la oposición.
Las delegaciones para la negociación pautada en México aunque habían sostenido un par de ncuentros breves y privados en Caracas hasta principios de año, no han retomado el proceso regular para dar avances a la agenda establecida inicialmente en la que la oposición había incluido un cronograma para elecciones transparentes y justas en el país.
