Bloomberg Línea — El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró estado de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao tras la ola de extorsiones que han padecido los transportistas las últimas semanas y los llevó al cesar sus actividades este 26 de septiembre.
El estado de emergencia se ejecutará en los distritos de Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho Chosica, en Lima, y Ventanilla, en Callao.
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El ministro de Defensa peruano, Walter Astudillo, aseguró que con el estado de emergencia “corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el orden interno, con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas”.
Astudillo también aseguró que, como parte de las medidas para contrarrestar el crimen contra los transportistas en la capital peruana, se remitirá al Congreso de la República un proyecto de ley para tipificar el delito de terrorismo urbano para las conductas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal.
Además, se dispuso “la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario Challapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estas conductas”, según el jefe de la cartera de Defensa.
Los anuncios fueron dados en el contexto del paro de transportistas adelantado desde las primeras horas de este jueves y de la manifestación que adelantan los conductores rumbo al Congreso de Perú para exigir su seguridad.
La jornada de protestas fue convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas de Perú (Anitra), de la que hacen parte 33 compañías, y luego se unió el Directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao, compuesto por 63 empresas.
¿Qué significa un estado de emergencia y por qué se decretó?
El estado de emergencia es una medida que pueden tomar el Gobierno en casos de perturbación del orden interno, en este caso específico, la extorsión y el sicariato del que están siendo víctimas los transportistas en Lima y Callao.
Esta orden implica la suspensión de los derechos a la libertad y la seguridad, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Además, permite a la Policía el apoyo de las Fuerzas Armadas en el patrullaje en las calles.
Todo estado de emergencia tiene un periodo máximo de 60 días, aunque podrá ser prorrogable a través de un nuevo decreto, dependiendo qué tanto mejore la situación de orden público que lo desembocó.
Muestra de la inseguridad que están viviendo los transportistas de Perú fue el asesinato de uno de ellos, Jorge Alexander Ríos, el pasado 22 de septiembre, por negarse a pagar una cuota diaria de S$7 para trabajar.
“El sábado y domingo no llegamos a pagar porque el carro se había dañado (...). Simplemente, ellos mataron a mi esposo por eso. Siete soles le quitaron la vida”, narró la esposa de la víctima en diálogo con América Noticias.
La extorsión, sin embargo, es un flagelo que también están padeciendo los comerciantes, como explicó recientemente el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, en conversación con Bloomberg Línea.
“La extorsión en los comercios se ha convertido en el día a día con el que tienen que lidiar los comerciantes (...). Se ha profundizado la violencia en los actos delictivos, antes eran menos agresivos, en la actualidad se destruyen los comercios y se matan a los comerciantes o si tienes suerte te hieren”, dijo a este medio.
