Bloomberg Línea — El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, dijo este martes que el allanamiento al domicilio de la presidenta Dina Boluarte, y al Palacio de Gobierno, cumplió con la ley y no fue inconstitucional, como denunció el Gobierno.
“Ninguna medida que se ha adoptado es inconstitucional. Acá tenemos que ser claros, la Policía ha cumplido su papel, no tenemos que culparla de nada, se ha llevado adelante un procedimiento y se siguió”, dijo Arévalo a medios nacionales en una conferencia de prensa.
Arévalo dijo que fue la Fiscalía quien hizo la petición de allanar el domicilio y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación por un caso de corrupción, y que el juez autorizó el descerraje de la puerta. “Todos han actuado de acuerdo a la ley. Yo no veo ningún aspecto de inconstitucionalidad”.
El funcionario agregó que las resoluciones judiciales tienen que cumplirse “gusten o no” y que estas “no tienen que estar respaldadas por el presidente, lo que el presidente respalda es el cumplimiento”.
“Yo no voy a tomar ninguna decisión porque esto está en trámite. Entiendan que los jueces son independientes y ellos responden por lo que resuelven. Cada juez responde por sus decisiones”, añadió.
En la madrugada del sábado 30 de marzo, policías y fiscales allanaron el domicilio de Boluarte y el Palacio de Gobierno como parte de la investigación preliminar abierta por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, luego de no haber declarado relojes de lujo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
A través de un pronunciamiento, horas después, la jefa de Estado definió el suceso como arbitrario, desproporcional y abusivo.
“Ha sido sorprendente cómo se violentó la puerta de mi hogar pese a que no había transcurrido el tiempo suficiente para que los miembros de mi familia puedan levantarse de su descanso, vestirse y abrir la puerta, más aún si tomamos en cuenta la hora”, indicó la mandataria.
La presidenta dijo que es “respetuosa de la investigación fiscal”, pero que rechazaba la forma en la cómo se hace, “de manera discriminatoria e inconstitucional”.
Luego de esas declaraciones, la Fiscalía emitió un comunicado en el que detalló que el operativo se realizó “por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema” y, por tanto, descartaron que la intervención “haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva”.
El incidente ha ocasionado una serie de renuncias en el gobierno de Boluarte, con los titulares de las carteras de los ministerios de Interior, la Mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior dimitiendo en medio del escándalo.
