Bloomberg Línea — La presidenta peruana, Dina Boluarte, declarará este martes en la Fiscalía en el marco de la investigación sobre la desarticulación del equipo policial de apoyo contra la corrupción y en medio de la polémica por el presunto encubrimiento a su hermano, Nicanor Boluarte, por un caso tráfico de influencias en el nombramiento de prefectos y subprefectos.
La presidenta de Perú ha quedado en la mira de la Fiscalía por la desactivación de la unidad de la Policía Nacional encargada de apoyar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Esta entidad se encarga de realizar las investigaciones de los casos de los altos funcionarios, por lo que la desarticulación de este órgano policial genera polémica en medio de los casos que se le siguen a la mandataria de Perú.
En la cita ante la Fiscalía, se espera que la presidenta Boluarte justifique por qué el Gobierno ordenó la desarticulación de la unidad policial de apoyo a la Eficcop.
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El Gobierno justifica que la desactivación de la Policía anticorrupción se dio ante una presunta duplicidad de funciones entre la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Equipo Especial Policial de Apoyo al Eficcop, creado en junio de 2022 durante la Administración de Pedro Castillo.
Para la Fiscalía, esta decisión del Gobierno “tendría relación con el auto de detención preliminar judicial, (Resolución n.° 1 del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional)” emitida en contra de Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda Segovia (abogado de la presidenta Dina Boluarte) y otros seis investigados.
El hermano de la presidenta de Perú fue detenido este mes por un presunto caso de tráfico de influencias, pero fue liberado una semana después al considerarse que no había riesgo de fuga o de obstaculización del accionar de la Justicia.
La investigación gira en torno a nombramiento de esos delegados del Gobierno en las regiones con miras a la creación del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), de acuerdo a denuncias periodísticas.
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El hermano de Boluarte habría gestionado la designación de los prefectos y subprefectos en el departamento de San Martín y además habría solicitado aportes económicos para ese fin a representantes del Gobierno en la región de Huánuco.
El fiscal de la Nación peruano, Juan Carlos Villena Campana, ha criticado la decisión del Gobierno de desactivar los órganos policiales de apoyo a la labor del Eficcop y ha solicitado su reposición.
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“No se puede permitir el entorpecimiento y ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que levantamos nuestra voz de protesta. Lo que buscan es frustrar las investigaciones que realiza el Ministerio Público”, dijo el fiscal.
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ya presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado, en el caso que le sigue por presuntamente haber recibido tres relojes Rolex y otros bienes de lujo de un gobernador.
A finales de marzo, la Policía Nacional, incluidos miembros de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y algunos fiscales, allanaron la casa de la presidenta Dina Boluarte en el distrito de Surquillo de la capital como parte de la investigación sobre posible enriquecimiento ilícito después de que fue vista usando relojes de lujo en apariciones públicas.
Es probable que el escándalo dañe aún más la confianza de los peruanos en Boluarte, que apenas marcó un 5% de aprobación en una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos para el diario La República.
