Bloomberg Línea — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso lo que denominó las tres fases de la “estrategia represiva” en Venezuela contra la oposición en las elecciones de 2024 y las violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral.
El organismo constató “graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos” a lo largo del proceso electoral en Venezuela durante las elecciones de 2024 y que resultaron en la reelección del mandatario Nicolás Maduro, en medio de denuncias de irregularidades por la no divulgación de las actas de escrutinio.
Según la CIDH, “antes, durante y después de la elección presidencial del 28 de julio, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, con tres etapas, para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
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Explicó que “en el marco de esta estrategia, se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar terror en la ciudadanía”.
En una primera etapa, que se desarrolló durante el período preelectoral, la CIDH constató que el Estado obstaculizó la participación política de la oposición por medio de instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“El régimen detuvo arbitrariamente a personas opositoras, defensoras de derechos humanos y líderes sociales, y amedrentó e inhabilitó a dirigentes de la oposición”, explicó.
Ya en una segunda etapa, que se desarrolló durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) “suspendió la transmisión de los resultados” y no publicó las actas de escrutinio, lo que desde un inicio fue señalado por la oposición.
Justamente, la oposición, en cabeza del candidato Edmundo González y la líder política María Corina Machado, recolectaron el 83,5% de las actas a nivel nacional, “sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección”.
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Ya la tercera fase está caracterizada por el aumento de la violencia en el país sudamericano, con unas 300 manifestaciones espontáneas contra la reelección presidencial de Maduro, que “fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque”.
“La ‘Operación Tun Tun’ resultó en al menos 25 muertes, más de 2.000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas, además de recurrir a actos de violencia sistemática contra personas manifestantes”, indicó el organismo.
El informe concluye “que las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional. La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas en este documento, impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, apuntó.
La CIDH instó al “régimen en el poder en Venezuela a cesar inmediatamente la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias”.
Además, pide “restablecer el orden constitucional, a reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos, a publicar todas las actas de votación y a permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional”.
El pasado 10 de diciembre Nicolás Maduro juró su cargo para un tercer mandato de seis años, haciendo caso omiso a las presiones internacionales para que demuestre la transparencia de las pasadas elecciones.
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