Bloomberg Línea — Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió a Perú “urgentemente reformas estructurales” para impulsar de forma duradera el crecimiento potencial, al mismo tiempo que proyectó que la expansión del PIB se modere en 2025 en medio de la “incertidumbre política mundial y las tensiones preelectorales”.
El FMI, que visitó Lima del 11 al 26 de marzo, señaló que el año pasado el crecimiento se aceleró un 3,3% ante una sólida recuperación de los sectores primarios, mientras que para 2025 proyecta un crecimiento del PIB real del 2,9 %. “A pesar de los precios históricamente altos de los metales, las tensiones preelectorales lastrarían la recuperación de la inversión privada. Posteriormente, el crecimiento convergería a su potencial estimado de alrededor del 2,5%”, según el organismo.
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Explicó que el año pasado el superávit de la cuenta corriente externa “mejoró aún más, alcanzando el 2,2% del PIB, impulsado por la solidez de los términos de intercambio. Sin embargo, el déficit fiscal aumentó al 3,5% del PIB, muy por encima del objetivo de déficit revisado de la regla fiscal del 2,8% del PIB”.
A pesar de los riesgos, dijo que “la resiliencia macroeconómica de Perú se ve reforzada por sólidos mecanismos de protección, como una baja deuda pública, abundantes reservas internacionales y acceso a los mercados internacionales de capital en condiciones favorables”.
La misión dijo que las iniciativas para destrabar proyectos de infraestructura son positivas, pero requieren otras reformas estructurales para impulsar de forma duradera el crecimiento potencial.
Entre estas se refiere a reforzar la seguridad, simplificar normativas laborales y tributarias para facilitar la formalización y el desarrollo empresarial, y mejorar la independencia del sistema judicial para combatir la corrupción.
Además, se deben fortalecer las medidas de prevención y respuesta ante desastres naturales.
Según la misión, la adhesión a la OCDE ofrece una guía clave para mejorar el entorno empresarial, reducir la informalidad y modernizar la gestión pública.
Medidas fiscales
De un lado, la política fiscal en Perú necesita ajustes para cumplir la meta de déficit en 2025, incluyendo mayor control del gasto y reformas en la estatal Petroperú para reducir costos, concluyó la misión técnica tras una visita al país. La misión del FMI señaló que Perú deberá hacer esfuerzos adicionales para cumplir con la meta de déficit fiscal para 2025 en un año preelectoral, sugiriendo “un mayor énfasis en las medidas de gasto”.
Dijo que si bien el Presupuesto de 2025 refleja el compromiso de las autoridades de reducir el déficit fiscal para cumplir con la meta revisada del 2,2% del PIB, se requerirían medidas adicionales de aproximadamente el 0,4% del PIB.
Para cumplir con los objetivos fiscales a mediano plazo sugiere el recorte de la masa salarial, así como las transferencias discrecionales y la inversión pública ineficiente.
Del lado de las medidas de ingresos, se refiere a la reducción del gasto fiscal y la homogeneización de las tasas de las rentas del capital y del trabajo.
Sector financiero:
La misión señaló que Perú debe mejorar la resiliencia del sector financiero, dado que si bien el sistema bancario presenta rentabilidad, amplia liquidez y reservas de capital, el crecimiento del crédito ha sido lento.
Asimismo, consideró que es clave evitar más retiros de fondos de pensiones para reactivar el mercado de capitales en el país, dado que las ofertas públicas de acciones se han mantenido bajas.
“Es fundamental mantener la prohibición de nuevos retiros de fondos de pensiones privados, aprobada en la reciente reforma previsional, ya que socavan el funcionamiento del mercado de capitales nacional, aumentan los costos de financiamiento y elevan el riesgo de pobreza en la vejez”, concluyó la misión del FMI.
Minería y crecimiento económico:
Para el FMI, se requiere también impulsar las inversiones en el desarrollo y la exportación de minerales críticos para promover el crecimiento, pero dijo que es necesario mejorar la gestión de regalías y reducir burocracia.
Por ejemplo, a pesar del potencial del cobre, del que Perú tiene la segunda mayor reserva mundial, “una cartera de proyectos de inversión minera de US$62.000 millones ha estado prácticamente paralizada durante muchos años debido a la complejidad burocrática y los conflictos sociales”.
Las recomendaciones apuntan a fortalecer normas ambientales, formalizar la pequeña minería y combatir la minería ilegal y mejorar la distribución de ingresos mineros, dado que “si bien los gobiernos locales reciben casi el 2% del PIB en ingresos por recursos naturales y representan más del 40% de la inversión pública, el impacto en el desarrollo económico ha sido limitado”.
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