Bloomberg — Un país sudamericano conocido por su afición a la carne roja enfrenta uno de los mayores casos de estafa a inversores minoristas de su historia, en que empresas que venden inversiones en ganado han sido acusadas de estafar a los ahorristas por cientos de millones de dólares.
La carne de vacuno es una industria importante en Uruguay, cuya identidad nacional está ligada a la ganadería y a los abundantes asados de fin de semana. Durante un cuarto de siglo, un grupo de empresas aprovecharon el prestigio del sector para recaudar casi US$500 millones de clientes a cambio de participaciones en emprendimientos ganaderos.
Pero unos US$300 millones pertenecientes a casi 6.000 inversores desaparecieron después de que tres empresas fueran sometidas a concurso judicial o, en un caso, intentara reestructurarse en medio de un enorme déficit de activos. Muchos inversores que pensaban que habían comprado vacas descubrieron que tienen pocos animales a su nombre, si es que tienen alguno.
Conexión Ganadera “seguramente comenzó como un proyecto viable. En algún momento empezó a perder plata. La liquidez pasó a ser el problema principal”, señaló el contador externo Ricardo Giovio en un webcast con inversores. “Terminó como un esquema Ponzi”.
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Los abogados que representan a los socios fundadores de Conexión Ganadera y a las otras dos empresas, República Ganadera y Grupo Larrarte, señalaron esta semana que sus clientes no harían comentarios sobre las acusaciones de estafa en este momento.
La mayoría de los inversores son uruguayos urbanos de clase media para quienes el campo era sinónimo de prosperidad y estabilidad, señaló María Laura Capalbo, socia del estudio de abogados Bragard y presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay. “Esto implica una crisis social. Hay gente que puso todo su dinero en estas empresas”, indicó Capalbo, cuyo bufete representa a algunos de los inversores.
Rentabilidades en dólares que en ocasiones superaron el 10% anual, combinadas con la imagen de respetabilidad y perspicacia empresarial cultivada por los fundadores de las empresas, sedujeron a familias enteras y círculos de amigos en un país donde las recomendaciones de boca en boca siguen siendo importantes. El resultado es un duro golpe reputacional para un sector que maneja casi 12 millones de cabezas de ganado, lo que llevó a demandas de una mayor regulación para proteger a los inversores.
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Oscar Spalter, cardiólogo con una especialización en lifestyle medicine, es uno de los cerca de 4.200 inversores de Conexión Ganadera. Entre 2021 y el año pasado, invirtió más de la mitad de sus ahorros en contratos de seis y 24 meses que prometían rentabilidades anuales del 7% y el 9%, respectivamente. En el proceso, se convirtió en propietario registrado de ganado, con un símbolo asignado por el gobierno para marcar sus vacas.
Pero mientras inversores como él invertían dinero con lo que creían que eran garantías de una rentabilidad segura, el sector se hundía cada vez más en problemas. La brutal sequía de 2022-2023 le costó al agro más de US$1.700 millones, mientras que las empresas de inversión en ganado arrendaban tierras de pastoreo con una fuerte prima. El aumento mundial de las tasas de interés tras la pandemia también mermó su atractivo.
El contador externo de Conexión Ganadera informó el 28 de enero que la empresa debía unos US$384 millones a los inversores, pero que solo tenía US$158 millones en activos. Después de asimilar la ira y la tristeza que siguieron a esa revelación, Spalter se ofreció a ayudar a un pequeño grupo de otros inversores a superar el trauma.
“Lo que sucedió lo están manejando los abogados”, sostuvo. “Tenemos que mirar para adelante. No tenemos que enfermarnos, aunque nos sacaron una buena parte de nuestro dinero”.
Inversiones ganaderas
Durante generaciones, los ganaderos, los corredores de ganado y los bancos proporcionaron el crédito que hizo de la ganadería un eje de la economía. Las empresas de inversión ganadera empezaron a recurrir a los inversores minoristas como nueva fuente de financiación tras los devastadores brotes de fiebre aftosa y la crisis bancaria de principios de la década de 2000. Cuando los mercados de exportación se reabrieron una vez erradicada la enfermedad, la fuerte depreciación de la moneda uruguaya y las tierras baratas convirtieron la ganadería en un negocio rentable. Los uruguayos traumatizados por las quiebras bancarias también buscaban colocar su dinero fuera del sector financiero tradicional.
Las familias Carrasco y Basso fundaron Conexión Ganadera en 1999 como un vehículo para canalizar los ahorros de los habitantes urbanos hacia los ganaderos necesitados de crédito. La empresa gestionó solo un par de miles de animales durante sus primeros 15 años de funcionamiento, pero a mediados de la década de 2010 el crecimiento se disparó y la empresa gestionó casi 125.000 cabezas de ganado en los últimos años, según un documento de la empresa.
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Los competidores se abalanzaron al negocio a medida que el auge mundial de las materias primas avivaba la demanda de carne de vacuno. Las tres empresas que quebraron pagaban tasas de interés fijas en una actividad sujeta a los caprichos de la naturaleza y a las fluctuaciones de los precios mundiales de la carne. La consistencia de esos pagos desconcertó a los ganaderos, que se preguntaban si habían descubierto un modelo de negocio a prueba de balas que otros habían pasado por alto.
La agresiva comercialización de inversiones en ganado estructuradas como bonos regulados o certificados de depósito dio lugar a al menos 11 investigaciones por parte del banco central desde 2018. La autoridad monetaria ordenó a varias empresas, entre ellas República Ganadera, que dejaran de anunciar ciertos productos o de recaudar dinero del público. El banco central también advirtió a los inversores que los contratos de ganado quedaban fuera de su ámbito de competencia.
Grupo Larrarte fue el primero en pasar a concurso de acreedores el pasado mes de octubre, tras un lapidario documental televisivo que incluía testimonios de inversores que afirmaban haber sido estafados. La empresa tiene un déficit de US$12,3 millones entre activos y pasivos, informó el diario El País, citando un informe elaborado por el síndico designado por el tribunal. El fundador de la empresa, Jairo Larrarte, manifestó en un correo electrónico enviado a través de su abogado que espera presentar pronto un plan de reestructuración a los acreedores.
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República Ganadera solicitó protección frente a los acreedores para reestructurar su negocio en noviembre, lo que atribuyó a la sequía y al pánico causado por la caída de Grupo Larrarte. A los aproximadamente 1.450 inversionistas de la empresa les faltaban unos US$70 millones y la mayor parte de su ganado, según documentos de la empresa revisados por Bloomberg.
En febrero, los tribunales ordenaron la intervención de Conexión Ganadera y varias empresas relacionadas y congelaron activos de los miembros de las familias Carrasco y Basso por US$250 millones.
En los próximos meses, los tribunales, los deudores y decenas de abogados que representan a los acreedores decidirán si reestructuran las empresas o proceden a su liquidación para reembolsar a los inversores con un fuerte recorte. El proceso de quiebra es independiente de las investigaciones penales en curso de la Fiscalía. Mientras tanto, el reloj biológico avanza para miles de cabezas de ganado que necesitan ser contabilizadas y atendidas si las víctimas esperan recuperar alguna suma de dinero significativa.
Las autoridades deberían considerar la regulación de productos de inversión como los que están en el centro de la crisis actual para proteger a los inversores minoristas, dijo Pablo Rosselli, socio de la empresa de consultoría e investigación económica Exante. “Definitivamente eran empresas que captaron ahorro público con instrumentos que se parecían mucho a instrumentos de deuda”, señaló Roselli.
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