Bloomberg Línea — La organización Human Rights Watch (HRW) publicó un documento en el que asegura que, de cara al cierre del actual período legislativo, el Congreso de Perú estaría apresurando nuevas medidas que “socavarían la independencia judicial, restringirían el espacio cívico y debilitarían las investigaciones sobre el crimen organizado y violaciones de derechos humanos”.
Bajo su consideración, durante la primera semana de junio, el Congreso avanzó con una reforma constitucional que eliminaría “instituciones judiciales clave y debilitaría la independencia de las autoridades electorales”. Además, el legislativo peruano también avanzó en proyectos de ley que otorgarían al gobierno poderes “excesivamente” amplios para controlar a las organizaciones no gubernamentales y que socavarían las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos.
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La legislación del Perú establece que las reformas constitucionales deben aprobarse en dos periodos legislativos distintos, razón por la que HRW generó dicha alerta, pues la actual legislatura termina el 15 de junio y la nueva comienza el próximo 27 de julio.
“Con esta ráfaga de legislación destructiva, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar a las autoridades judiciales y electorales y debilitar los sistemas de rendición de cuentas y la supervisión y crítica de sus acciones”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
El 5 de junio, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó una reforma constitucional para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo encargado de nombrar y destituir a jueces, fiscales y autoridades electorales, función que en su lugar cumpliría el Congreso. Si se aprueba en el cambio a una nueva legislatura, HRW defiende que la independencia de las autoridades judiciales y la legitimidad de futuras elecciones estarían gravemente amenazadas.
“Es probable que estas medidas tengan graves consecuencias para todos los peruanos, permitiendo que el crimen organizado se expanda y dificultando que las personas reciban protección cuando se violan sus derechos”, añadió Goebertus.
Otras reformas peruanas que HRW puso en el radar
La organización dedicada a proteger los derechos humanos también reseñó otros proyectos de ley que están en camino y que socavarían la independencia de instituciones y organismos:
- El 5 de junio pasado, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un proyecto de ley que daría poderes al gobierno para controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el extranjero. “El proyecto de ley utiliza un lenguaje demasiado amplio y vago que, en la práctica, otorgaría al gobierno la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a grupos que critiquen o se opongan al accionar gubernamental”, destaca el comunicado de HRW.
- El 6 de junio, el Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley cuyo objetivo declarado es “precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra” en el Perú. El proyecto, que necesita una segunda votación del Congreso para convertirse en ley, afirma, en contradicción con el derecho internacional, “que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de noviembre de 2003 están sujetos a la prescripción”. Para HRW, esto podría ser utilizado por jueces y fiscales para socavar las investigaciones en curso sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el Perú (1980-2000) y podría abrir la puerta a la revisión de condenas contra miembros del grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso y contra miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno responsables de crímenes de guerra. “Esta medida, que debilitaría la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, incluidos los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, se enmarca en un patrón de acciones del Congreso que fomentan la impunidad y desmantelan el Estado de derecho”, señaló Human Rights Watch.
Para la organización, resulta preocupante que en los últimos años en el Congreso del Perú, la mitad de los congresistas, según informaciones oficiales, estarían bajo investigación penal, y aún así hayan adelantado una agenda política con una serie de decisiones que socavan la independencia judicial, debilitan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y desmantelan los procesos democráticos y las salvaguardas de derechos humanos.
El vínculo de la presidenta Boluarte con el Congreso
“La presidenta Dina Boluarte se ha aliado en repetidas ocasiones con el Congreso, que recientemente ha rechazado varias mociones para removerla”, es la precisión de HRW sobre este vínculo político.
Allí se dijo que el Congreso del Perú ha realizado diferentes acciones que carecen de transparencia y criterio, como el nombramiento de seis de los siete magistrados del Tribunal Constitucional; un defensor del pueblo sin experiencia en derechos humanos; inhabilitar sin fundamento a una fiscal suprema; y remover con argumentos cuestionables a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia.
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Por esta razón, HRW pidió que el caso político del Congreso y la presidenta Boluarte sea cuestión de debate en la próxima asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se dará del 26 al 28 de junio en Asunción, Paraguay.
“Durante la asamblea general, los miembros de la OEA deberían plantear su preocupación por el desmantelamiento del Estado de derecho y de los sistemas democráticos en el Perú”, señaló Human Rights Watch.
A su paso, Goebertus, la directora para las Américas de HRW, dijo que “los gobiernos de las Américas deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en el Perú. Está en su interés, y ciertamente en el de todos los peruanos, detener la infiltración y expansión del crimen organizado y la corrupción en las instituciones peruanas”.
