Lima — El ministro del Ambiente del Perú, Juan Carlos Castro, se muestra optimista luego de que el Poder Ejecutivo emitiera a inicios de noviembre un decreto para modernizar y reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).
Castro dijo a Bloomberg Línea que la norma, lejos de vulnerar la autonomía del Senace, reforzará al organismo especializado adscrito a su cartera al agilizar la certificación ambiental a partir del 2025. Así, se destrabaría la aprobación de proyectos de inversión pendientes por US$13.000 millones, según el ministro.
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Los proyectos pasarían a poder aprobarse en un plazo de ocho meses, y no de hasta dos años y tres meses como viene sucediendo en la actualidad, sumó.
En una entrevista exclusiva, el titular del Ambiente también enfatizó que el Perú cuenta con una estrategia de diversidad biológica al 2050, presentada en la COP 16, que requerirá más de US$100 millones para su ejecución. Esta busca enfrentar desafíos globales y locales, como el avance del cambio climático y el avance de las economías ilegales, entre ellas la vinculada a la minería.
Además, Castro dio a conocer sus planes para modificar la normativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo técnico, también adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), a fin de potenciar la fiscalización ambiental.
Y se pronunció en contra de una extensión de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que inicialmente fue creado en el 2016 para para el proceso de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, pero que hoy es aprovechado, según el funcionario, por mineros ilegales para operar impunemente. Su vigencia vence el 31 de diciembre de este año, y su prórroga está hoy en manos del Congreso de la República.
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¿Cuáles proyectos de inversión podrían destrabarse en el Perú en 2025?
Entre los proyectos que evalúa el Senace se encuentran, por ejemplo, el proyecto de litio Falchani, en Puno, de la empresa Macusani Yellowcake, que está valorizado en US$587 millones, y que aguarda su EIA-sd (Evaluación de Impacto Ambiental semidetallado) desde el 2023.
En manos del organismo técnico también está el MEIA-d (Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado) del proyecto de explotación y beneficio minero mina Pampa del Pongo, en Arequipa e Ica, de la empresa Jinzhao Mining Perú S.A., una inversión de US$1.798 millones.
La misma situación ocurre desde el 2023 con la MEIA de un proyecto de implementación de nuevos componentes minerometalúrgicos y optimización de procesos, en La Libertad, de Minera Aurífera Retamas S.A. Esta iniciativa implica un costo de US$1.762 millones.
En el rubro hidrocarburos también está en cola la evaluación de la MEIA-d del proyecto de desarrollo del campo petrolero Bretaña Norte - Lote 95 en Loreto, de Petrotal Perú S.R.L., cuya inversión asciende a US$260 millones. El expediente ingresó en agosto de este año.
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La siguiente entrevista fue editada por motivos de extensión y claridad.
Hay críticas respecto a la reorganización del Senace. Ministros y exviceministros señalaron que está atentando contra la independencia de la institución, que siempre fue autónoma y ajena a las decisiones políticas en las certificaciones ambientales
Hay una narrativa afuera de que el Senace es autónomo, que nadie puede intervenirlo. Y eso es relativamente falso. El Senace es un adscrito en el Ministerio del Ambiente (Minam). Si el Senace comete un error, ese error repercute en el Minam. Entonces, lo que se quiere realmente es posicionar al Senace como el líder en la certificación ambiental.
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¿Cuál es la razón para reorganizar la entidad?
El Senace ha ido perdiendo el control sobre la evaluación, es decir, la evaluación ambiental de los proyectos, los grandes proyectos. A través de los años, se les ha dejado solo a nuestros evaluadores, que además son profesionales muy calificados, pero se les dejó solos y eso ha implicado que se comience a tener una discrecionalidad muy amplia en la evaluación de los proyectos. Y esta discrecionalidad nos ha llevado a que estemos con plazos vencidos. Por ejemplo, tenemos modificatorias de estudios de impacto ambiental que ya llevan dos años y tres meses y aún no podemos resolverlos. Eso también nos preocupa porque nos pone en una situación difícil porque no se mira al Senace, sino se mira al Minam y se dice que es el que obstaculiza el desarrollo de las inversiones.
Las críticas señalan que ustedes como Gobierno han tomado la decisión de manera unilateral
Eso es falso. Previamente se había conversado con la jefa del Senace, Silvia Cuba, en las reuniones que tenemos cada mes con las siete entidades adscritas al Ministerio del Ambiente. Y en una de las reuniones se acordó que la señora Cuba haga una propuesta para la modernización del organismo. Y así, alcanzó su propuesta junto a un proyecto de decreto supremo. Luego lo que hicimos fue presentar la propuesta al Consejo Directivo del Senace y fue ahí donde se aprobó la necesidad de la modernización. Esta modernización va a dotar de una nueva estructura al Senace a fin de lograr que sea la institución líder en la certificación ambiental de nuestro país.
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¿En este proceso de reestructuración también se va a capacitar a los evaluadores?
Sí, se les va a dar todo el fortalecimiento de las capacidades de nuestros evaluadores, dotarlos de las herramientas técnicas y tecnológicas que ellos nos han pedido para que puedan hacer bien su labor. Es decir, para que miren minuciosamente un estudio de impacto ambiental y den su opinión desaprobándolo o aprobándolo con esa calidad que se necesita.
¿Qué es lo que sigue ahora que ya ha sido emitido el decreto supremo?
La norma nos da 90 días hábiles para tener toda la estructura y todas las nuevas formas de cómo debe funcionar el Senace. Una vez instalada la comisión temporal para la modernización, lo que esperamos es que en 45 o 60 días calendario puedan tener una primera versión ya un poco más estructurada y luego someterla al Consejo Directivo del Senace para evaluarla y debatirla. Esperamos que todo esto suceda dentro de los 60 días calendarios porque sí es urgente que el Senace tenga una nueva visión, una nueva forma de poder hacer su trabajo.
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¿En cuánto tiempo esperan dar las certificaciones ambientales una vez que se modernice el Senace?
Todos los proyectos tienen que cumplir los plazos y la ley dice ocho meses, pero nosotros no hemos estado cumpliendo los plazos. Ya hace 23 años se aprobó, en 2001, la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa ley de temas de impacto ambiental estableció plazos para la aprobación o desaprobación de los estudios de impacto ambiental. Y un estudio ambiental detallado, por ejemplo, de una gran industria, de una minera como Quellaveco y Antamina, son grandes proyectos que hacen estudios detallados de la operación. La ley de evaluación de impacto ambiental establece que para ese tipo de proyectos de gran envergadura el plazo máximo para aprobar o desaprobarlos es de ocho meses.
¿Cuántos expedientes tiene que aún revisar el Senace?
Si uno hace una evaluación del año 2016 a agosto de este año, vamos a encontrar que han ingresado alrededor de 3.000 expedientes y se han aprobado 1.751. De estos 1.751 expedientes, solo el 14,4% se han aprobado dentro de los plazos, lo cual demuestra que hay un problema.
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¿Y estos proyectos cuánto dinero implican en inversión?
En total, tenemos que destrabar proyectos más o menos por US$18.000 millones. Ya se han destrabado US$5.900 millones de proyectos al 4 de octubre, pero todavía nos queda una brecha grande. Y esa brecha es que teníamos que haber cerrado antes de la APEC, así que es casi imposible.
¿Entonces lo restante lo destrabarían para el próximo año?
Sí. El Senace avanzará con la evaluación hasta diciembre e intentará cerrar lo que queda, que son alrededor de US$13.000 millones que están pendientes. Eso implica también apoyar al Senace, pues hemos conseguido los fondos para que puedan contratar más evaluadores por nóminas de especialistas. Si nosotros realmente, como dicen los que están en contra de este proceso, no quisiéramos a Senace o quisiéramos intervenirlo, ni siquiera le hubiéramos conseguido fondos para que puedan avanzar. Mi preocupación es que el Senace sea visto distinto y atraer más inversiones. Los empresarios nos dicen: “Lo único que queremos es que en los ocho meses me apruebes o me desapruebes mi proyecto, pero comunícame en ocho meses la decisión”.
¿Estos proyectos de inversión de qué rubros son?
Son proyectos mineros, hidrocarburos, agroindustriales, viales, centrales hidroeléctricas y otros que están ahí pendientes. Son modificaciones de estudios ambientales, planes de participación ciudadana, que están ahí esperando la luz verde para poder seguir con los otros pasos. Y la idea fue dar una buena señal en el APEC, que Perú es atractivo a las inversiones, que estamos tratando de poder poner en orden toda nuestra normativa. Vamos a hacer muchas cosas para cumplir con la ley en el plazo, pero estudios mal diseñados y elaborados, los vamos a desaprobar. Así que está en manos de los empresarios mirar bien sus consultoras, sus estudios, y mirar antes de que ingrese, porque si están mal hechos, van a ser rechazados.
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COP 16
¿Cuál es su balance de la participación del Perú en la COP 16?
De los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, solo cuatro países han presentado un pabellón. Colombia, porque es el anfitrión, Brasil, Chile y el Perú. Y lo relevante de esto es que el Perú le ha prestado bastante atención a esta COP, como nunca. Recordemos que, en las COP anteriores de biodiversidad, el Perú solo mandaba a un representante que iba a las sesiones de negociaciones y participaba en algunos eventos programados. Esta vez la decisión del Gobierno fue tener un pabellón y que el Perú tenga mayor presencia.
En el evento presentaron la estrategia de diversidad biológica al 2050. ¿Cuáles son los puntos más importantes?
Tenemos cuatro objetivos importantes en la estrategia. Una es la gobernanza de la diversidad biológica, y para eso necesitamos la participación de todos, especialmente de las comunidades indígenas en la Amazonía, donde está concentrada la mayor biodiversidad del Perú. El segundo objetivo es la restauración de los ecosistemas boscosos y ecosistemas acuáticos. Hemos perdido casi 12 millones de hectáreas de bosque. Por ejemplo, 4,5 millones de hectáreas están degradadas y hay que comenzar a recuperarlas. Otro objetivo es evitar la contaminación ambiental que afecta a la biodiversidad biológica en los cuerpos hídricos, que afectan a los peces, a las flores acuáticas, y mitigar los impactos de actividades ilícitas como la minería ilegal, que afectan a la biodiversidad. Y otro aspecto importante que también está como objetivo es el financiamiento. O sea, la estrategia de financiamiento es comenzar a apalancar fondos para ir implementando estos grandes objetivos que tenemos como parte de la estrategia.
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¿Cuánto dinero se requiere para implementar esta estrategia?
Para la estrategia, nos falta bastante, porque está por encima de los US$100 millones. No obstante, tras el evento hemos podido reunir alrededor de US$10 a US$11 millones de inversionistas. Esperamos que, en el 2026, que se llevará a cabo la COP 17, el Perú pueda llegar a un buen porcentaje de avance, esperamos entre el 25% y el 30% de implementación de la estrategia.
¿El Perú logró firmar algún acuerdo?
Hemos firmado un acuerdo, un convenio de colaboración para beneficios de las tres federaciones indígenas que tiene el Perú en la Amazonía, que agrupan a más de 3.000 comunidades nativas. El Perú está entrando al mercado de carbono, y afuera hay mucho interés por invertir en mercados de carbono en el Perú. Los beneficios de estos proyectos irán de manera directa a las comunidades, sin pasar por un intermediario. El dinero ingresará previa aprobación de cada uno de los proyectos que presenten las comunidades sobre conservación de bosques, reforestación, etc. Hay alrededor US$100 millones que están prestos a venir, que son de múltiples empresas privadas, de gobiernos también, como de Suiza, de Singapur, de Inglaterra, que quieren invertir en mercado de carbono con comunidades.
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Minería ilegal
La minería ilegal también afecta a su sector. El Congreso pretende ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). ¿Cuál es la posición del Gobierno?
Como Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, se está elaborando una norma. Espero que en este Consejo de Ministros o en el próximo, aprobemos este proyecto de ley de la nueva norma de cómo se debe proceder con la formalización minera. Porque una cosa es la minería legal, y otra cosa es la formalización de la pequeña minería y minería artesanal. En este proceso hay mineros ilegales que se han querido camuflar como mineros informales. Entonces eso también hay que estar a depurar de la lista, hay que depurar lo que es minería ilegal, y esa minería hay que erradicarla.
¿Cómo evalúa la efectividad de la actual norma de formalización?
La actual ley de formalización minera ha sido un fracaso, realmente porque ya nació así mal, con muchos requisitos. Creo que son más de 40 y tantos requisitos. En el camino, cada informal que ha ido avanzando, se ha ido cansando en el camino, y al final prefieren ser informales porque no pagan impuestos, no les responden a nadie, etc. Entonces, de todos los que se han podido inscribir, y de toda la lista que tenemos, conocimiento de los mineros informales en el Perú, creo que solamente el 2% está dentro del Reinfo. Entonces la idea es que la nueva propuesta de norma que tiene el Ministerio de Energía y Minas pueda ayudar realmente a la formalización real de estos mineros informales.
Pero el Congreso desea extender el plazo del Reinfo que vence a fines de año…
Esta ampliación que quiere hacer el Congreso, bajo las actuales condiciones y bajo los requisitos actuales, no va a tener éxito. Es decir, nuevamente, después de que se cumpla ese plazo, no sé si uno o dos años, van a estar discutiendo nuevamente una nueva ampliación porque los requisitos actuales son muy amplios. Entonces aquí se tiene que cumplir todo para poder formalizarse. Y eso va a ser imposible actualmente. Es decir, si se amplía, no se va a lograr esa formalización. Estimo que del 2%, podemos llegar, y en el mejor de los casos, al 3%. Lo mejor que debería hacer el Congreso es esperar unas semanas para discutir la propuesta de ley que va a alcanzar el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y ahí podemos entrar en estos análisis mucho más específicos.
¿Por qué el Ejecutivo recién presentará la norma que busca reemplazar al Reinfo si el debate en el Congreso está desde hace semanas atrás? ¿No llegan tarde?
Sí, bueno, el tiempo es porque la norma ha tenido que pasar por consulta pública, ha sido prepublicada, y muchos sectores y también miembros de la sociedad civil, empresas y todos han opinado sobre la norma. Han hecho comentarios, observaciones, que el Ministerio de Energía y Minas ha tenido que compilar algunas, aceptarlas y otras no, y hacer un sustento porque no aceptó el comentario o la observación, y eso toma un poco de tiempo.
Si el Congreso logra aprobar el dictamen, ¿ustedes lo observarán como Gobierno?
Siempre he dicho y lo voy a decir, toda ampliación tiene que ir con mejoras, no puede ir bajo las condiciones actuales, esa ampliación sería un saludo a la bandera más.
Agenda 2025
¿Cuál será la prioridad para su sector el próximo año?
Vamos a fortalecer todos los que son los procesos de economía circular. Vamos a impulsar todo lo que es financiamiento para el bionegocio y con negocios, ya no solo en la Amazonía, sino en la parte andina y en la costa. Asimismo, se va a conformar, ya estamos en los trámites, estas brigadas contra incendios forestales, para que no tengamos nuevamente los apuros que hemos estado este año con las emergencias incendios forestales. De la misma manera, esperamos tener un Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) con mayor número de estaciones agrometeológicas, por lo menos por encima del 40%. Nuestra brecha es un poco alta, necesitamos alrededor de 200 a 300 estaciones agrometeológicas, por lo menos esperamos tener un 40% de esas estaciones ya en funcionamiento en el norte, sobre todo Piura, Lambayeque y La Libertad, donde necesitamos poner más estaciones agrometeológicas.
¿Al igual que el Senace, se viene otra modernización en otra entidad adscrita?
Se viene una modificación en la estructura del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que también tiene que ser mucho más efectiva en la fiscalización. Hemos tenido este año problemas en los ríos de Coralaque, en Moquegua, problemas en la cuenca Yallimayo, con la contaminación de empresas que han dejado abandonadas sus unidades mineras, entonces necesitamos que el OEFA sea más efectiva. Hemos hablado con el presidente de OEFA, Juan Edgardo Narciso, si hay que cambiar alguna normativa. Le he dicho “dinos, ¿qué necesitamos cambiar?”, porque lo que necesito es presencia del OEFA, que sea mucho más activo en el tema de las sanciones, pero no solo quedar en las sanciones, sino ir más allá de la acción propia, porque no queremos más Coralaque, no queremos más Yallimayos, queremos que las empresas sean responsables. Si hay que cerrar operaciones temporalmente hay que hacerlo, porque hay que ejercer autoridad y recobrar la confianza de la población. Esas son un poco las miradas para el próximo año y esperamos avanzar en eso.
