Bloomberg Línea — En 2015, Uruguay puso en vigencia el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, una ley de vanguardia con la cual lideró las políticas de atención de población en condición de discapacidad en el país, con ayuda personalizada, y que ha servido de referencia para que otras naciones de la región legislen en esta materia.
Sin embargo, esta asistencia personal a las personas con diferentes discapacidades, que hace parte del sistema nacional de cuidados, todavía no proporciona los servicios adecuados para apoyar “la vida independiente de todas las personas con discapacidad, lo que afecta su disfrute de otros derechos humanos”, según dijo Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado el miércoles 25 de septiembre.
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Para el organismo, hay brechas en el cumplimiento por parte de Uruguay de los requisitos de apoyo conforme a su Sistema Nacional Integrado de Cuidados respecto de cada persona con discapacidad, pues muchas personas no reúnen los requisitos para ser atendidos, pese a sus condiciones.
“Las personas con determinados tipos de discapacidad, como discapacidades intelectuales y sensoriales, y aquellas con requerimientos de apoyo significativos, en la práctica quedan excluidas del programa debido a que no se capacita a quienes se desempeñan como asistentes personales para que puedan prestarles apoyo”, indicó el informe que consta de 50 páginas.
Es así como una de las conclusiones del organismo es que Uruguay no involucró en “grado suficiente” a organizaciones de personas con discapacidad en el diseño, la administración y el monitoreo de la asistencia personal conforme al sistema de cuidados, lo que ha resultado en que no se reconozca a las personas usuarias como derechohabientes y a que se presten servicios limitados e inadecuados.
Las falencias del sistema de asistencia personal a discapacitados en Uruguay
Tras entrevistar a 60 personas, incluidas 30 con discapacidades (físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales) en Montevideo y Salto, en agosto de 2023, HRW encontró que la mayoría de las personas entrevistadas no podían acceder al Programa de Asistentes Personales, que se limita a quienes tienen hasta 29 años de edad u 80 años o más.
“Aunque Uruguay es uno de los primeros países de América Latina en brindar asistencia personal, su programa presenta numerosas falencias que permiten que muchas personas con discapacidad no puedan acceder a apoyos. El gobierno debería ampliar su sistema de cuidados a fin de contemplar a todas las personas que tengan una discapacidad, con independencia de factores demográficos o del tipo de discapacidad que presenten”, dijo Carlos Ríos Espinosa, director asociado de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch.
Entre las falencias, el organismo detalló la cantidad sumamente limitada de horas de apoyo (20 horas al mes), sumada a la imposibilidad de negociar el horario de la persona que se desempeña como asistente personal. Además, el valor del subsidio para contratar un asistente personal por 80 horas al mes depende de la severidad de la discapacidad, su grado de “dependencia” y el ingreso tanto de la persona usuaria como de sus familiares inmediatos.
“Human Rights Watch concluyó que 80 horas por mes resulta insuficiente y obliga a las personas a comprimir sus actividades, lo cual a menudo implica sacrificar algunas actividades esenciales. El programa no contempla vacaciones, y por ende, las personas con discapacidad deben recurrir a familiares o vecinos durante esos períodos”, se destacó.
Para HRW, otra de las barreras es que la caracterización para las personas elegibles sugiere desacertadamente que las personas con discapacidad carecen de autonomía y plantea una imagen negativa de las personas con discapacidad que es incongruente con los estándares internacionales afianzados en el respeto de sus derechos y autonomía.
“Uruguay debería ampliar su Sistema Nacional Integrado de Cuidados para eliminar las restricciones que podrían generar resultados arbitrarios, como aquellas basadas en la edad, de modo que el apoyo para la vida independiente se determine en función de lo que requiera la persona”, agregó Ríos Espinosa.
Y señaló: “También debería involucrar de manera directa a las organizaciones de personas con discapacidad en el rediseño, la implementación y el seguimiento del sistema para garantizar su acceso a un sistema de cuidados y apoyos que sea verdaderamente acorde con los derechos humanos”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho a recibir apoyos para poder vivir de manera independiente.
