Bloomberg Línea — La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que las esterilizaciones forzadas documentadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori en Perú, de las que fueron víctimas alrededor de 300.000 mujeres y 22.000 hombres, pueden constituir un crimen de lesa humanidad.
“La política de esterilización forzada, implementada en Perú durante los años 1990 constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas”, concluyó el Comité de Derechos Humanos de las Mujeres de la ONU este 30 de octubre.
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Las esterilizaciones a las que hizo referencia la ONU fueron ordenadas por Fujimori, quizá el presidente más controvertido que ha tenido Perú, como parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política diseñada para controlar la natalidad en el país.
La conclusión fue publicada tras el análisis de 23 expertos a una denuncia realizada en 2020 por cinco víctimas de las esterilizaciones entre 1996 y 1997.
Las mujeres relataron la manera en que las esterilizaron aun cuando no firmaron consentimiento alguno y tampoco conocían los pormenores del procedimiento.
Una de las denunciantes contó que fue detenida por practicantes médicos en el departamento de Huánuco y trasladada, junto con otras mujeres, a un lugar aproximadamente a dos horas caminando desde su pueblo para ser esterilizada. Fue sedada sin autorización, dado que no sabía firmar, y cuando despertó solo recibió un mensaje: “Ya no tendrás hijos, te hemos curado”.
Pero lo que padeció la denunciante solo es un espejo de un patrón sistemático del que fueron víctimas otras mujeres, explicó una de las expertas de la ONU que estudió el caso, Leticia Bonifaz.
“Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado (...). Los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas; incluso algunas de ellas, especialmente las de áreas remotas, no sabían leer o hablar español”, expuso.
La impunidad en este caso, una preocupación de la ONU
La preocupación de la ONU frente a las esterilizaciones forzadas radica en que si bien pueden constituir un delito de lesa humanidad, en agosto pasado Perú promulgó una ley para no indagar en los crímenes de esta índole cometidos en 2022.
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“El Comité también concluyó que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas de las esterilizaciones forzadas”, agregó la ONU.
Alberto Fujimori, que se desempeñó como presidente de Perú en tres periodos distintos, fue investigado por judicialmente en 2021 por las esterilizaciones forzadas tras 18 años de lucha de las víctimas, aunque en agosto de 2024 la Cuarta Sala Penal Superior declaró nulo el proceso.
Pero el exmandatario sí fue condenado antes de su muerte, el pasado 11 de septiembre, por otros crímenes de lesa humanidad relacionados con dos masacres, la de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
