Caracas — La actividad delictiva ha crecido significativamente en Venezuela durante los últimos años como consecuencia del desarrollo de las economías ilícitas en el país, que operan impunemente, de acuerdo al más reciente informe de la asociación civil Transparencia Venezuela.
Los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Táchira y Zulia fueron los evaluados en la tercera entrega del proyecto especial, denominada “Distorsiones producto de la criminalidad en Venezuela”. De ello, se desprende el narcotráfico como el ilícito con mayor frecuencia en las entidades monitoreadas y el incremento alarmante de la trata de personas.
La organización también concluye que si bien el contrabando de combustible disminuyó a raíz del alza del precio en el mercado local, la actividad ilegal se incrementó en los momentos de escasez, desde Colombia hacia Venezuela.
El contrabando de chatarra se califica como un nuevo negocio mientras que el de alimentos y productos terminados incrementa su presencia entre las economías ilícitas contempladas, especialmente en la frontera colombo-venezolana, la que fue abierta oficialmente a mediados del año pasado.
En el estado Bolívar, hacia el sur venezolano, se estudiaron las distorsiones producidas por la minería y la explotación ilegal de oro. La asociación civil detalla que la actividad se ha convertido en un medio y una aspiración de los grupos criminales para afianzar su influencia en la zona.
“En el país el crimen organizado se encuentra en una fase simbiótica, esa que se produce cuando hay una interdependencia entre los actores criminales y los grupos de poder dentro del sistema político y económico que hace que sea muy difícil poder separar a unos de otros”, reza parte del documento difundido en su portal oficial.
Desde Transparencia Venezuela además se considera que estas economías lícitas facilitan la evasión fiscal y causan una disminución de la inversión privada. Sumado a esto, se profundiza la legitimación de capitales y los mercados paralelos ilegales sin control alguno.
Explican que estas distorsiones terminan por ocasionar un daño irreparable a la población venezolana y a la institucionalidad, precisamente por contar con algunas políticas públicas y cambios legislativos aplicados.
“La acción de los grupos armados irregulares y los delitos que comenten producen cambios en los modos de vida y costumbres de las comunidades donde actúan, las personas se adecuan a las reglas de juegos establecidas por las organizaciones criminales: cambian sus rutinas, caminos, horarios, y hasta la manera de hablar”.
