Bloomberg Línea — A partir del jueves 26 de septiembre, los transportistas de las ciudades de Lima y Callao en Perú comenzarán un segundo cese de actividades a manera de denuncia por cuenta del aumento en las extorsiones, amenazas y atentados en su contra.
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El lunes 23 de septiembre comenzó oficialmente el paro de transportistas, que se extendió 48 horas, con una marcha por la Panamericana Norte. Aunque no todas las empresas participaron, quienes sí lo hicieron, detuvieron el tráfico para pedirle a conductores y pasajeros sumarse a su causa. El gremio describió la jornada como un éxito.
Para la jornada del jueves, los medios locales han reportado la participación de al menos 33 de empresas de transporte público. La Asociación Nacional de Integración de Transportistas dijo que en esta ocasión se unirían al paro tanto dueños de flotas como choferes y cobradores.
Se tiene programado un desplazamiento pacífico desde los paraderos donde inician las rutas de servicio público hasta el Congreso de la República.
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Dado que a inicios de la semana los usuarios tuvieron problemas para desplazarse, al menos siete universidades anunciaron la suspensión de clases presenciales, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), también se unieron algunos institutos.
Los transportadores son conscientes de que sus decisiones afectan a los ciudadanos, por lo que les han pedido disculpas y les han recomendado tomar precauciones para no verse perjudicados, pero también han dicho que requieren su respaldo.
El pasado martes 24 de septiembre, el Ministerio del Interior anunció una serie de medidas que incluyen la creación de un grupo especial de la Policía Nacional del Perú para frenar el avance del crimen organizado. Sin embargo, el gremio de transportadores ha denunciado falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades y resultados nulos.
Representantes de las empresas de transportadores declararon que le han pedido al gobierno que cada bus sea acompañado por un militar o un policía y que se endurezcan las penas contra los criminales responsables de extorsiones y asesinatos.
“Antes no salían en los noticieros como ahora, prácticamente se ha generalizado a la mayoría de las empresas del sector urbano”, dijo Edmundo Arzapalo, miembro del Directorio de la Coordinador de Transporte Urbano de Lima y Callao a RPP, en referencia al aumento de denuncias y casos de extorsión.
El general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, dijo que se han contabilizado al menos 15 empresas de transporte que vienen recibiendo amenazas extorsivas: “tomamos conocimiento de algunos hechos (delictivos) que eran evidentes, pero no eran formalizados”, detalló, según Infobae.
Por ahora, la presidenta Dina Boluarte dijo que se había incrementado la presencia policial de los patrullajes en zonas estratégicas de la capital.