Bloomberg Línea — Perú afrontará un paro nacional del 13 al 15 de noviembre en contra de la ola de extorsiones y violencia que afronta el país, coincidiendo con la celebración de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que contará con la participación de 16 jefes de Estado o de Gobierno.
El paro nacional reunirá a más de 300 gremios para protestar en contra de la ola de extorsión y exigir medidas de seguridad al Gobierno peruano.
A finales de septiembre, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que acoge a micro, pequeños y grandes empresarios de Perú, aseguró que el crimen organizado casi que se está constituyendo como un “gobierno paralelo” y “le está ganando la batalla al estado”. De ahí, la necesidad de tomar medidas, no solo desde el Poder Ejecutivo, sino del Legislativo.
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“El Congreso debe aprobar en el más breve plazo el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y endurecer las penas para quienes los cometan, así como derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado”, planteó la Confiep en un comunicado.
En las movilizaciones se pedirá la derogación de la Ley 32108 (Ley contra el crimen organizado), pues se considera que esta no ataca el problema de raíz y pone más trabas a la lucha contra este flagelo.
Ante la ola de extorsión, el Gobierno peruano declaró estado de emergencia en más de una decena de distritos en Lima. En los últimos meses, los transportadores del país han paralizado Lima en búsqueda de respuestas del Gobierno de Dina Boluarte.
Las marchas de la próxima semana han sido convocadas por la Coordinadora Nacional de Lucha, organización que agrupa al Comité de Gremios de Transportistas y otras asociaciones, para mostrar a los líderes mundiales la situación que está afrontando Perú por cuenta de la extorsión.
A este paro se han sumado otras organizaciones como la Asociación Nacional De Integración De Transportistas (Anitra), la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) o la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
Los voceros de la convocatoria han adelantado que la estrategia de las movilizaciones variará y no se congregarían en el Congreso, sino en Miraflores, donde se desarrollará APEC la próxima semana.
En Perú, los casos de extorsión aumentaron a cerca de 20.000 en 2023, mientras que en 2021 solo se contabilizaron 4.119, de acuerdo con datos de la Fiscalía de la Nación, citados por la prensa local. De acuerdo al Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), hasta finales de octubre se reportaron más de 17.000 denuncias por extorsión en el país.
El flagelo de la extorsión en Latinoamérica se ha convertido en “el día a día” de los comerciantes y la violencia en los actos delictivos cometidos por estas organizaciones, que traspasan las fronteras y se han enquistado en los distintos países como el Tren de Aragua, “se ha profundizado”, alertó en entrevista con Bloomberg Línea en agosto el presidente de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Tiendas, Kioskos, Bodegas y Almacenes (AKTB LatAm), Andrés Choy.
“En Latinoamérica, se ha profundizado la violencia en los actos delictivos, antes eran menos agresivos, en la actualidad se destruyen los comercios y se matan a los comerciantes o si tienes suerte te hieren”, indicó el ejecutivo de esa organización y además presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Y aunque los Gobiernos “tratan de manera aislada de establecer políticas de seguridad”, estas “no están dando resultados” en el balance regional y cada país presenta diversas modalidades de actos delictivos.
En abril, el Banco Mundial (BM) señaló que la violencia en Latinoamérica bloquea la atracción de inversiones y su crecimiento económico.
Según dijo en un reporte el BM, la violencia “se ha vuelto más severa y generalizada” en algunos países de Latinoamérica, lo que está “comprometiendo los avances en la atracción de inversiones logrados por la estabilidad macroeconómica”.
El organismo expresó que Latinoamérica y el Caribe “es la región más violenta del mundo, y la única donde la violencia crece”.
“A pesar de los avances encomiables en gestión macroeconómica de la región, la mayor inseguridad se vuelve un factor adicional que refuerza el descontento ciudadano y reduce el atractivo de la región como destino de las inversiones”, detalla el documento.
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