Bloomberg Línea — Pese a que el Gobierno de Perú declaró estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno de Callao, los gremios de empresarios expresaron su preocupación por la inseguridad que aqueja al país y pidieron al Congreso de la República dar celeridad a un proyecto de ley que propone tipificar a la extorsión, el flagelo que más los aqueja, como delito de terrorismo urbano.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que acoge a micro, pequeños y grandes empresarios de Perú, aseguró que el crimen organizado casi que se está constituyendo como un “gobierno paralelo” y “le está ganando la batalla al estado”. De ahí, la necesidad de tomar medidas, no solo desde el poder ejecutivo, sino del legislativo.
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“El Congreso debe aprobar en el más breve plazo el proyecto de ley que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y endurecer las penas para quienes los cometan, así como derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado”, planteó la Confiep a través de un comunicado compartido con la opinión pública.
Tanto se ha acrecentado la problemática de la extorsión, pero también del sicariato, que los gremios de empresarios aseguraron no estar “trabajando con tranquilidad”, sin distinción de la actividad económica a la que se dediquen.
“Ninguna de nuestras actividades, sin importar el tamaño o sector, está a salvo de las extorsiones. Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo”, precisó la confederación.
A ello se suma el avance de economías ilegales, como la minería ilegal, que ha infiltrado el poder político con dinero manchado de sangre, según las agremiaciones empresariales.
Estado de emergencia ahora será para 14 distritos
El comunicado de la Confiep manifestando su preocupación en torno a la inseguridad fue difundido después de que el Gobierno oficializara la declaración de estado de emergencia, solo que no para 12 distritos, como aseguró el pasado 26 de septiembre, sino para 14.
El decreto supremo, publicado por el diario oficial El Peruano, estableció estado de emergencia durante 60 días calendario en los distritos limeños de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho - Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvado, así como el de Ventanilla en Callao.
La medida, que buscará menguar el poder del crimen organizado, suspenderá los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y seguridad personales. Además, permitirá a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional de Perú en sus labores de patrullaje.
La declaración de estado de emergencia surgió como respuesta a las peticiones de los gremios de transportistas de Lima y Callao, que el pasado jueves cesaron sus actividades y marcharon rumbo al Congreso para solicitar acciones contra las estructuras delincuenciales dedicadas al sicariato y la extorsión.
El presidente de Perucámaras, Óscar Zapata, denunció en conversación con la prensa local que, “desde enero a la fecha, hay 12.700 extorsiones denunciadas, y cuántas otras sin denunciar”.
