Bloomberg Línea — El Gobierno peruano considera que hay “judicialización de la política” en el país luego de que a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de Perú, le fuera dictada prisión provisional por tres años por un presunto entramado de corrupción.
A pesar de la orden de arresto contra Nicanor Boluarte, que no se presentó a la audiencia en la que se conoció la decisión, su paradero es incierto y sus abogados no han logrado contacto con él. El hermano de la presidenta ya estuvo detenido por unas horas en mayo pasado.
“Después de que se emitió la resolución que dispone la prisión preventiva, en la misma noche de ayer (martes 19 de noviembre) la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de ese mandato, acudió al domicilio del doctor Boluarte y de otros involucrados y cumpliendo con lo que se ha previsto fueron a buscarlo, pero ninguno de ellos fue encontrado”, justificó en una rueda de prensa el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén.
“La privación de la libertad debe ser la última razón, el extremo último en el que tengamos que tomar la decisión de privar a alguien de su libertad y más cuando no medie de por medio una sentencia”, según Adrianzén.
Nicanor Boluarte podría ser condenado hasta 35 años de cárcel por el caso que lo involucra con un presunto tráfico de influencias, cohecho y organización criminal por su presunta participación en la designación de prefectos y subprefectos con fines proselitistas.
La investigación gira en torno a nombramiento de esos delegados del Gobierno en las regiones con miras a la creación del partido Ciudadanos por el Perú (CPP), de acuerdo a denuncias periodísticas.
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El hermano de Boluarte habría gestionado la designación de los prefectos y subprefectos en el departamento de San Martín y además habría solicitado aportes económicos para ese fin a representantes del Gobierno en la región de Huánuco.
La acusación también apunta a que el hermano de la presidenta Dina Boluarte supuestamente habría liderado una organización criminal para realizar designaciones en cargos en entidades estatales.
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha expresado en una rueda de prensa su preocupación por la supuesta “judicialización de la política” y la “soterrada intención” de vincular a la presidenta del país, Dina Boluarte, en el caso, al mismo tiempo señaló que existe un “bajísimo estándar de la libertad”.
La supuesta “judicialización de la política” a la que apela Adrianzén es un concepto que se refiere al uso de procedimientos judiciales para obtener una ventaja sobre el adversario e incluso deslegitimarle. En otros términos, según lo definen algunas fuentes, como el abogado y magíster de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ernesto de la Jara Basombrío, es “una persecución legal-penal que se origina con un objetivo político”.
No obstante, según lo detalla en un análisis, “un ejemplo positivo de la judicialización de la política lo encontramos cuando la justicia investiga, procesa y eventualmente condena a personas relacionadas con la política desde la institucionalidad, (...) siguiendo los procedimientos previstos por ley, respetando las garantías del debido proceso, especialmente el derecho de defensa y la independencia de jueces, fiscales y demás operadores de justicia”.
El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, manifestó que la decisión que se ha tomado en el marco del caso denominado ‘Los Waykis (amigos) en la sombra’ es “idónea” y serviría para “evitar que (el hermano de la presidenta) se fugue o perturbe la actividad probatoria”. Concluyó “que los hechos imputados sí tendrían connotación criminal”.
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Según Adrianzén, “la presidenta Dina Boluarte no tiene y no ha tenido absolutamente que ver con estas causas. Por eso, esta advertencia y esta denuncia cuando veo sorprendido que mentes atormentadas y confundidas están tratando de vincular e insinuar que aquello existe”.
En medio de los demás procesos que enfrenta, la aprobación de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó en noviembre al nivel más bajo desde que asumió el cargo, casi dos años atrás.
Solo un 3% de la ciudadanía ve con buenos ojos su gestión, según una encuesta adelantada por la firma Datum Internacional para El Comercio.
Dina Boluarte también ha afrontado un proceso por presunto enriquecimiento ilícito en el denominado Caso Rolex y es investigada por las decenas de muertes en las protestas antigubernamentales al inicio de su Gobierno.
En el pasado, la presidenta ha apelado a una narrativa sobre un supuesto “ataque y acoso sistemático” por parte de la prensa.
Gustavo Adrianzén ha cuestionado en la rueda de prensa al juez Richard Concepción Carhuancho, magistrado del caso, ya que “llama la atención de sobremanera que esta decisión (de prisión provisional) se haya prolongado por más de cuatro meses” y que “se haya tenido que leer una resolución por más de tres días”.
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