Lima — Dina Boluate, presidenta de Perú, se refirió al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que apunta contra su gobierno y el Estado peruano por lo que se ha catalogado como el uso de la fuerza “de manera letal, indiscriminada y desproporcionada” contra quienes protestaron en el país andino entre diciembre del 2022 y febrero de este 2023, luego de que la entidad realizara visitas a la nación para verificar lo transcurrido durante los últimos meses.
“Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aún viniendo de la CIDH”, precisó Boluarte respecto a lo publicado por la entidad internacional tras el último consejo de Ministros este miércoles 3 de mayo, en una conferencia con medios de comunicación. “Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, agregó la mandataria peruana.
Boluarte lamentó -a nombre del Estado peruano- la pérdida de vidas durante las protestas “y los actos vandálicos”. “Lo he señalado en numerosas oportunidades y lo reitero hoy: es triste haber perdido la vida de los compatriotas”, comentó la presidenta peruana.
La CIDH dijo en su informe que se registraron “situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta” desde el 7 de diciembre del 2022, cuando asumió el gobierno de Dina Boluarte tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. En su reporte, la CIDH remarcó que “de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.
Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, continúo mencionando que el gobierno ha atendido a solicitudes de información de diversas entidades y remarcó que en el Perú existe “plena vigencia de los derechos fundamentales, incluido el estricto respecto de la protesta pacífica”.
“No estamos ante una sentencia -las sentencias solo las puede dar la Corte Interamericana-”, dijo Otárola en la conferencia de prensa a la que se enlazó vía Zoom, tras encontrarse en trabajo remoto por un diagnóstico de Covid-19. “Estamos ante un reporte e informe temático que contiene una serie de recomendaciones, 36 en su totalidad, y que alcanzan a varias instituciones del Estado”, añadió.
Otárola enfatizó durante su intervención que el informe de la CIDH no atribuye responsabilidades penales a ningún funcionario del Estado por lo que ocurrió durante las manifestaciones.
Boluarte mencionó que su gobierno evaluará las recomendaciones que hizo la CIDH en su reciente informe, que se publica una semana después de un informe de Human Rights Watch (HRW) donde se denuncia abuso de las fuerzas del orden e impunidad ante la ausencia de investigación y de rendición de cuentas por los eventos transcurridos durante las protestas a nivel nacional.
Durante las manifestaciones en Perú, se registró más de 60 muertes ligadas directa e indirectamente con los eventos de violencia de acuerdo a los reportes de Defensoría del Pueblo. La mayoría de muertes corresponden a ciudadanos que se encontraban protestando contra el gobierno, y que -según las investigaciones- habrían muerto a raíz del choque contra las fuerzas de seguridad, con 39 de 49 personas fallecidas por heridas de bala que salieron de rifles de asalto y pistolas en manos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
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