Bloomberg Línea — “Si no soy dominicano, Abinader tampoco”, gritaban descendientes de haitianos con estatus irregular en una protesta pacífica el lunes frente al Palacio Nacional, en Santo Domingo.
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La protesta se dio en el marco del aniversario de la sentencia 168-13 de 2013, emitida el 23 de septiembre de 2013, por el Tribunal Constitucional, la cual determinó los límites para acceder a la nacionalidad dominicana, negando el derecho a quienes provienen de familias en situación migratoria irregular.
El fallo indica que aquellos nacidos entre 1929 y 2010 cuyos padres ingresaron ilegalmente al país no son dominicanos. Esta aplicación creó una situación de apatridia nunca antes vista en América, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 11 años, siete de ellos transcurridos durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y cuatro con el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana ha empeorado, reportan activistas.
“Como consecuencia de la sentencia, fueron privadas de la nacionalidad más de 200.000 personas en base a un criterio racial, simplemente por ser hijos y nietos de personas inmigrantes haitianas, lo que devino en la consolidación de un régimen de apartheid en la República Dominicana”, denunció la organización de defensa de los derechos humanos Movimiento Reconocido a través de una declaración, leída en la manifestación del lunes.
Pese a que la Ley 169-14, promulgada por el expresidente dominicano Danilo Medina, restituyó la nacionalidad a las personas del denominado Grupo A, aquellas que contaban con un registro civil, también ratificó la desnacionalización de la mayoría que carecía de dicho registro, creando una vía de naturalización especial para los dominicanos de ascendencia haitiana, clasificados en el Grupo B.
Hasta la fecha, solo el 1% de las personas del Grupo B ha sido beneficiado por el decreto de naturalización, y esas pocas aún están a la espera de su juramentación. Incluso de las 799 personas que han recibido decretos, ninguna ha recibido su documentación definitiva.
En cuanto al Grupo A, menos del 50% ha logrado acceder a sus documentos, según el informe más reciente de Participación Ciudadana sobre la implementación de la Ley 169-14. alertaron.
Discriminación racial y detenciones arbitrarias
Elena Lorac, vocera del Movimiento Reconocido, denunció la discriminación que siguen sufriendo los jóvenes de la comunidad, que son objeto de ataques por su apariencia física, independientemente de sus documentos de identidad válidos.
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A la exclusión y marginación se suman las detenciones arbitrarias, la extorsión, el robo, los tratos humillantes y los allanamientos ilegales por parte de agentes policiales, militares y migratorios, de acuerdo con la oenegé.
En LA Semanal, la comparecencia semanal ante la prensa, efectuada el lunes Nueva York, al presidente Luis Abinader se le consultó sobre qué pensaba del reclamo de los manifestantes. “Tenemos que esperar que se cumpla la ley y la Constitución y eso es lo que nosotros estamos respetando, los procesos para cumplir la ley y la constitución en ese caso”.
Durante el anterior mandato de Abinader, Amnistía Internacional condenó las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la política migratoria del país contra haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana por parte de agentes migratorios, policías y miembros de las fuerzas armadas que asisten a la Dirección General de Migración (DGM) en operaciones migratorias.
La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, respondió a las críticas, al enfatizar que, aunque los organismos internacionales tienen derecho a expresar sus opiniones, deben respetar la soberanía y las políticas públicas nacionales, y subrayó que las políticas migratorias del país están diseñadas para responder a las necesidades y realidades nacionales.
Desde 2022, República Dominicana se convirtió en el país que más deporta a los haitianos en movimiento, a pesar del llamamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los Estados en noviembre de 2022 para que detuvieran las devoluciones forzadas a Haití.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportados 208.166 ciudadanos haitianos, entre ellos más de 20.000 adolescentes y niños. Durante 2024, mientras persiste la crisis en Haití, Dominicana ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 adolescentes y niños.
Las tensiones que afectan a la isla de La Española, que comparten Haití y la República Dominicana, se remontan a su complejo pasado colonial y alcanzaron su punto de ebullición durante el régimen virulentamente antihaitiano de Rafael Trujillo, dictador que gobernó Dominicana desde 1930 hasta 1961. En la actualidad, los haitianos se encuentran en gran medida en la periferia de la sociedad dominicana, según el Grupo de Derechos de las Minorías.