Bloomberg — Los votantes uruguayos están preparados para votar el domingo en una carrera presidencial que se está viendo ensombrecida por una polémica revisión de las pensiones.
Mientras las posibles consecuencias fiscales de la propuesta de seguridad social tienen en vilo a los inversores, la campaña principal presenta a un resurgente partido de izquierdas que intenta desbancar a la coalición gobernante de centro-derecha aprovechando la angustia por la delincuencia y la economía.
Las encuestas muestran que el candidato presidencial del Frente Amplio de la oposición, Yamandú Orsi, supera ampliamente a su rival más cercano, Álvaro Delgado, del Partido Nacional de la coalición en el poder, pero no alcanza la mayoría absoluta necesaria para evitar una segunda vuelta electoral contra Delgado el 24 de noviembre.
“El resultado más probable es que no elijamos presidente el domingo y vayamos a una segunda vuelta”, dijo Mariana Pomies, directora de la encuestadora Cifra.
La presidencia y todos los escaños del Congreso están en juego en las elecciones generales que se celebran una vez cada cinco años y en las que el voto es obligatorio para los 2,7 millones de electores registrados en Uruguay. La ley impide al presidente Luis Lacalle Pou aspirar a un segundo mandato consecutivo.
Los votos de protesta a favor de los partidos más pequeños podrían negar tanto al Frente Amplio como a la coalición en el poder el control de la Cámara Baja y posiblemente incluso del Senado, dijo Pomies. Pero mientras que las recientes campañas en otros lugares de América Latina han visto a populistas con planes radicales poniendo a la sociedad en vilo, Uruguay está desafiando esa tendencia con los principales partidos presentando a políticos convencionales predecibles.
Orsi, gobernador durante dos mandatos del segundo departamento más poblado del país de 3,4 millones de habitantes, encajado entre Argentina y Brasil, ha prometido impulsar el crecimiento económico, luchar contra la delincuencia y revisar el sistema de seguridad social. El exprofesor de historia, de 57 años, nombró al respetado economista Gabriel Oddone como su ministro de Economía.
Delgado, que fue asesor principal de Lacalle Pou, promete continuar con las políticas proempresariales del Partido Nacional para convertir a Uruguay en el país más desarrollado de América Latina en 2030. También ha prometido tomar medidas enérgicas contra la delincuencia en medio de un aumento de los asesinatos desde 2022. El exlegislador de 55 años nombró al exjefe del banco central Diego Labat como su probable jefe de finanzas.
Uruguay vota en medio del telón de fondo de una economía que el banco central ve creciendo un 3,5% este año, tras una década de crecimiento que promedió alrededor del 1% anual. La recuperación postpandémica, sin embargo, no ha levantado todos los barcos por igual.
La pobreza afecta a casi una quinta parte de los niños y miles de familias siguen viviendo en chabolas (construcciones rústicas). Una creciente flota de vehículos eléctricos comparte las calles de la capital con carros tirados por caballos conducidos por trabajadores pobres que rebuscan en la basura de los barrios más ricos de Montevideo. La Administración de Lacalle Pou ha luchado por contener la delincuencia violenta, con 10,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes el año pasado, según datos del Gobierno. Eso es casi el doble de la misma medida en Estados Unidos.
"La percepción pública de la economía no coincide con los datos. Aproximadamente un tercio de los uruguayos piensa que la economía es mala, un tercio piensa que es buena y el otro tercio piensa que no es ni buena ni mala", dijo Pomies.
También se pedirá a los uruguayos que voten el domingo para modificar la Constitución con el fin de reformar radicalmente el sistema de seguridad social y permitir que la policía entre en los domicilios por la noche con una orden judicial. El voto para estas propuestas, técnicamente conocidas como plebiscitos, es opcional.
La votación sobre las pensiones ha asustado a los inversores, que temen que conduzca a mayores déficits y debilite los mercados de capitales locales al suprimir fondos de pensiones que gestionan más de US$23.000 millones. También aumentaría las pagas mínimas y reduciría la edad de jubilación.
El apoyo a la reforma de la seguridad social se sitúa en las encuestas justo por debajo de la mayoría absoluta que necesita para ser aprobada. Pero con una gran parte de los votantes aún indecisos, los inversores temen que Uruguay pierda su atractivo como refugio de estabilidad financiera. Orsi y Delgado se oponen a la propuesta, aunque el Frente Amplio no ha adoptado una posición formal de partido.
Una victoria en el plebiscito podría hacer que el peso uruguayo se depreciara hasta un 10% en los días posteriores a la votación y desencadenar una venta masiva de bonos del Estado, según Sebastián Arena, jefe de ventas y operaciones de la correduría local Nobilis, que gestiona activos por valor de US$1.300 millones.
"En caso de que no se apruebe el plebiscito, el caso base es una apreciación del peso y un aumento del precio de los bonos ligados a la inflación y en pesos nominales", dijo en una entrevista.
Las urnas abren el domingo de 8:00 a 19:30 hora local y se espera que el Tribunal Electoral publique los resultados preliminares esa misma noche.
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