Bloomberg Línea — Martín Vizcarra, presidente de Perú de 2018 a 2020, podría ser condenado a 15 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio, en el que habría incurrido cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.
El fiscal anticorrupción Germán Juárez argumentó, en el juicio oral adelantado este 28 de octubre, que Vizcarra presuntamente recibió sobornos por S/2,3 millones (US$611.000) para favorecer la adjudicación de dos contratos: el de la ampliación de la frontera agrícola en la región, a través del proyecto Lomas del Ilo, y la construcción del Hospital de Moquegua.
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Por el presunto favorecimiento a empresarios en Lomas del Ilo, el Ministerio Público de Perú solicitó 6 años de cárcel para Vizcarra, y por la construcción del hospital, 9 años.
Además, pidió una inhabilidad de 9 años para desempeñarse en cargos públicos, lo que podría afectar su candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2026, en las que tenía la intención de participar, y una reparación civil de S/63.000 (US$16.755).
“El Ministerio Público ha considerado que existe un concurso real de hechos punibles y se deben sumar las penas, por lo que solicita por ambos delitos la pena de 15 años de pena privativa de la libertad”, sustentó Juárez.
Vizcarra fue destituido como presidente de Perú en noviembre de 2020 tras una moción de vacancia en el Congreso de la República, por su “permanente incapacidad moral” debido a los supuestos hechos de corrupción durante su periodo como gobernador.
En ese entonces, 105 legisladores votaron para que fuera retirado de su cargo, mientras que 19 expresaron su desacuerdo y cuatro más se abstuvieron de votar .
Vizcarra se defiende del cargo imputado
El expresidente Vizcarra aseguró que, si en los cuatro años que lleva el proceso judicial en su contra siempre ha dado la cara, es porque nunca ha “agarrado un centavo del Estado” y, mucho menos, recibido sobornos para favorecer licitaciones.
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“Estamos aquí como siempre hemos estado, dando la cara. Nunca, en estos 4 años de investigación, hemos salido del país, no hemos corrido; las veces que la Fiscalía nos ha citado hemos ido, y no hay una sola vez que no hayamos ido a una citación de la Fiscalía”, afirmó.
El apoderado de Vizcarra, el abogado Erwin Siccha, exigió la “nulidad absoluta” del proceso aludiendo a la violación de derechos fundamentales, como el principio de legalidad procesal penal y el debido proceso, aun cuando la justicia ha señalado de improcedentes otras peticiones de este tipo.
El juicio oral contra Vizcarra se presentó apenas días después de que otro expresidente peruano, Alejandro Toledo, fuera sentenciado a más de 20 años de prisión por haber recibido coimas superiores a los US$30 millones a la multinacional Odebrecht durante su mandato.
