Bloomberg — En el paraíso de los ricos de América Latina, los uruguayos están a punto de decidir si modifican su sistema de seguridad social en una controvertida propuesta de US$23.000 millones que ensombrece las próximas elecciones presidenciales.
Los votantes también elegirán a los nuevos legisladores cuando acudan a las urnas el 27 de octubre, pero lo que ha captado la atención de los ciudadanos y de los mercados internacionales es la propuesta de consagrar en la Constitución importantes cambios en el sistema previsional. Si se aprueba por mayoría, la medida aumentaría las pensiones mínimas, reduciría la edad de jubilación y transferiría los ahorros privados a un fondo fiduciario gestionado por el Estado.
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Los defensores del plan lo ven como una forma de repartir los recursos de Uruguay de forma más equitativa y justa. Los que se oponen, entre ellos el actual presidente Luis Lacalle Pou y los dos principales candidatos a sucederlo, advierten de las consecuencias fiscales. El nerviosismo de los mercados ante la votación provocó el mes pasado la venta de algunos bonos internacionales de la nación sudamericana, mientras que el peso uruguayo registró el peor desempeño en un año, con una caída del 3% frente al dólar estadounidense.
Este país de 3,4 millones de habitantes es conocido como una isla de serenidad en la turbulenta América Latina, gracias en parte a la estabilidad de su gobierno. Este año, Google eligió Uruguay para instalar un enorme centro de datos y multimillonarios extranjeros mantienen segundas residencias en Montevideo y Punta del Este. Pero, aunque la propuesta beneficiará inmediatamente a las personas mayores con pensiones bajas, está tocando la fibra sensible de los votantes jóvenes en una nación que, por lo general, supera a sus vecinos en igualdad de ingresos.
“¿Cómo no puede ser una causa justa aumentar solo un poquito las jubilaciones de aquellos que con su trabajo construyeron la patria?”, señala Mauricio Vario, de 33 años, que trabaja en el puesto de frutas y productos frescos de su familia en Montevideo. Apoya la medida porque está de acuerdo en que ninguna pensión debe ser inferior al salario mínimo, actualmente de 22.268 pesos (US$537) mensuales.
La iniciativa, conocida técnicamente como plebiscito y respaldada por una poderosa confederación sindical y organizaciones sociales, pretende desmantelar el sistema creado en 1995 en el que el ahorro para la jubilación gestionado por los fondos de pensiones complementa los pagos de la seguridad social. Aumentaría una pensión mínima mensual típica de 18.840 pesos en casi un 20%.
“Lo que se propone es muy peligroso y dañino”, declaró Lacalle Pou en un discurso televisado el 1 de octubre. Si se aprueba, subrayó, “habrá que aumentar impuestos y habrá que recortar prestaciones importantes en el Estado”.
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Si se aprueba, los fondos de pensiones uruguayos conocidos como Afaps, que gestionan los ahorros para la jubilación de 1,6 millones de trabajadores, tendrían dos años para cesar sus operaciones. Su eliminación probablemente tendría un efecto paralizador en los mercados de capitales locales, donde son los principales compradores de deuda pública y corporativa. El sector de la construcción ha advertido que un voto afirmativo podría poner en peligro el financiamiento de infraestructura.
República Afap y la gremial que agrupa a las otras tres administradoras — Afap Itaú, Afap Sura e Integración Afap— declinaron hacer comentarios.
Según la mayoría de las encuestas, la medida no obtendrá la mayoría absoluta necesaria para ser aprobada, aunque hasta un 30% de los votantes siguen indecisos. Sin embargo, la dirigente sindical Karina Sosa la presenta como un acto de justicia social y de autodefensa frente a futuros intentos de aumentar la edad de jubilación. Los sindicatos tienen previsto distribuir 3,5 millones de papeletas y movilizar hasta 3.500 voluntarios para repartirlas cerca de los centros de votación el día de las elecciones, señaló.
“La papeleta es la respuesta de indignación del pueblo ante un sistema que solo funciona para los más poderosos”, afirma Sosa. “¿Qué es lo que queremos lograr? Una sociedad más igualitaria donde la seguridad social sea un mecanismo para la distribución de la riqueza”.
Los partidarios de la propuesta aprovechan el descontento con la reforma jubilatoria de Lacalle Pou, que aumenta gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años y otorga un papel más importante al ahorro privado.
El principal candidato presidencial, Yamandu Orsi, del izquierdista Frente Amplio, se opone a la medida, aunque su partido se ha abstenido de adoptar una posición formal. Su principal rival, Álvaro Delgado, de la coalición de centro-derecha, ha advertido del “colapso económico” si se aprueba.
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El voto en las elecciones generales es obligatorio, pero el plebiscito es voluntario. Los uruguayos votarán por listas de candidatos a la presidencia y al Congreso, mientras que los partidarios del plebiscito deben emitir un voto por separado por el “sí”. Los principales partidos políticos se niegan a incluir la papeleta con las listas que distribuyen antes de la votación y eso significa que mucha gente tendrá que recoger proactivamente una papeleta en su local de votación, explicó Rafael Porzecanski, director de la encuestadora Opción Consultores.
“Eso merma las chances de que el plebiscito sea aprobado”, indicó. La confederación sindical “tiene capacidad de movilización, pero no todos los plebiscitos que ha apoyado han logrado ser aprobados”.
No obstante, Uruguay podría unirse a otros países latinoamericanos que han desechado o recortado los sistemas de pensiones basados en cuentas de ahorro individuales. Argentina nacionalizó las empresas de pensiones en 2008, mientras que Chile y Perú permitieron a los cotizantes retirar miles de millones de dólares en ahorros para la jubilación.
Claudia Calich, que gestiona unos US$5.500 millones como responsable de deuda de mercados emergentes de M&G Investments, cree que la volatilidad de los mercados financieros derivada de la votación de la reforma jubilatoria será manejable. La firma tiene una calificación de sobreponderar sobre los bonos internacionales en moneda local de Uruguay.
“El plebiscito, si se aprueba, sería un revés fiscal para el país. Pero probablemente harían falta varios errores políticos más para que la historia de Uruguay se desmoronara”, sostuvo Calich en referencia a la reputación del país como prestatario estable.
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