Bloomberg Línea — Aunque la ciudadanía lleva meses clamando al Gobierno acciones contundentes para frenar la criminalidad en Perú, lo cierto es que las condiciones de seguridad parecen lejos de mejorar. De hecho, un nuevo estado de emergencia fue decretado este 6 de diciembre.
La medida aplicará para el distrito de La Victoria, en Lima, y los distritos de Callao Cercado, Bellavista, Carmen de La Legua-Reynoso, La Perla, La Punta y Mi Perú en la provincia de Callao, según el decreto supremo n.°139-2024-PCM.
Estos distritos se sumarán a Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador en Lima Metropolitana, donde el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte decreto estado de emergencia el pasado septiembre.
¿Qué es un estado de emergencia?
Es una medida tomada en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, según el artículo 137 de la Constitución Política de Perú.
“En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, dice el artículo en mención.
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Con el estado de emergencia, que en esta ocasión fue tomado debido al recrudecimiento de la inseguridad en siete distritos de Callao y uno de Lima, las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno, si así lo requiere la presidenta de la República, aunque inicialmente solo brindarán apoyo a la Policía Nacional.
¿Hasta cuándo irá el estado de emergencia?
Un estado de emergencia puede durar máximo 60 días, tiempo en que las Fuerzas Armadas ayudarán a la Policía Nacional de Perú a restablecer el orden público. En ese lapso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, entre otras, deberán trabajar articuladamente apoyando a las autoridades.
En ese sentido, se extendería hasta el próximo 6 de febrero de 2025, a no ser que la presidenta Dina Boluarte considere que se amerite a una prórroga; dependerá de los indicadores de seguridad y los resultados contra el crimen organizado.
Aunque el Gobierno vaticinó la declaración de un nuevo estado de emergencia el 2 de diciembre, solo hasta ahora lo hizo oficial, con la publicación del decreto en el diario oficial El Peruano y durante un encuentro con los alcaldes de los distritos donde la medida se prorrogó —los en los que se ejecuta esta medida desde septiembre, a los que se sumarán los otros 7—.
La inseguridad erosiona la confianza de peruanos en las instituciones
El incremento de la criminalidad en Perú ha hecho que los ciudadanos desconfíen de las instituciones, según una encuesta practicada a 1.204 peruanos mayores de 18 años pertenecientes a todos los estratos socioeconómicos y publicada por la firma Datum Internacional el 18 de noviembre.
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Un 80% de los consultados no cree en la Fiscalía y un 77% en los jueces, es decir, los que en últimas tienen la potestad de enviar a los delincuentes tras las rejas.
La pérdida de credibilidad en las instituciones también queda en evidencia con la desconfianza hacia la Policía Nacional (63%) y hacia las Fuerzas Armadas (37%), de acuerdo con la encuesta publicada este 18 de noviembre.